El hacinamiento en las cárceles de nuestro país es la causa por la que el Estado indemnizaría a 73 privados de libertad, que en condiciones infrahumanas se encuentran en el Centro Penitenciario La Reforma.
Así lo explicó ayer el abogado penalista Warner Ruiz, quien recurrió a la Sala Constitucional para defender a los privados de libertad, quienes guardan prisión por pensión alimentaria y están en las mismas condiciones que quienes cumplen sentencia por crímenes, narcotráfico, robos y otros delitos penales.
Para Ruiz, lo que está haciendo la administración es revolviendo el agua con el aceite porque una cosa son quienes han faltado a sus obligaciones civiles, al no pagar la pensión por causas ajenas a su voluntad, y otra los delincuentes comunes.
Con estos argumentos Ruiz recurrió a la Sala Cuarta para defender a este grupo de personas y su recurso fue declarado con lugar, condenando al Estado a pagar por daños y perjuicios.
En la ejecución de la sentencia Ruiz recogió los datos e impresiones de este grupo de privados de libertad y determinó que aunque la tristeza, soledad, abandono, desesperanza y demás daños no tienen precio, un monto razonable para que el Estado les pague es ¢10 millones a cada uno.
“Creemos que esta es una cifra realista para el daño moral que les ha causado la administración”, concluyó Ruiz.
