Diario Extra - C.R. contará con política de alfabetización penal infantil

Este año se celebra el 25 aniversario de la creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, establecida en mayo de 1996, para ello, el Poder Judicial, por medio del magistrado Álvaro Burgos Mata de la Sala III, suscribió un decreto para crear una política pública que establezca la alfabetización en materia penal juvenil. Burgos es el primer magistrado propietario de la Corte con más de 30 años de experiencia en materia penal con adultos y con jóvenes y coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial. También es la primera vez que el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia tiene un integrante del Poder Judicial.
¿Qué lo hizo abocarse a la niñez y la juventud?
-Siempre me apasionó el derecho penal, la criminología, la psicología forense y cómo convergen todas estas disciplinas en el aspecto de la prevención del delito, que es algo fundamental, y el derecho penal juvenil es derecho penal aplicado a una materia. Dentro de los mitos que hay es que trabajar en materia penal juvenil es como una división menor, de mosquitos, como si cuando se comete un homicidio calificado, se va a tener un análisis más fácil por ser un menor de edad, en realidad se trata la misma teoría del delito, y además de esos parámetros, el que sabe de materia penal juvenil sabe más que cualquier penalista general, porque él que sabe de materia penal juvenil sabe la legislación jurisprudencial de adultos y además la especializada en materia penal juvenil.
¿Ha ido cambiando el tipo de delito en los jóvenes?
-La forma de interactuar de los chicos hoy es totalmente distinta, por eso delictivamente hablando se han incrementado cierto tipo de actitudes delictivas, todo lo que es ciberbullying, estafas informáticas, sexting, son cosas de ahora que antes no se imaginaban.
¿Qué edad establece la ley como delitos de menores?
-Antes de 1996 era de los cero años a los 17 años, durante 33 años tuvimos la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores. Luego de la reforma, tenemos la Ley de Justicia Penal Juvenil que cumple ya 25 años. Los grupos etarios se modifican y se establecen de los 12 a los 18 años, otro grupo de los 12 a los 15 años y otro de los 15 a los 18 años.
¿Y las sanciones?
-Para los que están entre los 12 a los 15 años, una sanción máxima de 10 años, pero si el joven tiene entre 15 y 18 años, la pena puede ser de hasta 15 años de cárcel. Esto no se compara con ninguna otra legislación, Costa Rica tiene de las legislaciones más duras del mundo. Ni en países como Colombia con problemas de narcotráfico, ni en México con sicariato, ni en Estado Unidos con problemas con niños matando gente, ni en Europa donde vemos a chicos participando en temas de terrorismo, las sanciones superan los 6 años.
¿Por qué la prevención es la clave?
-Desde el punto de vista doctrinario, el delito en los menores de edad se establece como una manifestación episódica, es decir algo que pasó, pero esperamos no vuelva a suceder nunca más y si no enderezamos esa rama desde ese momento, después es imposible, cuando alguien es cliente frecuente de la justicia penal juvenil. Esa es una visión mía de que si nosotros no llegamos primero, los malos van a llegar, entonces el momento en que hay que intervenir es en el momento de la niñez y la adolescencia. Hay que llegar primero. Hay una frase de don Elías Carranza, director emérito del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que sigue teniendo siempre vigencia: ‘La mejor política criminal es una buena política social’. Entonces no se le puede simplemente decir a la gente que sea buena y alcance sus metas, simplemente un motivador que diga que todo está bien, cuando luego pegan contra una realidad socioeconómica que los golpea.
Usted con el aniversario de esta ley logró concretar una acción formativa y de prevención, ¿de qué se trata?
-Es la primera vez que se materializa una acción de este tipo que para mí representa sin duda el aporte desde la prevención del delito en materia penal juvenil más importante en toda la historia del Poder Judicial, por medio del cual se materializa un sueño que tuve desde hace más de 25 años, cuando ideé lo que denominé la alfabetización preventiva en materia penal juvenil.
¿Qué significa esa alfabetización preventiva en materia penal juvenil?
-Es llegar a instruir a los menores de edad, no solamente sobre sus derechos, que generalmente es lo sexy, lo bonito, pero pocos tienen claro las responsabilidades de sus actos, más aún con una de las legislaciones más duras en el mundo, entonces esto es en guerra avisada no muere soldado.
