Un exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellidos Ruiz Castro, quien fue detenido por extorsionar al empresario gringo Scott Brannon, al que en apariencia le quitó $30 mil (¢17 millones), no enfrentará un juicio.
El exfuncionario judicial montó una trama y le dijo al inversionista que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía de Florida en Estados Unidos lo andaban buscando, versión que el hombre se creyó en su momento.
El Ministerio Público no llevó a juicio al ex OIJ por el delito de concusión, que según el Código Penal tendría una condena de hasta 8 años cárcel, y a cambio el policía judicial se comprometió a no ocupar cargos públicos durante 5 años.
También se sometió a una medida alterna de suspensión del proceso a prueba y como plan reparador pagará un monto económico. Todo esto constatado de forma oficial.
Curiosamente la pareja de Ruiz Castro es fiscal en la Unidad de Género, quien desde que inició dicho proceso se encuentra incapacitada.
BUSCÓ CÓMPLICE
El funcionario habría buscado la ayuda de un aparente amigo, que también fue detenido mediante una serie de allanamientos realizados por agentes del OIJ. En su momento el director de ese cuerpo policial, Walter Espinoza, mencionó en conferencia de prensa que ubicaron evidencia importante que habrían utilizado para extorsionar al empresario.
Trascendió que el policía le había mencionado a Brannon que lo iban a capturar y posteriormente lo extraditarían a suelo gringo.
El exagente era funcionario desde 2009 y trabajaba en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, pero lo cedieron a la escuela judicial para ayudar en temas académicos.
Fue detenido en Birrí de Santa Bárbara, Heredia, mientras que su aparente colaborador en la vía pública de Manuel Antonio, Quepos.
CONTRADICCIONES MISTERIOSAS
DIARIO EXTRA consultó en primera instancia a la oficina de prensa del Ministerio Público, donde la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) manifestó lo siguiente:
“Tras verificar en el sistema informático, no se ubicó ningún caso con el número de expediente que nos remite (19-028354-0052-PE). Le recomiendo corroborar que la causa sea la correcta, o bien, que corresponda a esta Fiscalía”.
Sin embargo. El Periódico del Pueblo estaba seguro de que existe esa causa, por lo cual volvimos consultar y nos dijeron nuevamente que no había nada, lo que nos pareció extraño.
“Si se refiere a la consulta respecto a la causa 19-028354-0052-PE, ayer (jueves 9 de julio) mi compañera le envió un correo indicándole que la Fapta informó que, tras verificar en su sistema informático, no ubicó ningún caso con el número de expediente que nos remite”, expresaron.
Por tercera ocasión insistimos en que existe dicho expediente y resulta que ahora sí encontraron lo solicitado.
“En el caso de su interés se tramitó dentro del expediente 19-028354-0042-PE (mismo que habíamos mencionado) contra dos hombres, de apellidos Ruiz Castro y Rojas Salazar, por el delito de concusión.
El pasado 15 de junio, durante la audiencia preliminar de dicha causa, los imputados aceptaron los hechos acusados y se sometieron a una medida alterna de suspensión del proceso a prueba y, como plan reparador, se comprometieron a pagar un monto económico”, aseguraron.
La Fapta agregó que, en el caso de Ruiz, se determinó su inhabilitación para el cargo, con lo cual se consiguió que dejara de ejercer como funcionario público en el OIJ.
JUSTICIA PARA UNOS
Mientras el exinvestigador judicial evita enfrentar un juicio, gracias a que la Fiscalía no lo llevó y a pesar de que es un delito grave, lo cierto es que cuando detienen a un indigente drogadicto porque se robó algo de una vivienda, lo condenan hasta por 5 años y no se le aplica beneficio.
Otro ejemplo: cuando a un oficial de la Policía de Tránsito lo capturan por cobrar una mordida de ¢40 mil a un conductor, le abren un proceso administrativo y posteriormente lo despiden del trabajo.
Lo que muchos se preguntan es cómo el funcionario del OIJ le llegó al empresario extranjero, con quien al parecer tuvo contacto en varias ocasiones para solicitarle $1 millón, sabiendo que tiene guardaespaldas que trabajaron en la policía judicial.
FISCALÍA REACCIONA
La Fiscalía agregó que la suspensión del proceso a prueba, al igual que otras medidas alternas, es una opción a la cual toda persona imputada tiene el derecho de acogerse.
“Siempre y cuando existan las condiciones para ello. Así lo establece la legislación del país y la función del Ministerio Público es aplicar las leyes.
En este caso particular, tal como lo establece el proceso penal, dicha salida alterna al juicio fue planteada a la Procuraduría General de la República, representante del Estado como parte ofendida, la cual, tras estudiarla, estuvo de acuerdo en la aplicación de la suspensión del proceso a prueba; luego del análisis correspondiente, la Fiscalía validó la medida y, finalmente, esta fue homologada por un juez competente.
El Ministerio Público dijo que dicha medida no extingue o acaba con el proceso penal inmediatamente, pues debe demostrarse el cumplimiento del plan reparador en un plazo aproximado de dos años. Si se incumpliera alguna de sus condiciones, la persona imputada deberá enfrentar un juicio por el delito acusado”, adujeron.
Trascendió que la jueza coordinadora del Juzgado Penal de Goicoechea fue quien avaló la medida alterna de suspensión del proceso a prueba.
