Sigue el estrujamiento
Marvin Herrera Araya
En las entrevistas que reporteros de los medios hacen a la gente, es frecuente escuchar: “A este Gobierno solo le falta poner impuestos al aire que respiramos”, “La plata no nos alcanza” y “Si comemos una cosa dejamos de comer otra”. Estas expresiones de gente del pueblo reflejan crudamente el estrujamiento continuo de este Gobierno sobre los golpeados bolsillos de los costarricenses de ingresos medios y bajos. ¿Hay voracidad fiscal en este Gobierno?
El BCCR anunció que no fabricará más monedas de cinco colones, porque el valor de acuñar cada moneda es mayor al de la misma moneda. Ya se ha dicho que, si en el precio de artículos se redondea hacia arriba, gana el comerciante, a costa del consumidor, y si se redondea hacia abajo, gana el consumidor y pierde el comerciante. Otro ejemplo de que en el actual gobierno prevalecen costos administrativos sobre el bien de las personas; por ello, no le importa exprimir los vacíos bolsillos de los ciudadanos. También, trasciende que el BCCR ignora el planteamiento de Aresep, centrado, primordialmente, en la afectación a los usuarios de buses.
Adiciónese el impulso que el PAC, con apoyo de la Casa Presidencial, le da al proyecto de ley para gravar con el 1,5 % el precio de los servicios de cable o satélite y las plataformas digitales que programan películas, afectando a más de 800 mil familias. Esto después del “paquete tributario”. De nuevo, ¿voracidad fiscal?
El estrujamiento de las finanzas familiares, a manos de este gobierno, que actúa en contra del anhelo de los costarricenses pobres y de ingresos medios de elevar su nivel de vida, se acrecienta al proponer duros golpes a los ahorros de los trabajadores afiliados a las Asociaciones Solidaristas, creadas mediante la Ley 6970, del 7 de noviembre de 1984. Ley que tuve el inmenso honor de respaldar en el Plenario de la Asamblea Legislativa y darle mi voto afirmativo, convencido de las bondades de estas asociaciones en el marco de la democratización de la economía costarricense y por conocer las ventajas personales y familiares que esta ley consolidaría.
El presidente Carlos Alvarado Quesada ignora -un verbo que calza bien a las decisiones de Zapote- el Artículo 6, de la ley precitada: “El Estado procurará el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones solidaristas”. No dice desfinanciarlas ni limitarles sus potestades de gobierno y administración.
Olvida este Gobierno que el solidarismo se inspira en la humana actitud de ser solidario con las necesidades de sus semejantes y por eso, voluntariamente, ahorra con otros trabajadores para satisfacer, bajo el fraterno y solidario alero del solidarismo, sus propios requerimientos de vivienda, educación, recreación… y de sus compañeros de trabajo, así como justas aspiraciones de mejorar sus condiciones socioeconómicas, de vivir dignamente, amparados a una ley promotora de armonía, cooperación y unión, justa y pacífica, entre trabajadores y entre estos y sus patrones. Ignora el presidente Alvarado este esfuerzo económico de patrones y trabajadores para crear estas asociaciones -importante cuerpo intermedio de nuestra Sociedad Civil organizada- cuyo gobierno y administración están exclusivamente en manos de los trabajadores. ¿Por qué disminuir sus ámbitos de bien personal, familiar y colectivo, si se trata de un patrimonio propio?
Lo anterior me lleva a recordar el principio de subsidiariedad que pregona el socialcristianismo. Tomo parte de lo escrito por Fernando Muñoz León, en su artículo: “Principios rectores del orden social e igualdad de oportunidades”.
“El fundamento último de la subsidiariedad es la primacía de la persona humana, que radica en su dignidad. El hombre es digno por cuanto es un bien en sí mismo. El Estado, en cambio, es útil por cuanto es un bien que sirve para lograr otros bienes. Así lo resume el jesuita Alberto Hurtado: ‘El Estado no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de la nación, esto es, de la comunidad. Debe, por tanto, respetar las libertades individuales y los derechos compatibles con las exigencias del bien común’. La subsidiariedad ha cumplido un papel muy importante en orden a recordar a las sociedades modernas el papel que debe asumir el Estado en la búsqueda del bien común. Ella nos dice que, en cada ámbito de la sociedad donde el Estado asume un rol protagónico, ‘el peligro de absorción estatal es realísimo. El Estado tiende a substituir a los particulares, a los cuales debe estimular, pero jamás absorber ni reemplazar’”.
Bajo este principio socialcristiano de subsidiariedad debe entenderse que el Estado ejecuta una labor orientada al bien común solo cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente y pide al Estado abstenerse de intervenir allí donde los grupos o sociedades más pequeñas que aquel pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos. Y este el caso de las Asociaciones Solidaristas.
