El 19 de marzo de 2020, un grupo técnico elegido por la Subdirección General de Fuerza Pública y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) avaló que el consorcio Inglesini y Compañía S.A. y Electromecánica Pablo Murillo S.A. fuera el proveedor de cerca de 6 mil armas de fuego para dicha entidad.
Cabe destacar que la primera empresa le pertenece al empresario Aldo Inglesini Zeledón, quien es yerno de Antonio Álvarez Desanti, político y excandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), pues desde hace 2 años contrajo matrimonio con su hija Adriana Álvarez Meza.
Sin embargo, dos meses después de que les adjudicaran la licitación, el mismo director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, solicitó una investigación por aparentes irregularidades en uno de los requisitos de admisibilidad para que el consorcio pudiera ganar la millonaria contratación.
Para entender lo que ocurre hay que recordar que el pasado 4 de diciembre de 2019, el MSP informó sobre una licitación pública para la compra de pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
De acuerdo con el cartel publicado, lo que requerían era contratar una empresa que suministre este tipo de armas de fuego bajo la modalidad de ejecución según demanda, es decir, no se establece una cantidad específica de artefactos por comprar ni un monto de inversión, sino que se fija un precio unitario que la institución pagará conforme surja la necesidad.
El costo por arma se estableció en ¢737.718,91 por un plazo de cuatro años siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria. Además, la proyección de consumo establecida como referencia durante ese período es de 6 mil armas.
Tomando en cuenta lo anterior y según la solicitud de contratación, el monto de presupuesto estimado sería de ¢4.426.313.460, dinero que, de concretarse la compra total de las 6 mil armas de fuego, se dejaría el consorcio integrado por el yerno de Desanti.
ANÁLISIS TÉCNICO
En el cartel de licitación se puede observar que el análisis técnico de la oferta presentada por la empresa estuvo a cargo de cinco funcionarios de Seguridad Pública que trabajaron en conjunto.
Se trata de Juan Pablo Calvo Cuadra, comandante; Steven Trejos Morales, también comandante; Ka Wuig León Chiu, sargento; Asdrúbal Cortés Valladares, agente; y Jeffry Canales Medina, agente.
Además, la coordinación del grupo de trabajo la hizo Silvia Badilla Zamora, quien fue la responsable ante el Sicop, mientras que la encargada del contrato fue Yerlin Alvarado, administradora de Contratos de la Subdirección General de Fuerza Pública.
Ellos conformaron el grupo técnico elegido por la Subdirección General de Fuerza Pública para que junto con la Asesoría Jurídica sometieran a evaluación la oferta presentada por el consorcio Inglesini y Compañía S.A., y Electromecánica Pablo Murillo S.A., ya que según dijo Calderón fue el único que participó en el proceso licitario público 2019-LN000007-0007100001.
Así las cosas, los funcionarios anteriormente mencionados verificaron si los ofertantes cumplían con todos los requerimientos contemplados en el cartel para elegirlo como adjudicatario.
REQUISITO
Para el 19 de marzo de 2020 en la página de Sicop se publicó el acto de adjudicación en donde se indicó que este consorcio había sido el elegido como proveedor para la compra de armas. De acuerdo con la información, Inglesini y Compañía S.A. y Electromecánica Pablo Murillo S.A. ofertó una pistola semiautomática calibre 9 mm de la marca Sig Sauer modelo P320-Tipo M17.
Cabe destacar que uno de los requerimientos de admisibilidad con los que debían cumplir se señala en el punto 4 del cartel, sobre la selección y adjudicación de las ofertas. Se trata una certificación emitida por el Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia en Estados Unidos, dicho documento debe indicar si la pistola ofertada por el consorcio cumple con las normas del NIJ.
“La casa fabricante debe presentar certificación por el ente emisor donde se compruebe que el arma (marca y modelo) ofertada cumple con lo siguiente: Norma NIJ Standard – 0112.03, para la policía o la Norma OTAN y Norma SAAMI Z299.3 – 2015 o su equivalente del CIP”, se detalla en el cartel de licitación.
DENUNCIA ANÓNIMA
No obstante, el 27 de mayo anterior Daniel Calderón Rodríguez, director de Fuerza Pública, envió una carta a José Jeiner Villalobos Steller, director de Asesoría Jurídica del MSP, manifestando una supuesta anomalía detectada en la certificación presentada por el consorcio.
Según el oficio N° MSP-DM-DVURFP-DGFP-1188-2020, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, Calderón recibió una denuncia anónima vía telefónica en la que lo alertaron sobre la posible utilización de una certificación correspondiente a otro bien y no al arma de fuego ofertada por el consorcio.
“De la revisión de la documentación se desprende que el consorcio en su momento, aportó la certificación NIJ Estándar 0112.03 para la pistola Sig Sauer modelo 320F-9-BSS calibre 9mm, no obstante, la pistola ofertada corresponde a la pistola Sig Sauer modelo P320 M17”, dijo Calderón en la carta enviada.
Ante las dudas surgidas el 22 de mayo, mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDGFP-B-1417-2020 Calderón consultó al NIJ sobre la certificación de la pistola P320 M17, así como por la validez del documento presentado por el consorcio durante el proceso licitatorio.
Según lo manifestado por el director de Fuerza Pública, el 26 de mayo vía correo electrónico recibió la respuesta de Alex Sundstrom, funcionario del NIJ, quien le indicó que el arma de fuego Sig Sauer modelo P320 M17 no cuenta con la certificación correspondiente.
