Miércoles 05, Agosto 2020

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° San José, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Alajuela, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Cartago, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Heredia, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Limón, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Guanacaste, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Puntarenas, CR


Nacionales

TSE contrató bodega a primo de Sobrado

  • Así se origina la relación de parentesco entre Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, y Gaspar Ortuño, dueño de la bodega

  • Luis Antonio Sobrado firmó el contrató de alquiler en octubre del 2009

  • La bodega se ubica en San Rafael Abajo, Desamparados

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contrató a un familiar del magistrado presidente Luis Antonio Sobrado, específicamente un primo, el alquiler de la bodega donde se resguarda el material electoral.

 

Justamente el inmueble donde se presume que también se habrían filtrado papeletas de cara a la segunda ronda electoral, según denunció Claudio Monge, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

 

Se trata de Gaspar Ortuño de la Goublaye de Menorval, quien figura como apoderado generalísimo de la Compañía Inversionista Las Brisas S.A., propietaria de la bodega donde se encuentran las fórmulas electorales.

 

Ortuño es hijo de Gaspar Ortuño Sobrado y nieto de Paquita Sobrado García, quien es hermana de Antonio Sobrado García, abuelo del presidente del TSE. En pocas palabras, el jerarca y el arrendatario tienen un lazo a través de sus tíos abuelos (ver gráfico).

 

 

LOS ORTUÑO

 

 

Sobrado acordó el alquiler con Ortuño en el 2009, el cual validó por tres años y se firmó bajo una cláusula de renovación automática, según consta en el contrato, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.

 

El convenio ya había generado polémica en el 2011, cuando se reveló que Gaspar Ortuño es primo hermano del liberacionista Alfredo Ortuño Victory, quien también es primo de Luis Antonio Sobrado.

 

Alfredo Ortuño es exjerarca del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tesorero de la campaña electoral del expresidente Óscar Arias.

 

La relación entre los Ortuño fue cuestionada, ya que que para levantar la primera parte del complejo industrial donde se ubican las bodegas en San Rafael Abajo, Desamparados, el BCIE aportó $30,3 millones.

 

Sin embargo en aquel momento la entidad alegó que Ortuño Victory no participó en el proceso por la relación de parentesco. 

 

La Compañía Inversionista Las Brisas, cédula jurídica 3101013086, fue constituida en 1969 con el “objetivo de la administración de negocios y de fideicomisos y en general industria, comercio, agricultura, dar o rendir toda clase de fianza”, según consta en la certificación ante el Registro Nacional.

 

Gaspar Ortuño llegó a la presidencia de la directiva en 1999 y aún no hay datos claros de quién la lideró anteriormente, aunque se rumora que fue el propio Alfredo Ortuño.

 

Los otros puestos están ocupados de la siguiente manera: Sonia Melina Mejía es la secretaria, Álvaro Fernando Mejía Molina el tesorero y Lilian Umaña Torres la fiscal.

 

 

FUGA DE PAPELETAS

 

 

El diputado Monge ha investigado el caso de esta bodega, ya que también se ha criticado su viabilidad ambiental.

 

“Aparece una bodega de los Ortuño construida violando las normas ambientales y por eso ese tema nos llama la atención”, enfatizó el legislador, quien repudió el que Sobrado ocultara el parentesco y acogiera el alquiler bajo la figura de contratación directa.

 

“Me parece gravísimo, aunque no haya un grado de consanguinidad directamente cercano, como establecen algunas leyes, desde el punto de vista ético y moral hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de uno de los presidentes de los cuatro poderes de la República que tiene la mayor importancia para el país, para los costarricenses, para el futuro.

 

Debe haber un cuidado importantísimo porque no puede ser que se tenga alquilada una bodega donde resulta que el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones está emparentado con el dueño de la bodega”, agregó el legislador.

 

Monge asegura que también ha recibido denuncias en las que sostienen que la bodega tiene serios problemas de seguridad, de ahí que se hayan fugado papeletas, aunque según afirma el TSE no quiera admitir esa versión.

 

“La información que yo recibí el sábado es que salieron materiales de las bodegas. Es una bodega que no guarda la mayor seguridad y una vez que se hace la denuncia demandan sacar material de ahí, pero todavía hay residuos en esas papeletas”, indicó el rojiamarillo.

 

El diputado calificó el hecho como una “falla fatal en cuanto el tema de control en los lugares donde se deposita algo tan importante como es el material electoral”.

