Muchos procesos sin resolver y largos plazos para el dictado de la sentencia y revisión de las apelaciones en segunda instancia, así como distribuciones inequitativas de las cargas de trabajo, son algunas de las deficiencias detectadas en los juzgados de familia y de pensiones alimentarias que afectan la gestión del Poder Judicial en la atención de los casos.
Estas son algunas de las conclusiones de la Contraloría General de la República tras llevar a cabo una reciente auditoría operativa sobre la gestión de ese poder de la República en cuanto a la oportunidad de prestación del servicio público de la administración de justicia de los juzgados de familia y de pensiones alimentarias.
De acuerdo a la entidad fiscalizadora del Estado, el Poder Judicial en el tema en cuestión está quedado porque en materia de gestión de estos juzgados apenas recibió una calificación promedio de 55,66%, posicionándose en la categoría de “Acciones Inmediatas de Mejora”.
A criterio de la Contraloría, los resultados del informe Dfoe-PG-IF-00002-2020 brindan información sobre la gestión de los 28 juzgados de familia y de los 77 juzgados que atienden los procesos de pensiones alimentarias, lo que constituye un insumo para el análisis y toma de decisiones por parte del Poder Judicial.
NI REATROALIMENTACIÓN,
NI SEGUIMIENTO
El ente contralor determinó que en la gestión del Poder Judicial existe una diferencia en cuanto al modelo de organización que se aplica en los despachos que atienden dichos temas, lo que incide en la prestación del servicio público de administración de la justicia, desde una perspectiva de aseguramiento de la continuidad, eficiencia y adaptación al cambio.
“(…) de acuerdo con los resultados de esta auditoría, se determinó que no se realiza retroalimentación y seguimiento de manera periódica y oportuna sobre la gestión de todos los juzgados de familia y de pensiones alimentarias, que permita establecer mecanismos que mejoren la gestión de dichos juzgados a través de acciones que prevengan la ocurrencia de eventos que incidan en la buena prestación del servicio y sean corregidos oportunamente, dichos procesos se circunscriben a un análisis de los resultados de los indicadores de gestión de cada juzgado, en el que no se consideran aspectos cualitativos que profundicen en las causas reales de los factores que inciden en la gestión de los juzgados”, señala la Contraloría.
En este punto las debilidades en cuanto a los procesos de retroalimentación y seguimiento de la gestión de los despachos de familia y de pensiones alimentarias, a criterio del ente contralor, se deben a la ausencia de políticas que definan con claridad los mecanismos y las acciones para implementar dichos procesos.
“Las debilidades en la gestiónn del Poder Judicial que impactan en la oportunidad de la prestación del servicio público de administración de la justicia en los juzgados de familia y de pensiones alimentarias limitan e inciden en el cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida”, agrega en el informe.
PODER JUDICIAL DEBE…
Por eso a Fernando Cruz, presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, se le ordena que defina e implemente rangos de duración de los procesos judiciales de familia y de pensiones alimentarias basados en datos que consideren como mínimo las particularidades de cada juzgado, asimismo, que diseñe y establezca formalmente la herramienta de “libro de pase a fallo”, con el objetivo de contar con un mecanismo estandarizado para todos los juzgados que facilite el control del cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa.
“Además, que establezca e implemente instrumentos que faciliten la distribución de las cargas de trabajo a partir de parámetros técnicos y estadísticos en los que se considere el personal respecto del circulante que maneja el juzgado, y que, diseñe e implemente procedimientos relacionados con los procesos de retroalimentación y seguimiento de la gestión de los juzgados de familia y de pensiones alimentarias”.
OTROS HALLAZGOS
•Casos pendientes de resolver con un atraso de 33 meses o más.
•Juzgados de familia con procesos que llevan entre 3 y 26 meses.
•Juzgados de pensiones alimentarias que duran hasta 20 meses en dar respuesta.
•Juzgados de familia en los que desde el momento del fallo del juez hasta el dictado de la sentencia transcurrieron hasta 136,22 días.
•Despachos de pensiones alimentarias que asumen 952 expedientes por año en un rango de 190 hasta 2.390.
Fuente: Dfoe-PG-IF-00002-2020 de la Contraloría General de la República.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Martes 10 Marzo, 2020
HORA: 12:00 AM
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