Las manifestaciones partidarias prohibidas para los funcionarios públicos tienen en la mira al personal de gobierno.
Este fin de semana el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitó la salida del exjerarca del Incofer, Guillermo Santana, como directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin siquiera que este empezara a ejercer sus labores. Fue juramentado en la última sesión de Consejo de Gobierno -27 de junio- pero tres días después asistió a una cena para recaudar fondos en pro del precandidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado
“Yo venía de un día de actividades, cuando vi a don Guillermo lo que pensé fue en saludarlo”, sostuvo el aspirante presencial.
Para el Ejecutivo, si bien aún no cometió beligerancia política, pues no había arrancado sus funciones, su presencia en el evento es inconveniente, dejándolo así fuera del cargo.
Este medio intentó contactar a Santana, pero al cierre de edición no atendió las llamadas.
MÁS INVESTIGADOS
En el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) son investigados dos funcionarios por cometer la presunta beligerancia, el señor Renato Alvarado, miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y la exdiputada Yolanda Acuña, miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por pronunciarse a favor de Carlos Alvarado.
El congresista Ronny Monge acusa a otros dos funcionarios de violentar la normativa electoral, nuevamente impulsando a este aspirante rojiamarillo.
“Hay dos funcionarios, uno asesor del viceministro de Justicia (Gustavo Machado), que en horas laborales se dedica a promover la candidatura de Carlos Alvarado, y otro miembro de la junta directiva de Dinadeco (Víctor Hugo Alpízar).
Por la conformación de la entidad no tienen prohibición los miembros de la junta directiva, pero es la institución que reparte los recursos a las asociaciones de desarrollo para la obra comunal y que hace campaña también en sus redes sociales a favor de Carlos, esto podría crearle un beneficio a una candidatura en específico, y muestra una vez más cómo figuras afines al gobierno andan haciendo campaña en pro de Carlos Alvarado”, acusó el legislador.
Andrei Cambronero, vocero del TSE, explicó a DIARIO EXTRA que “la beligerancia política se compone de dos elementos, uno de esos elementos es la ostentación partidaria, que es justamente andar signos externos, manifestarse a favor, y la otra es la parcialidad política es cuando un funcionario utiliza su cargo para beneficio propio, o para algún candidato político o tendencia.
Hay dos tipos de restricciones, una genérica y otra absoluta. La restricción genérica la tienen todos los funcionarios públicos y consiste que durante la jornada electoral no pueden dedicarse a discusiones político electorales, ni utilizar sus cargos en beneficio o perjuicio de alguna tendencia partido. No se puede hacer nada salvo emitir el voto el día de las elecciones. Es la lista de funcionarios que está en el párrafo segundo del artículo 146 del código electoral”, detalló.
La prohibición total la tienen, por ejemplo: los ministros de la República, miembros de juntas directivas, magistrados, agentes del OIJ y el procurador general.
Santana es el segundo funcionario al que Solís le pide la renuncia, también lo hizo con el exministro de Tecnología Marcelo Jenkins, en este caso por asistir a la convención liberacionista.
El precandidato Carlos Alvarado también es investigado por beligerancia política, atribuyéndole que presuntamente se aprovechó de recursos públicos para anunciar su postulación.