 

 

MATERIAL EN MANOS DE EXDIPUTADOS

 

 

Monge señaló el parentesco de Sobrado como un elemento más que refuerza la desconfianza que el pueblo de Costa Rica tiene hacia el TSE.

 

“Hay indicios muy fuertes en relación con esa fuga. El propio Tribunal Supremo de Elecciones ha aceptado de acuerdo con la información que nosotros recibimos, en el sentido que se vulneró la seguridad del Tribunal, que las papeletas son verdaderas y no ha habido explicaciones claras. El pueblo Costa Rica exige una explicación al Tribunal Supremo de Elecciones no a los subalternos”, sentenció.

 

El diputado criticó fuertemente que Sobrado se escondiera y no diga claramente qué pasa con esta filtración, ni siquiera haya designado a algún magistrado. “Quiero saber, que digan si hay hay papeletas en algunas casas de unos ex de esta Asamblea Legislativa. Estamos hablando de temas muy serios”, acotó.

 

 

SIN LICITACIÓN

 

 

Sin abrir un concurso el TSE seleccionó a la empresa del primo de Sobrado para “ubicar el almacén de la proveeduría, el programa de empaque electoral y parte de archivo central del Tribunal Supremo de Elecciones”, según reza el convenio.

 

El contrato tomó vigencia bajo esta modalidad, violentando el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, que prohíbe la figura de contratación directa cuando el monto supere los ¢56 millones.

 

El convenio, que había despertado suspicacias por firmarse con una entidad privada, en lugar de estar bajo el resguardo del Estado, se asumió con la salvedad del arrendatario de que no se haría responsable de la pérdida de material.

 

“El arrendamiento incluye servicios de iluminación y mantenimiento de los espacios de uso común, así como los servicios de vigilancia, relativos únicamente a la seguridad de entrada y salida de vehículos. 

 

Sin embargo el arrendante no asume responsabilidad alguna por los bienes, equipos u materiales que se encuentren en el interior de la bodega, siendo que para ello el Tribunal Supremo de Elecciones adoptará la medidas de seguridad pertinentes”, estipula el contrato que firmaron en octubre del 2009.

 

El local alquilado tiene como características un área de 4.392 metros cuadrados, por el que mensualmente se paga $43.500 (poco más de ¢20 millones). Aunque no se hace cargo de lo pedido, sí se alardea en el convenio de los servicios que ostenta la zona franca donde se ubica la bodega.

 

“El parque industrial donde se ubica el inmueble a arrendar cuenta con los siguientes servicios: monitoreo externo de las instalaciones por medio de CCTV, seguridad perimetral de la bodega, control de vigilancia de entrada y salida de personas del parque, sistema contra incendios y red de hidrantes, recolección de basura, servicio interno para el personal de las bodegas, agencia bancaria y tratamiento de agua residuales”.

 

Además el TSE debe hacerse responsable de otros rubros como son “asumir en su totalidad el pago de los servicios de agua, electricidad y teléfono o de cualquier otro servicio que directamente contrate el Tribunal que se generan durante la vigencia del arrendamiento”.

 

 

POR 18 AÑOS 

 

 

El alquiler de la bodega fue diseñado para prorrogarse por cinco periodos para un total de 18 años, cuando la legislación estipula una prórroga máxima de un periodo, pero no en contratación directa, a menos que la Contraloría General de la República lo autorice.

 

“La arrendante podrá concluir esta relación contractual únicamente al finalizar el plazo original de tres años, siempre y cuando notifique el Tribunal al respecto, con al menos tres meses de antelación a la fecha de vencimiento de dicho plazo.

 

Una vez concluido el citado plazo original de vigencia, este contrato podrá prorrogarse hasta por cinco periodos de tres años cada uno, para una vigencia total de 18 años.

 

Cada prórroga será automática, razón por la cual se entenderán operadas de pleno derecho, siempre y cuando ninguna de las partes dentro de los plazos de notificación indicados en esta cláusula, respecto de cada parte contratante, notifique por escrito a la otra su voluntad de no continuar con la relación contractual”, se lee en el contrato.

 

El acuerdo proyecta un gasto total del Estado por un plazo de 3 años de ¢928.638.000 por concepto de alquiler. 

 

El contrato fue aprobado por el departamento legal del TSE con firma de la jefa interina Mary Anne Mannix Arnold.

 

DIARIO EXTRA intentó conocer la posición de Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la relación familiar en este contrato, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

PERIODISTA: Jacqueline Solano

EMAIL: [email protected]

Martes 18 Marzo, 2014

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA