Los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos dieron el aval al proyecto de ley 20.131 con que se pretende fortalecer la lucha contra la trata de personas.
La propuesta fue presentada a la corriente legislativa por el excongresista Antonio Álvarez y la parlamentaria Sandra Piszk con el objetivo de reformar artículos del Código Penal y de la Ley Contra la Trata de Personas, que permitan un combate más eficaz.
“La trata de personas, conocida como la esclavitud del siglo XXI, es un delito contra los derechos humanos que se ubica en el tercer lugar en el mundo en relación con las ganancias que le otorga anualmente a la criminalidad organizada”, enfatizan en la propuesta.
Específicamente modifica lo dispuesto en el artículo 172 y 189 bis del código, y los artículos 5 y 6 de dicha ley. Se alega que en la normativa actual se “limita peligrosamente el proceso de investigación de la policía y persecución penal del Ministerio Público”, ya que se excluyen nuevas formas en la que operan para ejecutar el tráfico de personas y actividades conexas.
“Las reformas planteadas armonizan nuestra legislación en el combate a este flagelo internacional con categorías jurídicas más amplias que facilitarán el trabajo de los agentes especializados en la materia, combatiendo actividades conexas a las modalidades de criminalidad organizada, legitimación ilícita de capitales y corrupción, así como otras actividades delictivas que se deriven o relacionen directamente con la trata de personas, como es el traslado, captación, alojamiento, transporte, recepción o entrega de personas víctimas de este delito con el fin de que ninguna de las personas que son parte de estas redes criminales quede impune por vacíos en la legislación”, detalló Piszk.
Resaltan que, en el trasfondo de la trata, hubo un engaño, ya sea ofreciendo oportunidades de trabajo, estudio o en general mejores condiciones de vida.
“Este proyecto precisa los alcances del tipo penal actual del artículo 172 y da protección a la mujer en caso de embarazo forzado y todas las formas de explotación sexual de la que puede ser objeto, además de ampliar el catálogo de actividades que califican como conexas al delito de trata, como la falsedad ideológica, la falsificación de documentos privados, entre otros”, concluyó la congresista Maureen Clarke.
REFORMA PROPUESTA
ARTÍCULO 172
“Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de personas de cualquier sexo dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados u otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, adopción irregular, mendicidad forzada, tráfico ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, embarazo forzado y la ejecución de uno o varios actos de prostitución u otras formas de explotación sexual”.
ARTÍCULO 189 BIS
“Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años quien induzca, mantenga o someta a una persona de cualquier sexo a realizar trabajos o servicios bajo fuerza, engaño, coacción o amenaza. La pena será de ocho a dieciséis años si la víctima es una persona menor de dieciocho años de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad o discapacidad”.
Fuente: Proyecto de Ley 20.131
