Editorial
Su nombre lo dice todo, Defensoría de los Habitantes, es el órgano del Estado encargado de velar por los derechos y libertades fundamentales de las y los ciudadanos que habitamos en Costa Rica, nacidos o no en esta tierra.
Además le corresponde increpar, cuestionar y pedir explicaciones a las instituciones sobre ciertos actuares contrarios al cumplimiento constitucional que lesionan visiblemente los derechos humanos.
Desde el año 1992, específicamente en el mes de noviembre, es decir hace ya casi 21 años, se constituyó la figura del Defensor de los Habitantes con la aprobación de la Ley No. 7319, con vigencia a partir del 10 de marzo de 1993.
Reformada mediante la Ley No. 7423 del 18 de julio de 1994, se sustituyó la palabra “Defensor” por “Defensoría”, tanto en el título como en algunos de los artículos.
Es desde ese momento que nuestro país comienza la ruta que cientos de naciones habían transcurrido desde tiempos memorables, casi siglo y medio atrás.
La figura del Defensor u Ombudsman nace en Suecia con excelente incidente.
La función primordial de este servidor fue diseñada estrictamente para vigilar de cerca la aplicación de ley en favor de los ciudadanos de un territorio y el trabajo de los servidores públicos.
Para hacer valer su poder, el Defensor fue dotado de las potestades absolutas para acudir ante los Tribunales de Justicia y plantear así las denuncias respectivas ante cualquier irregularidad.
Esta semana justamente se abre el periodo de inscripción para los candidatos interesados en postularse para dicho puesto, pues el tiempo de administración se encuentra en su fin.
La señora Ofelia Taitelbaum está a punto de terminar sus funciones, las mismas que (para ser sinceros) fueron desempeñadas de una forma admirable e incuestionable.
No se trata acá de postular a nadie, pero como dice el dicho “al César lo que es del César” y la señora Defensora merece los créditos de un trabajo hecho con tenacidad y esmero, pero también con mano fuerte.
Y así debe ser, la Defensoría asumió posiciones inquebrantables en temas tan cruciales como el Referéndum Gay, la “Ley mordaza”, Fecundación In Vitro, matrimonio igualitarios y ha tenido un papel protagónico en la defensa animal.
El ombudsman tico le ha metido pelea a la mora en la Caja de Seguro Social y la ineficiencia del sistema de salud, a la Aresep en la figura del Regulador que según han dicho está debilitada.
Solo para mencionar algunas luchas recientes. Mas también se ha tirado a las calles para pelear con los sectores sociales ante las actuaciones del Gobierno.
La coyuntura nacional actual amerita que la Defensoría siga en pie de lucha, los ciudadanos requieren de una entidad liderada a consciencia y no politizada.
Claro, acá está el punto medular, y es que la elección de dicho puesto la hacen las y los señores diputados, es decir es un cargo sujeto al antojo político y por ende corre el riesgo de revestirse de intereses particulares.
No así, los postulantes son personas íntegras, con ganas de llegar a dicha entidad para ejercer en pleno la custodia de los derechos fundamentales, pero están entendidos del compromiso que cargan sobre sus espaldas y de las presiones que las clases políticas ejercen.
De su decisión depende el buen mando en el cargo del Defensor.
El tema es complejo, pero requiere ser abordado con inmediatez.
El mecanismo de selección debería estar alejado en todos sus extremos de la política, no es aconsejable que permanezca en manos de los legisladores y menos cuando estamos en media campaña electoral.
Ya es hora que el país analice sobre el asunto y se pongan sobre la mesa propuestas de elección alejadas del ajedrez politiquero del país.
La Defensoría podría ser un puesto de elección popular, al fin será esa persona quien tengan en su competencia la salvaguarda ciudadana y la tarea titánica de señalar al Estado en sus deficiencias.
Podríamos ser los ciudadanos, el pueblo con su poder de decisión, quien está facultado para elegir a su Defensor o Defensora y así exigir cuentas cuando así lo amerite.
Pero habrá tal vez otras propuestas más estructuradas y eficaces que deberían estudiarse.
La Defensoría no puede quedar a elección de los elegidos y menos en momentos cruciales como el que vive Costa Rica.
Ojala que aquellos interesados en postularse comprendan que los ciudadanos no necesitamos un títere o una marioneta, ocupamos un aguerrido negociador, entendido que su principal tarea es darle lugar al pueblo y sus necesidades, las mismas que los propios representantes violentan con bastante frecuencia.
