Invasión a la privacidad… ¿algo nuevo?

Tinta con sentido

En mi artículo anterior, hice referencia al daño tan grande que se le ha hecho a la institucionalidad cuando se ha abusado del discurso moralista, cuando el mensaje virtuoso enfrenta a la realidad y la verdad se abre camino entre palabras vacías.
No sin razón hoy se pone en duda la necesidad de tener una unidad de investigación, la desconfianza que han sembrado contra todos los funcionarios, hace dudar sobre el propósito y la intención de crear una instancia que, unida a otras medidas como la intención de eliminar el secreto bancario, hacen que se enciendan muchas alarmas.
Pero vayamos por partes, una unidad de inteligencia es necesaria en todo Estado para poder alertar a las autoridades sobre movimientos o grupos delincuenciales que puedan atentar contra el país, sus instituciones, su estabilidad y sus ciudadanos. Como también es cierto que las llamadas escuchas, debidamente justificadas ante un juez de la Republica, son necesarias para investigar la delincuencia. Pero esto es muy diferente a recabar, en computadoras personales, datos de embajadas, iglesias o ciudadanos.
La ciudadanía hoy está preocupada y exige tener la certeza de que su derecho a la intimidad está protegido, que sus datos están debidamente resguardados, que quienes tienen acceso la información en bancos, instituciones del Estado o bases de datos son personas íntegras, serias, conscientes de la grave responsabilidad que tienen en sus manos y que, en caso de filtraciones, habrá responsables en el campo penal o civil.
Siendo diputada en la Asamblea Legislativa, presenté una denuncia formal para que se investigara quién tenía el poder de intervenir el teléfono de un miembro de los supremos poderes, pues cuando llamaba de mi casa a mi oficina en el Congreso me contestaban en la casa del entonces diputado Luis Fishman… y no, no se trataba de un número equivocado pues ocurrió más de una oportunidad. Recordé entonces otros extraños episodios en que las escuchas fueron evidentes.
Durante el desarrollo de los hechos que llevaron al juicio Caja-Fischel, era común descolgar mi teléfono y sin siquiera marcar, la llamada entraba automáticamente a la oficina de mi abogado, más que un teléfono parecía un walkie talkie. Pregunté si había una orden judicial de por medio y, al igual que en la denuncia de la Asamblea, nadie me dio una respuesta satisfactoria y nadie fue sancionado. Sonidos e interferencias delataban la presencia de un escucha. En mi libro “Sin derecho a la ley”, doy cuenta de cómo se violó mi caja de seguridad en el Banco Nacional, sin orden judicial ni explicación que justificara dicho acto. No sé qué buscaban, no sé qué pensaban encontrar, pero me queda claro que desde entonces hay quien tiene el poder de entrar a los bancos del Estado, violar reglas y protocolos y salir impune.
Es evidente que la violación a la privacidad lleva operando un buen rato en nuestro país y que, a diferencia de hace unos años, hoy hay un temor y una mayor consciencia de la ciudadanía sobre el peligro que representa para nuestra democracia aceptar como normales estos abusos.
Los errores cometidos pueden tener una justificación, pueden ser tan solo eso, errores, pero nos enseñaron a desconfiar y las acciones emprendidas, por desgracia, se parecen mucho a aquellas que se han puesto en marcha en otras latitudes para establecer regímenes totalitarios y violatorios de los derechos de los ciudadanos.
Las teorías de la conspiración, por otro lado, están a la orden del día, escuché por ahí que ponernos hablar de una oficina fallida y sus posibles alcances es un buen distractor para olvidarnos de temas como las estafas al Tribunal Electoral y su principal actor, el desempleo o la fragilidad de nuestra economía. Sí, pero también es verdad que muchos se han levantado sobre estos abusos sin mayores consecuencias y hay que señalarlo una y otra vez para evitar que se vuelva costumbre.

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Sábado 29 Febrero, 2020

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Gloria Bejarano Almada