Emilio Arias Rodríguez, embajador de Costa Rica en Guatemala, informó que dio positivo a una prueba de Covid-19, cuyo resultado lo conoció el sábado.
El diplomático costarricense manifestó que se encuentra en estado de aislamiento y con las atenciones médicas respectivas.
“Debo indicar que como lo hemos hecho desde el primer día, seguiremos atendiendo a nuestros conciudadanos y mantendremos nuestra política de gestionar las repatriaciones a quienes lo solicitan, con una visión de protección y defensa de los Derechos Humanos.
Inmediatamente con el apoyo del Gobierno de la República de Guatemala, al que agradezco profundamente, procedí a coordinar la realización de pruebas a todo el personal de la Embajada y la correspondiente sanitización de las instalaciones”, indicó Rodríguez por medio de sus redes sociales.
COMPARECENCIA
Y CASO UPAD
Debido a su estado de salud y al receso de los legisladores a partir de esta semana, todo parece indicar que quedará pendiente la comparecencia donde Arias debía dar explicaciones sobre lo relacionado con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Cabe recordar que el actual embajador en Guatemala, quien fue presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en la administración anterior, reconoció que él llamó a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, para aclararle las inexactitudes que estaba dando en torno al manejo de datos relacionados con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Crespo indicó en la comparecencia ante los diputados que una persona que se identificó como embajador de Costa Rica en Guatemala (actual puesto de Arias) la llamó para señalarle que cometía un error en la información relacionada con la UPAD.
La diputada independiente Ivonne Acuña dijo que Arias es una persona cercana al presidente Carlos Alvarado Quesada y tras esta información se podía dudar si este pasaba información a Alvarado cuando se encontraba en campaña política.
“Yo siendo ministro y que llevé adelante el tema del Sinirube sentí que era mi obligación como ciudadano y como responsable en esa época del proyecto aclararle a la señora defensora que estaba equivocada conceptualmente con el término utilizado”, expresó Arias en una entrevista con DIARIO EXTRA.
Insistió en que le pidió que solicitara la información al Sinirube para que conociera los convenios y qué tipo de datos se contenían en este sistema y que las enfermedades de las personas no estaban contenidas ahí.
En la comparecencia a Crespo le consultaron si la llamada de Arias y otra que recibió del actual presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, ejercieron presión sobre ella, a lo que la defensora respondió: “No sé si llamarlo presión, lo que puedo decir es que se me hizo una llamada donde se me dijo que los datos eran incorrectos y donde yo respondí que sí eran correctos”.
Debido a esta situación, los diputados aprobaron una moción para llamar a comparecer a Arias, quien dijo que lo hará con gusto, eso sí, de forma virtual desde Guatemala, y que espera hacerlo pronto para aclarar el tema.
La moción fue presentada por la independiente Ivonne Acuña; Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana; y Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional.
CASO UPAD
La polémica en torno a la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019.
La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
Ese señalamiento motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.
Después de tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.
Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio acompañada de 50 oficiales del OIJ, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales allanaron Casa Presidencial, donde decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.
En forma paralela a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se llevaron a cabo en el Ministerio de Planificación y Política Económica.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Lunes 06 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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