Para no permitir que el gobierno indemnice a la empresa OAS con $45 millones por rescindir el contrato de la concesión San José – San Ramón, el Foro Nacional presentará una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Así lo confirmó ayer el abogado Álvaro Sagot quien explicó que el Código Procesal Civil prevé que pueda ser interpuesta una medida cautelar antes de ser presentada una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y en este caso usarán esa figura para evitar que el gobierno indemnice a esa empresa.
Agregó que el grupo jurídico del Foro estaba muy adelantado en la elaboración de la demanda, pero ahora se enfocará en la medida cautelar al trascender que fue el mismo gobierno quien le solicitó a la empresa informar cuáles eran sus pretensiones para anular el contrato de concesión de la ruta a San Ramón que provocó protestas e indignación popular.
Estima además que el monto de esa indemnización podría ser usado ya sea para construir la carretera en manos del Estado, para viviendas u otras necesidades.
Explicó que ya en el análisis de fondo se da por un hecho que el contrato es nulo por cuanto tiene muchas inconsistencias, por lo que el gobierno debería anularlo.
“No es que sea o no excesivo el monto. Puede ser hasta ¢10, no ese el asunto sino que el contrato está plagado de nulidades. La concesión es nula. Es irracional y fuera de la realidad. Por eso el Gobierno debería iniciar un proceso de lesividad y no pagarle nada a la empresa”, dijo el abogado.
“QUE LOS PAGUE LAURA CHINCHILLA”
El jueves OAS envió una carta al Concejo Nacional de Concesiones donde solicita se le paguen $45,9 pero no especifica los rubros que está cobrando.
Sumamente indignado reaccionó el legislador Walter Céspedes Salazar tras conocer la noticia: “Si hay que pagar por el finiquito, que lo paguen la presidenta Chinchilla, el Consejo de Concesiones, y todos los responsables de esa mala negociación.
El contrato con OAS debe ser anulado unilateralmente porque contiene muchos vicios de nulidad”, dijo el legislador.
La Defensoría de los Habitantes solicita públicamente al gobierno de la República que aclare las dudas existentes sobre la validez del contrato con OAS dirigiendo sus esfuerzos en la búsqueda de todos los elementos jurídicos que corresponden, como solución responsable en favor de los intereses del país.
Insistir en llegar a un mutuo acuerdo con un monto de $45,9 millones pretendido por la empresa concesionaria es una factura que Costa Rica no puede darse el lujo de cancelar por una obra no realizada, máxime en la situación de rezago de infraestructura en la que se encuentra el país, dijo esta tarde, la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
