La contralora general Marta Acosta Zúñiga encaró y salió en defensa de la orden emitida, en diciembre anterior, por el área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (CGR).
En dicha orden se le indicaba a la Corte Suprema de Justicia que debe ajustarse a las nuevas premisas salariales contempladas en la reforma fiscal.
En específico, se trata de una reducción en lo que lo que corresponde a los pluses e incentivos salariales, es decir, que se apliquen los porcentajes establecidos en el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La contrarrespuesta de Acosta obedece a la decisión de los magistrados de no aceptar la orden emitida, por el contrario, estos le ordenaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, tomar las acciones y mecanismos legales correspondientes ante la Contraloría para que en el tercer poder de la República se sigan pagando, de manera porcentual, los pluses e incentivos.
Mientras que en el Poder Judicial aseguran que la orden fue emitida “por jerarquías de tercer nivel”, Acosta -en su calidad de contralora- fue enfática al indicar que el documento emitido por el Área de Fiscalización en diciembre anterior “cuenta con el respaldo del despacho de la contralora general”.
“La orden girada por la Contraloría General de la República al Poder Judicial se da dentro del marco de una auditoría en curso en el Área de Fiscalización de Públicos Generales, actualmente a cargo de la gerente doctora Falon Arias Calero, según las competencias internamente asignadas y, como toda actuación institucional de esta naturaleza, cuenta con el respaldo del Despacho de la Contralora General”, reafirmó Acosta.
Sobre el tema, la contralora mencionó que “la eventual interposición de recursos ante esta sede impediría referirse a aspectos propios del fondo en este momento”
Asimismo, Acosta fue enfática al indicar que “dicha orden se ajusta a los términos utilizados para los sujetos pasivos de nuestra fiscalización y, el Poder Judicial, como cualquier otra administración pública, cuenta con las vías legales pertinentes para procurar su revisión, incluida la posibilidad de plantear recursos administrativos”.
PRESIDENCIA BLANDA
Contrario a la postura de la Contraloría, desde Casa Presidencial se mostraron blandos ante la determinación de la Corte.
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, dijo que respetaban la independencia de poderes y que debido a ello solo podía indicar que la ley fiscal debe de ser pareja para todas las instituciones.
Hizo un cauto llamado a la consolidación fiscal y a la necesidad de continuar la ruta para que las finanzas del Estado se estabilicen.
Ante la consulta de DIARIO EXTRA sobre si lamentaba la posición de los altos jueces, Morales optó por no utilizar calificativos.
Reiteró la necesidad de que la reforma fiscal sea asumida por las instituciones sin importar el poder en la que se encuentren o el régimen que las cobije.
La Presidencia descartó solicitar alguna reunión con la Corte Plena tras la decisión de este lunes. “Nosotros impulsamos la reforma fiscal y desde luego trabajamos y respaldamos todas las iniciativas y acciones orientadas a su cumplimiento. Nosotros creemos que esta legislación debe de aplicarse y en ese sentido y pese al marco del respeto en cada uno de los poderes del Estado, creemos que el propósito fundamental en este año 2020 tiene que ir orientado que cumplamos con la legislación en cuestión. Creemos que todos los poderes del Estado estamos obligados o nos compete a ajustarnos a esa normativa (la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
LO QUE NO QUIERE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL
“(…) en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, normadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y ordinales 4 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428, se ordena al señor Fernando Cruz Castro en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia o a quien en su lugar ocupe el cargo:
a) Hacer del conocimiento de los miembros de la Corte Plena la emisión y contenido de la presente orden.
b) Girar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nº 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma, para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de la fecha de incorporación, así como definir los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento”.
Fuente: DFOE-PG-0739, Contraloría General de la República.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 08 Enero, 2020
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