“Dado que el NIJ ha confirmado que la pistola Sig Sauer modelo P320 M17 no cuenta con la certificación NIJ Estándar 0112.03, el cual era requisito de admisibilidad para esta contratación, le solicito a esa Asesoría Jurídica y a la luz del contrato vigente, valorar las acciones legales que correspondan, tomando en cuenta además laS acciones que proceden por haber presentado una certificación que no es válida para el bien ofertado en esta contratación”, concluye Calderón en la carta.
ANOMALÍA
Consultado sobre este tema en una entrevista con DIARIO EXTRA, Calderón explicó que cuando se trata de este tipo de compras el equipo técnico revisa toda la documentación presentada y aseguró que ellos sí detectaron una anomalía por lo que pidieron al consorcio un subsane (ampliación de la información).
Ante esta solicitud, la compañía el 28 de febrero presentó un oficio en que declararon bajo juramento que la documentación aportada sobre la norma NIJ Standard 0112.03 y SAAMI cubren la marca y modelo de la pistola ofertada.
“En ese momento la administración entendió que se había cumplido con ese requisito con los documentos que la empresa presentó. Porque efectivamente, eso hay que decirlo, en el proceso a la empresa se le pide que amplíe la información que estaba presentando”, sostuvo.
Según dijo Calderón, tras enviar el primer oficio a la Asesoría Jurídica, horas más tarde hizo una ampliación para adjuntar una nota enviada por el consorcio, pues el 22 de mayo el comisionado Reinaldo González Cubero les solicitó presentar en un plazo no mayor a 5 días hábiles la certificación del NIJ que respalda el arma de fuego que ofertaron.
Días más tarde, el 27 del mismo mes, el consorcio respondió que entregarían un certificado actualizado y aseguraron que a criterio de la fábrica la pistola está cubierta por la certificación aportada inicialmente.
“Ahora bien, debido a la actualización y revisión que realiza periódicamente el NIJ, el fabricante se encuentra en proceso de validación de la certificación 01.12.03 de la pistola marca Sig Sauer, modelo P320-M17. La certificación se estará entregando en 45 días hábiles”, concluyen.
A LA ESPERA
Ante este escenario, Calderón asegura que en este momento lo que se está cuestionando es un requisito de admisibilidad, si la licitación estuvo bien adjudicada o no, si la empresa cumplió con los requisitos, si los documentos son válidos y en caso de que no sea así, qué es lo que corresponde hacer tomando en cuenta la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora el uniformado está a la espera de que la Asesoría Jurídica le envíe la respuesta en los próximos días para conocer la decisión que se tomará.
“No quisiera adelantar criterios ni profundizar mucho en el tema, yo le hice la consulta a la Asesoría Jurídica para que nos indique qué corresponde, porque lo cierto es que hay un contrato firmado entre las partes. La Asesoría Jurídica es la que nos tiene que indicar de aquí en adelante cuál es el camino que debemos seguir e incluso ellos determinarán si es necesario hacer algún proceso adicional o con los elementos que tienen es suficiente para tomar una decisión con respecto a lo que procede”, comentó.
RESPONDEN
El último oficio que aparece en el expediente electrónico en Sicop corresponde a uno enviado por Inglesini y Compañía S.A. y Electromecánica Pablo Murillo S.A. en el que se refieren a la carta emitida por Calderón a la Asesoría Jurídica alertando que la certificación no corresponde al arma ofertada.
Según se puede leer, para el consorcio lo dicho por el director de Fuerza Pública no es correcto, sino que se trata de una interpretación propia, pues aseguran que en la respuesta recibida del NIJ a Calderón no le indicaron que la certificación aportada no fuera verídica.
“Nuevamente reiteramos, muy vehementes, que en ningún momento el NIJ ha hecho semejante aseveración. Lo dicho por el director resulta una conclusión totalmente incorrecta, unilateral y personal al no entender correctamente la información suministrada por el NIJ”, argumentan.
A lo anterior agregan que toda la documentación requerida la presentaron pese a que aseguran que la licitación no indicaba quién debía ser el ente emisor del documento solicitado, por lo que entendieron que podía ser la fábrica de armas o el NIJ. Además, indicaron que en ningún momento se solicitó que el arma ofertada debía estar certificada o en una lista de algún sitio web.
“Nuestra representada cumplió con el reglamento específico de la contratación (cartel) de conformidad con el rango que es otorgado a este documento mediante el artículo 51 del Reglamento de contratación administrativa. Manifestamos con total seguridad que hemos cumplido a cabalidad con lo estipulado en el cartel de la licitación y por tal razón fuimos objeto de la adjudicación”, detallan.
De acuerdo con la página web del Sicop, durante los últimos cinco años al yerno de Desanti le han adjudicado al menos 15 licitaciones del MSP en procedimientos como chalecos antibalas, fundas para chalecos antibalas, munición de gas o dispositivos de dispersión de humo, placas balísticas y fundas para chalecos antibalas.
PROCESO ADMINISTRATIVO
Tras la entrevista que El Periódico del Pueblo tuvo con Daniel Calderón, en la oficina de prensa del MSP emitieron un comunicado indicando que se inició un proceso administrativo para analizar el contrato de la licitación.
“Para el Ministerio de Seguridad la empresa contratada presentó datos de certificación que deben ser analizados a profundidad. Dichos datos se establecieron como requisitos de admisibilidad en el cartel de licitación y que podrían no cumplir con los requerimientos establecidos”, informaron.
Agregaron que el MSP actuará en dos vías, una será en sede administrativa con la conformación de un Órgano Director que valorará los datos presentados por el consorcio, mientras que la segunda es ante el Ministerio Público.
Agregaron que el viceministro de Seguridad, Randall Vega, remitirá el expediente de contratación certificado por Sicop para que sea analizado y se determine si existe alguna irregularidad.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Fotos: Capturas documentos SICOP
EMAIL: [email protected]
Jueves 04 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA