El artículo 38 de la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP) que se refiere a la irretroactividad de la nominalización, que señala la institución no les cobrará a los funcionarios el dinero que recibieron de más, podría constituir un delito.
En el documento indican que los errores del sistema Integra II no son ni atribuibles ni imputables por el reintegro, pese a que el monto asciende a aproximadamente ¢28.000 millones.
DIARIO EXTRA consultó al abogado constitucionalista Ewald Acuña sobre la posibilidad de que este artículo y otros beneficios incluidos en la convención se constituyan en un delito.
“La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona al funcionario público que otorgue beneficios laborales ilegales. Es decir, no sanciona al trabajador, sino al funcionario que con perjuicio para el erario público, para el patrimonio del Estado, perjudique otorgando beneficios que resulten ilegales”, explicó.
Añadió: “Creo que el artículo 38 de la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública podría estar incurriendo en una nulidad porque está desconociendo los límites de la ley y la ley establece que debe pasarse de beneficios porcentuales a nominales y que los pagos en exceso que se hayan realizado no pueden ser simplemente ignorados por el funcionario público que firma la convención colectiva”.
El experto recalcó que deben efectuarse las devoluciones correspondientes; es decir, no pueden ser perdonadas.
Prohibición de firmar beneficios
Sobre la firma de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del propio presidente de la República, puede agravar la situación, pues existe una prohibición legal de firmar beneficios laborales contra la ley.
“Si otorgan los beneficios inobservando la ley, causando un perjuicio patrimonial, hay responsabilidad penal”, manifestó.
Sobre otros beneficios como la licencia de tres días en caso de fallecimiento de los abuelos o la creación de nuevas plazas e incentivos, y la excusa del MEP de que es una convención igual a la negociada en 2013, que no se trata de un nuevo instrumento, dijo que las convenciones colectivas tienen como límite la ley.
“Si durante el desarrollo de la convención colectiva la Asamblea Legislativa dicta una nueva ley, esa ley debe ser observada y respetada por la convención colectiva, no puede desconocerse”, recalcó.
Esto significa que a la Convención Colectiva del MEP le aplican las cláusulas que se incluyeron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en 2018, por lo que las decisiones incluidas debe aprobarlas la Asamblea Legislativa.
Ministerio Público
debe investigar
Acuña considera que la Fiscalía de oficio debe investigar lo ocurrido con la Convención Colectiva del MEP.
En esa misma línea se expresó el economista Eli Feinzaig en sus redes sociales, donde criticó la negociación “a la baja” de la convención.
“Esto no solo es inmoral -los funcionarios no tendrán que devolver lo que cobraron de más-, sino que podría constituir como mínimo un delito de prevaricato de los funcionarios que firmaron el convenio, autorizando disponer de recursos públicos bajo su administración”, escribió en un tuit.
El experto también reclama que en el artículo 16 se creó una comisión para implementar beneficios no salariales para el personal administrativo del MEP, tales como dentista, becas, viajes, días libres pagos y transporte al trabajo, entre otros.
Sobre las 4.000 plazas creadas para cocineras aseguró que “si algún día sus servicios dejan de ser necesarios (por disminución de la población estudiantil), no habrá forma de sacarlas de planilla. El gasto se volverá permanente, independientemente de su necesidad”.
Añadió: “El rancho arde, pero el gobierno sigue de fiesta. Vamos directo al barranco y el PAC sigue promoviendo la irresponsabilidad. El gobierno desata una campaña del miedo”.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Jueves 22 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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