La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por el litigante Joseph Rivera Chávez contra la jefa de prensa del Ministerio Público, Hazel Tatiana Vargas Vindas, por no certificar una información solicitada por el abogado, como representante de la familia doliente de un femicidio..
Según se señala en el por tanto de la sentencia judicial, “se declara con lugar el recurso. Se ordena a Tatiana Vargas Vindas, jefa de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que, dentro del plazo de 3 días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, brinde a la parte recurrente una respuesta, en cuanto a la solicitud que planteó desde el 18 de julio de 2020, mediante un oficio debidamente suscrito por el funcionario encargado de brindar la respuesta y además se certifique lo peticionado por el amparado”.
Recordemos que en la audiencia con los diputados el director del OIJ, Walter Espinoza, señaló que Romero Hidalgo alias “Cachetón” era un sicario y pertenecía a una banda de narcos.
Situación que llevó a Rivera a solicitarle certificación a Vargas Vindas si existían investigaciones abiertas contra Cachetón por dichos antecedentes.
Vargas le hizo llegar un comunicado por medio de correo electrónico a Rivera sobre las investigaciones contra Romero, sin embargo en ninguna se señalaba lo expuesto por el director del OIJ.
Lo peor del caso era que la jefa de prensa del Ministerio Público nunca le certificó la información que derivaba del correo electrónico al abogado Rivera, por lo cual este decidió recurrir a la Sala IV, quien le da la razón.
“Contentos porque la Sala Constitucional nos da la razón y obliga a la jefa de prensa del Ministerio Público a certificar la información solicitada. Además, me parece increíble que esta funcionaria pública perteneciente a una institución como el Ministerio Público ni siquiera conozca los alcances de la ley y que por su negligencia el Poder Judicial ahora tenga que pagar millones por una demanda sobre este caso”, expresó Rivera.
El abogado explicó que en los próximos días ejecutará la sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda contra la funcionaria, por ende contra el Ministerio Público, para que se paguen los daños y perjuicios ocasionados en este proceso a favor de Luany Valeria Salazar.
La idea es no dejar impune la muerte de la joven a pesar de los obstáculos nacidos desde el propio seno del Ministerio Público.
Cabe señalar que según lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, expediente N° 20-014745-0007-CO, “se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”.
Además, se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
Intentamos conocer la versión por parte de Vargas, pero al cierre de edición no respondieron en el Ministerio.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Miércoles 16 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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