La agenda del Gobierno y los temas de moda en derechos humanos
Luis Fernando Astorga Gatjens*
El día domingo 23 de junio se celebró la Marcha por la Diversidad. Fue una actividad muy concurrida a la que se sumaron el presidente de la República Carlos Alvarado, la primera dama Claudia Dobles y varios representantes del Gobierno, así como de otros sectores políticos.
En la actividad se reivindicaron los derechos de la población LGTBI. Quienes hemos luchado toda nuestra vida por la causa de los derechos humanos, siempre vamos a apoyar este tipo de actividades que se orientan a superar distintas formas de discriminación y exclusión social, basadas en estereotipos y prejuicios.
Sin embargo, nos preocupa que el compromiso por los derechos humanos en la agenda gubernamental se circunscribe a ciertos grupos humanos. Mientras tanto otros sectores -sociales o poblacionales- no merecen ni la atención, ni el apoyo de las autoridades gubernamentales, bajo el liderazgo presidencial.
No vemos al señor Presidente en luchas, actividades y acciones reivindicativas de los pueblos indígenas, quiénes han padecido y padecen duras condiciones de pobreza y desigualdad social. Se trata de situaciones de violación sistemática de sus derechos humanos, ancladas vergonzosamente en la historia del país y que tienen como causa profunda y estructural abominables formas de discriminación racial.
Tampoco observamos al Primer Mandatario en actividades masivas de nuestro pueblo afrodescendiente, que también por el color de la piel ha enfrentado y enfrenta distintas formas de discriminación, que lo empujan a la pobreza y la miseria. Igualmente, se trata de violaciones de derechos humanos y, particularmente, de derechos sociales y económicos, que los excluyen (en su gran mayoría) de la agenda del desarrollo nacional.
No encontramos, asimismo, al presidente Alvarado en los esfuerzos y actividades que realizamos las personas con discapacidad por hacer valer nuestros derechos. Nos hubiera gustado mucho que se hiciera presente en la actividad de celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad (29 de mayo), o en alguna actividad de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra todos los años, en la segunda semana de noviembre. O bien el 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Por supuesto, lo que queremos no es una presencia tan simbólica como fugaz en alguno de esos eventos, sino un acercamiento sincero para conocer la real situación que enfrentan la mayoría de las personas con discapacidad, cuya población mayor de los 18 años ocupa el 18, 2 % de la población general, como fijó la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018), que desarrolló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Tal acercamiento le permitiría conocer al Señor Presidente el tamaño de la deuda social acumulada a lo largo de los tiempos, con este sector poblacional del país, cuya mayoría de sus miembros viven atrapados en un círculo vicioso que tiene como causa y consecuencia de la discapacidad, la pobreza.
Esto me recuerda que hace algunos años, cuando el señor Presidente era Ministro de Desarrollo Social y Presidente Ejecutivo del IMAS, en la Administración anterior, yo me reuní con él y el tema central de la conversación fue precisamente el del círculo vicioso entre pobreza y discapacidad. Sería muy útil y necesario que don Carlos Alvarado renovara el vivo interés que mostró en esa ocasión y se comprometiera en el impulso de un verdadero plan de inclusión social de las personas con discapacidad.
Esto es un imperativo derivado de las obligaciones adquiridas por el Estado costarricense, al ratificar mediante la Ley 8661 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en setiembre de 2008. En pocos días, la Cancillería deberá rendir cuantas al Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de los países con este tratado internacional, mediante un informe que debe responder preguntas sobre lo realizado en esta materia por el país en los últimos ocho años.
Desafortunadamente, las intenciones y las acciones sin resultados efectivos o con muy limitado impacto en la vida de las personas con discapacidad prevalecen sobre un plan de acción bien articulado y eficaz que muestre el compromiso gubernamental con los derechos de las personas con discapacidad. Realmente, las personas con discapacidad no queremos intenciones y promesas, por más buenas que sean. Demandamos hechos concretos y medibles, que hagan mejorar progresivamente la calidad de vida de las personas con discapacidad, particularmente, más afectadas por la discriminación, la desigualdad social y la pobreza.
Al igual que otros grupos humanos como los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad le demandamos al Gobierno y al presidente Alvarado su atención inmediata. Si este es un Gobierno comprometido e interesado en los derechos humanos, debe asegurar su compromiso con todos los sectores que padecen violaciones de sus derechos, pero dando la necesaria prioridad a quienes cargan una lápida de violaciones más añeja y pesada.
Claro está: no queremos ser parte de una agenda de moda en derechos humanos, sino de una más asentada en la historia del país y que se oriente en un renovado Estado Social de Derecho, que se ha desvanecido en la brújula gubernamental.
*Director Ejecutivo de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (Redodicec)
