La fiscalía de Pérez Zeledón no está de acuerdo en que cuatro sicarios estén en la calle por la falta de espacio en las cárceles del país, por lo que piden la medida más gravosa, prisión.
Tal como lo informó DIARIO EXTRA en la edición de ayer que un empresario de apellido Blanco, de 51 años, y tres hombres más (acusados de sicariato) fueron puestos en libertad por una jueza de apellido Valverde quien alegó el problema de sobrepoblación que vive el sistema carcelario y que por una cuestión humanitaria no podían estar tras las rejas.
Édgar Ramírez, fiscal de Pérez Zeledón, mostró su preocupación por la decisión tomada. “Nos toma por sorpresa y lo asumimos con mucha preocupación donde es el primer antecedente de sicariato que tenemos en la zona, la investigación dentro de los plazos que se requiere. Tenemos un testigo de la corona que facilitó toda la información para lograr la detención de estas personas y con la resolución que pone en libertad a todos los imputados pone en riesgo a esta persona”, explicó.
Ramírez agregó que se respeta la independencia judicial, pero no comparten el alegato donde se dan razones como por la sobrepoblación carcelaria, eso no le compete al Ministerio Público.
JUEZA SE SACUDE
Por su parte, la jueza Valverde, mediante un comunicado de prensa que envió a través de la asesora legal del departamento de prensa de la Corte, manifestó los argumentos que la llevaron a tomar la decisión de dejar en libertad a dos personas de apellidos Prado y Araya, quienes figuran como imputados en una causa por el delito de tentativa de homicidio, éstas fueron: hacinamiento carcelario, ambos imputados tenían once meses de estar en prisión preventiva, la causa se encuentra con auto de apertura a juicio; uno de ellos presenta una afectación de salud y requiere atención médica. Se valoraron los peligros procesales en esta etapa y se consideró que con medidas cautelares se les puede sujetar al proceso.
La víctima es un ingeniero municipal identificado como Álvaro Barrantes Leiva, tuvo que abandonar Pérez Zeledón, cambiar sus hábitos de vida y de trabajo lo que lo pone en alto riesgo y es que, según el fiscal, lo que les preocupa es cómo se manejó la situación.
El 7 de junio del año 2012 se hizo la acusación y se elevó a juicio donde se coordinó para que se llevara antes de que se cumpliera el año de prisión preventiva.
Según el Ministerio Público, el caso fue planificado y organizado, donde participaron varias personas y se logró vincular al actor intelectual, o sea, al que contrató y financió a los gatilleros para acabar con la vida de la víctima. El 3 y 4 de julio se llevará a cabo el juicio contra los cuatro sospechosos de atentar contra Barboza.
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CRÉDITOS: Foto: Elías Alvarado, corresponsal.
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Jueves 30 Mayo, 2013
HORA: 12:00 AM
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