La Asociación Universidad de La Salle presentó una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Dentro de los planteamientos que el centro de estudios plantea es que esta acreditación tiene carácter obligatorio para las universidades, sin que se pueda optar por sacarla en otro lugar del mundo, como sucede en otros países, creando un monopolio que le permite a la organización cobrar altas sumas de dinero que de no pagarse dejan en desventaja a estos centros educativos y los profesionales que forma.
“Si la Universidad no acredita ante el Sinaes todas las carreras que imparte, los profesionales egresados estarán en evidente desventaja respecto del resto de estudiantes universitarios del país, porque nunca serán contratados por la Administración Pública; no serán calificados en condiciones de igualdad en ningún concurso de antecedentes para llenar plazas vacantes porque por mandato legal serán elegidos para puestos en la Administración Pública únicamente profesionales egresados de carreras universitarias acreditadas por el Sinaes”, indica en curso de la acción presentado por el vicepresidente de este centro de estudios superior, José Julián Ruiz Monzón.
ACREDITACIÓN SÍ, SINAES NO
Rafael Ángel Pérez, vicerrector académico, explicó a DIARIO EXTRA que la Universidad no está en contra de la acreditación, sino que sea únicamente un ente el que acredite y que por ello se tenga que pagar un monto tan excesivo. En el caso de este centro educativo, el costo es de $212 mil por las cuatro carreras que ofrece.
Además, no se reconoce si la casa de estudios cuenta con otra acreditación como la del sistema de acreditación de las universidades privadas (Supricori)
“La Universidad De La Salle se opone rotundamente a la odiosa discriminación que produce la aplicación del artículo 4 de la Ley No.8256, reformado por la Ley 8798, del Sinaes; por medio de los cuales, los profesionales graduados de las carreras acreditadas, tendrán prioridad en los concursos y nombramientos en la Administración Pública, colocando en desventajas a los egresados de las Universidades Públicas y privadas cuyas carreras no se afilian al citado sistema de acreditación”, comentó Pérez.
En este momento, la acción se encuentra en estudio y serán los magistrados los que decidan sobre la legalidad o no de esta normativa.
