Un grupo de ambientalistas presentó este lunes una recusación contra los funcionarios miembros de la comisión plenaria de la Secretaría Técnica Nacional (Setena) por conformar, supuestamente de manera ilegal, una unidad técnica que aprobó las operaciones de APM Terminals en Costa Rica.
El documento fue presentado ante la Setena junto con un recurso de revocatoria al permiso otorgado en diciembre anterior y una suspensión a este mientras se realizan las investigaciones, por Álvaro Sagot, Allan Astorga y Mauricio Álvarez, miembros de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon).
“Nosotros hemos estudiado el proyecto, hemos venido trabajando durante dos años y medio y estamos en contra de la forma en que está redactado y la forma en que las autoridades han procedido para darle permiso a APM de construir el muelle”, aseguró Sagot.
El abogado ambientalista explicó que la unidad técnica de la Setena había informado a la comisión plenaria de que el proyecto de Limón “debía archivarse”, sin embargo, los miembros de dicha comisión conformaron una nueva unidad técnica para aprobarlo.
Para Freddy Bolaños, secretario ejecutivo de la Setena y miembro de la comisión, el procedimiento que siguieron para otorgar la concesión a APM es “lo que siempre se hace”.
“Cuando entra un proyecto que es sumamente grande, como este, no se le puede dejar a un solo profesional. La medida a tomar es formar un grupo de especialistas en diferentes áreas que lo valoren y eso fue lo que hicimos ahora”, indicó Bolaños.
Otro punto que mencionó Sagot como una irregularidad fue el hecho de que los funcionarios de Setena revisaran más de 25 mil folios, de los cuales “algunos estaban en inglés y no se encontraban acomodados en orden lógico”, en 15 días.
Bolaños dijo que esta acusación es “mentira”, debido a que la documentación que estaba en inglés tenía su traducción y se hizo una revisión basada en varios criterios técnicos, lo que les permitió buscar solo la información que necesitaban para estudiarla.
Sagot señaló también que para la construcción de la terminal en Limón se deben escarbar 11 tajos dentro del territorio marítimo que requieren de la aprobación de los diputados y aún no la tiene. El ambientalista calificó el caso como un “Crucitas 2” que, según él, tiene la posibilidad de terminar en los tribunales de justicia.
