El magistrado Óscar González podría ser destituido de su cargo en los próximos días, debido a que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia envió a la Asamblea Legislativa el expediente administrativo con la solicitud para cesarlo de sus funciones.
El 31 de mayo los 21 magistrados de la Corte confirmaron el acuerdo de solicitarle a los diputados cesarlo de sus funciones luego de considerar en un proceso administrativo que había cometido una falta gravísima al acosar a una jueza del Tribunal Contencioso Administrativo.
Luego ese mismo órgano rechazo la apelación de González por lo que el acuerdo quedó en firme.
Ante eso fue trasladada a la Asamblea una copia certificada del expediente que consta de 972 folios, dos DVD, cuatro casetes que contienen grabaciones de las audiencias, junto con una nota donde se indica el acuerdo de Corte.
Según la ley, la Corte hace es una recomendación de destitución. Pero como nunca se había presentado una situación, se desconoce cómo la interpretarán los diputados.
Es así que el presidente del Congreso envió la nota, y el expediente al Departamento de Servicios Técnicos y al Legal para que determinen cuál sería el procedimiento.
Óscar González , magistrado de la Sala I, fue denunciado por la jueza Priscila Quirós del Tribunal Contencioso Administrativo por acoso sexual y laboral, desde el inicio el tema se manejó con mucha cautela por el Poder Judicial por tratarse de un magistrado.
El magistrado enfrenta dos causas, una en la sede penal que es el supuesto delito de violación que está pendiente de resolverse en la Sala Tercera, y el caso en sede administrativa. En caso que la Asamblea Legislativa lo destituya en el otro caso de acoso sexual sería juzgado como cualquier otro costarricense en los Tribunales comunes.
En el aspecto disciplinario la Corte Plena solo podría suspenderlo sin goce de salario, o si consideraba que era grave pedir a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad.
Este caso está en la Sala Constitucional donde recurrió González para tratar de frenar su destitución, presentando una acción de inconstitucionalidad que deberá de ser resuelta por magistrados suplentes por cuanto, los propietarios deberían de inhibirse ya que estuvieran en la votación donde se aprobó su separación.
