Leyes con contenido presupuestario

EDITORIAL

Este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz Castro, hizo una reflexión respecto a un asunto vital a la hora de elaborar algún proyecto de ley: el contenido presupuestario.

Cuando un legislador, el Poder Ejecutivo, o cualquier ciudadano tiene como objetivo proponer una iniciativa que requiere generar una inversión por parte del Estado, es necesario que el plan contenga la explicación sobre el medio por el cual se obtendrán esos recursos.

En palabras más sencillas, no es de recibo que se ideen planes como construir una carretera, contratar más personal o un centro de capacitación sin señalar cómo el Gobierno costeará la propuesta en cuestión para convertirla en realidad.

Los proyectos sin contenido presupuestario no deberían siquiera ver la luz del día, pues generan que las deterioradas finanzas del Estado permanezcan en una espiral cada vez más difícil de costear.

Este año, pese a los esfuerzos de la Administración por resolver la materia fiscal, el déficit cerrará en un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Eso es como si en una empresa se gastara mucho más de lo que le ingresa anualmente. Difícilmente esa compañía pueda mantenerse en el tiempo.

De forma similar ocurre con la caja chica del Estado, y si bien muchos de esos números rojos tienen que ver con el despilfarro que por años imperó en la Administración, tampoco se resuelve nada subiendo los impuestos si los evasores no pagan y los diputados insisten en generar leyes para las cuales se deberá buscar fondos de donde no hay con el fin de cristalizarlas.

Un reciente estudio del Programa Estado de la Nación señala que, en el año 2013-2014, los diputados aprobaron un 55% de leyes sin contenido presupuestario.

En otras palabras, hablamos de los proyectos que se anuncian como la pomada canaria, pero que en la práctica no tienen cómo ejecutarse porque no hay dinero para financiarlos.

Esta práctica no es reciente, el mismo informe arroja que, entre 2010-2011, se aprobaron 63,8 % de leyes sin contenido presupuestario; en la legislatura 2011-2012, el 68%; para 2012-13, un 53,4%.

Y más hacia atrás la realidad era esa misma: entre 1991 y 2014, la mayoría de normativas aprobadas no decían cómo se iban a financiar.

Esta realidad ha contribuido al aumento del endeudamiento público, lo cual hoy lleva al Gobierno a que uno de cada tres colones del Presupuesto de la República se destine al pago de deuda.

Un ejemplo de esa irresponsabilidad es la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, número 9736.

Dicha normativa, que responde a un requisito más que Costa Rica debe cumplir para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene como principal objetivo remozar la Comisión para la Promoción de las Competencias (Coprocom).

También da mayores herramientas a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en su tarea para resguardar los mercados de prácticas anticompetitivas, la promoción de la competencia y la libre concurrencia.

Sin embargo, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reconocieron que los recursos para hacer efectiva la ley deberán salir del presupuesto ordinario de la institución, ya que no hay fuentes para financiar dicho modelo pedido por la OCDE.

Cálculos arrojaran que, contando salarios y otros gastos administrativos, la nueva ley supondrá ¢2.368 millones por año, en otras palabras, más deuda.

Costa Rica no puede seguir alcahueteando más cosas que no puede pagar. Si usted no cuenta con dinero para comprarse el teléfono celular última generación, solo tiene dos opciones: enjaranarse y pasar irresponsablemente la tarjeta de crédito o actuar de modo juicioso y aguantarse las ganas.

Otra opción que tendría esa persona, al igual que los diputados o el Poder Ejecutivo, es buscar una manera responsable de financiación.

Para seguir con el ejemplo, ese individuo podría ponerse a vender apretados y empanadas con tal de financiar su nuevo teléfono y, en una visión más macroeconómica, se pueden gravar productos que consumen las clases sociales más ricas, o buscar otras maneras de conseguir la plata, distintas del endeudamiento.

La sanidad de las finanzas públicas es tan importante como mantener la paz y el Estado social de derecho. Se trata de una garantía de la democracia y una responsabilidad que deben de tener todos los funcionarios, especialmente los que se encuentran en puestos claves para la sociedad.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Miércoles 11 Diciembre, 2019

HORA: 12:00 AM