Diario Extra - Recogen firmas contra alza salarial de magistrados

Un grupo de jueces y funcionarios judiciales, cansados de lo que llaman son abusos que se producen en la cúpula de la Corte, iniciaron una campaña en redes sociales para pedir a los costarricenses que sumen su firma a una petición que busca frenar el aumentazo salarial que se recetaron 46 miembros de la cúpula del Poder Judicial, la mayoría de estos magistrados.
Mediante la página change.org (http://chng.it/HfxTmLbdcb), usted puede sumar su firma. Hasta el momento, 4.676 personas ya lo han hecho.
“Nuestra sólida democracia se basa en los tres poderes de la República. El Poder Judicial tiene la misión de administrar justicia para todos, sin excepciones. No se trata de un órgano autárquico (es decir, que depende sólo de sí mismo) sino que forma parte de la concepción del Estado, teniendo además sus límites y obligaciones. Mediante su firma apoye las acciones que realizan funcionarios honestos del Poder Judicial y diputados de la Asamblea Legislativa para eliminar ese privilegio salarial”, indica el comunicado que explica el motivo de la solicitud.

EL AUMENTO

En 2008 y 2010, los magistrados aprobaron acuerdos administrativos para recetarse un jugoso aumento salarial que se incorporó a sus salarios base.
El incentivo incrementó el salario de esos altos funcionarios entre un 10% y un 58%, dependiendo del cargo. Para 2010, ese plus dejó de ser un sobresueldo y se convirtió en un componente del salario base, lo que en algunos casos volvió a subir algunas remuneraciones en un 25%.
Además de los 22 magistrados propietarios, se vieron beneficiados con ese aumento otros 24 jerarcas, como miembros del Consejo Superior, directores y subdirectores de diferentes departamentos de la Corte, el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, además del jefe y subjefe de la Defensa Pública, así como la cabeza de la Fiscalía General.
El incentivo salarial significó, solo para magistrados, un aumento del 35% de su salario. Por ejemplo, en el caso del presidente de la Corte, pasó de un salario base de ¢1.299.400 a ¢1.755.000, una diferencia de ¢456.600 adicionales y para un magistrado el incremento en el salario base fue de ¢416 mil (ver recuadro).

RESOLUCIÓN SALA IV

En 2017, los jueces de trabajo Silvia Elena Arce y Armando Elizondo interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra el aumento.
El pasado 18 de diciembre, la Sala IV rechazó dicha acción al considerar que el ajuste salarial estipulado en los acuerdos impugnados no violenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Además del análisis de los magistrados, el fallo se basó en un informe de la Procuraduría General de la República, que adujo en octubre de 2017 que el aumento salarial para la clase gerencial de la Corte “fue adoptado con base en estudios técnicos, preparado por órganos especializados del Poder Judicial”.
El pronunciamiento también señaló que los acuerdos “no infringen el bloque de legalidad ni de constitucionalidad”.
El órgano procurador también había considerado que el aumento no violó los principios de confianza legítima, de legalidad de discrecionalidad y de interdicción de la arbitrariedad.
La Sala IV también se basó en informes de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Departamento de Personal del Poder Judicial y la Procuraduría de la Ética Pública.
Según explicaron, en dichos informes quedó claro que los acuerdos no rozan los principios alegados.
El tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente en ejercicio de la Sala IV), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y la magistrada suplente Marta Esquivel Rodríguez, como instructora del caso.
“Recordémosles a los 7 señores magistrados cuál es su lugar dentro de la democracia costarricense y que no incluye juzgar para su beneficio”, cierra el comunicado de la petición.