El silencio de la Comisión Especial que investiga el accionar de Catalina Crespo como defensora de los Habitantes tocó las puertas de la Sala Constitucional.
Hasta dicha institución llegó el abogado Álvaro Sagot López, asesor parlamentario del diputado Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) para presentar un recurso de amparo en favor de la jerarca de la institución de Barrio México por posibles vicios legales en el procedimiento para su virtual destitución.
El congresista republicano es uno de los integrantes de la comisión investigadora de la jerarca de los Habitantes.
El caso contra el foro legislativo sobre el procedimiento administrativo se tramita bajo el expediente 20-015260-0007-CO.
La comisión legislativa acordó sesionar de forma privada, escudándose en el artículo 75 del Reglamento, para no revelar información sobre el proceso en relación con la actuación de la jerarca.
Desde la Asamblea Legislativa argumentaron que la publicidad de la comisión violentaría los derechos de las personas investigadas.
Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que el proceso de investigación es diferente al que se sigue contra cualquier funcionario.
Dicho informe advirtió que la comisión debe respetar las garantías del debido proceso una vez que arranque un proceso sancionatorio-disciplinario, por lo que las audiencias deben ser privadas.
VIOLACIÓN AL PROCESO
En el recurso de amparo se alega que existe una violación al debido proceso legal que se sigue contra Crespo.
Añadió el recurrente que la evacuación de la prueba testimonial se estaría efectuando sin permitirle a la defensora estar con sus abogados e interrogar a los testigos.
Consideró que tampoco se brindó el tiempo suficiente para la preparación de la defensa técnica efectiva.
Asimismo, se argumenta que el jueves se concluyó el proceso de digitalización del expediente y que ya para el lunes se programó la recepción de los testigos.
Sagot expuso que los plazos para las etapas del procedimiento están reduciéndose, lo cual violenta los derechos de defensa de Crespo.
En el recurso citó antecedentes en la omisión que vulneran el principio de justicia pronta y cumplida y que, al igual que lo ocurrido con la destitución de Alex Solís como contralor de la República, el procedimiento administrativo tendría vicios de nulidad absoluta.
“Aquí no es un asunto de defender el asunto de la señora defensora, sino el debido proceso, a lo cual tenemos derechos todos los costarricenses, pero aquí básicamente se está dando un procedimiento administrativo que no se ha seguido.
No se le ha realizado la intimación ni la imputación de los cargos a la señora defensora de los Habitantes de manera pormenorizada, lo que hace que el proceso no quede sustentado con una simple notificación que se les dio a las partes”, expresó Sagot en declaraciones a DIARIO EXTRA.
El abogado resumió que la notificación, el derecho a la defensa, el hecho de que alguno se le imputen los cargos y realizar una intimación de las situaciones que se denuncian es un derecho de todos.
Abogó porque el proceso se realice de forma transparente y que se evite que, en caso de que se caiga, eventualmente la Defensora podría acudir a la vía constitucional a reclamar sus derechos y ser restituida en caso que se diera una destitución.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Miércoles 26 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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