¿Cómo se va a implementar?
-La idea no es hacerlo de forma esporádica como algunos lo hacemos, yo tengo 30 años de ir dos o tres veces, de forma gratuita por supuesto, a escuelas y colegios que me invitan a impartir clases de enseñanza preventiva en materia penal juvenil. Pero ahora se va a establecer como una política de Estado a través de la firma de un decreto ejecutivo donde se obligue a incluir en el calendario escolar del MEP, por lo menos un día al año en donde todos los operadores de la administración de justicia, organizaciones no gubernamentales, pensionados, sociedad civil, etc., de forma gratuita van a ir a las escuelas y colegios públicos y privados de todo el país a impartir estas charlas.
¿Qué día será?
-El día será el 25 de mayo, precisamente para conmemorar los 25 años de la ley que se dio un mes de mayo e iniciará a partir del 2022. Para mí esto es fundamental porque nosotros tenemos que invertir en prevención penal antes que lleguen otros a ofrecer otras cosas. Y esto llega en primera instancia a los muchachos, pero repercute en los educadores y en las familias de estos jóvenes.
¿Qué herramientas se aplican para dar estas charlas a los jóvenes?
-Los que trabajamos en esto usamos diferentes herramientas, puede ser una película, o llevar una persona que ha pasado por el sistema como un ejemplo de vida, dar una charla. Pero ese día estará bloqueada cualquier agenda para que se dedique exclusivamente para este fin. No va a costar un cinco y esto une porque el abordaje que se da es de manera conjunta, no aislada.
¿Su llegada a la Corte como magistrado fue fundamental para lograr concretar esta idea?
-Indudable. Uno puede ser muy activo a nivel de la academia, de la investigación y de la judicatura, pero no es lo mismo cuando uno está sentado en esos puestos y ahí es donde yo le doy gracias a Dios y uno ve la voluntad de Dios en las cosas que pasan, que no son casualidad. Y que en tampoco tiempo, en año y medio de mi llegada, se haya logrado algo así, y cuando tenga la oportunidad de jubilarme me iré tranquilo para la casa sabiendo que algo de esta magnitud y trascendencia para la prevención del delito en materia penal juvenil se logró.
¿Es una de las obras más importantes en su carrera?
-Digamos que yo pensaría, desde la perspectiva como magistrado de la Corte y coordinador de la Comisión Penal Juvenil, que es el aporte más relevante no solo mío sino del Poder Judicial para con la prevención del delito en materia penal juvenil. Y que hayamos tenido el apoyo de las autoridades del Gobierno con todo el respaldo, desde el inicio encontré un terreno fértil. Y desde que lo dimos a conocer he recibido llamadas y correos de todas partes de Latinoamérica y España queriendo replicar esta iniciativa en sus respectivos países. En materia penal juvenil somos un referente, por eso es que nos llaman y buscan de otros lados.
Esta iniciativa se implementará en el próximo gobierno. ¿Existe ese compromiso y deber de hacerlo?
-Se estableció una comisión interinstitucional que independientemente de quién sea el gobierno de turno, les dará continuidad a estas acciones y es de las cosas que nacieron para quedarse y fortalecerse a futuro.
¿Usted ha pensado que nuestra legislación en materia penal juvenil debe mejorar?
-Sí, hay cuestiones que tienen que ver con el abordaje de qué hacer cuando el muchacho sale de la cárcel. En Japón, por ejemplo, 6 meses antes de la salida de ese menor del régimen penal, ya están trabajando a dónde va a ir, con quién va a estar y qué va hacer. Eso incide en las posibilidades de reincidencia.
¿Y en el tema de las medidas cautelares?
-Mientras se amplió la detención provisional, lo que no se amplió fue las medidas cautelares no privativas de libertad que están establecidas en el artículo 87 de la ley de Justicia Penal Juvenil. Entonces, el mensaje que damos a los administradores de justicia es que lo mejor es que aplique una medida cautelar privativa de libertad, porque dura más tiempo, cuando la filosofía es lo contrario, que debe ser por excepción. Yo plantearía, entonces, que el plazo de las medidas cautelares no privativas de libertad sea por lo menos el mismo que existe para la prisión provisional de hasta 9 meses y no solo de 6 meses como está ahora.