Los congresistas de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron este martes el expediente 21.117, el cual busca establecer topes a las comisiones que hoy se cobran a los comercios por tener un datáfono para que la gente pueda pagar con una tarjeta.
Según cifras que se dieron a conocer en dicha junta, por año en comisiones de este tipo se generan más de ¢238 mil millones, que pagan tanto los comercios como los consumidores.
Siguiendo la recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), los legisladores le otorgaron la responsabilidad de establecer las comisiones máximas al uso de datáfonos al Banco Central.
La recomendación que no siguieron los parlamentarios fue sólo fijar un tope a la comisión de intercambio (que se le paga al emisor del plástico en cada transacción) y dejaron abierto para regular el porcentaje de adquirencia y de la marca de la tarjeta.
El proyecto ordena al Central “regular las comisiones máximas cobradas por los proveedores de servicios a sus usuarios” y establece que esta entidad oriente esta acción “sobre los principios de competencia, accesibilidad, bancarización, publicidad, gradualidad, inclusividad y transparencia, en procura del interés público y con sujeción a las mejores prácticas de mercado”.
Bernardo Alfaro, superintendente general de Entidades Financieras, pidió que esa regulación fuera gradual, ya que un análisis de la Sugef arrojó que una reducción de un 25% en las comisiones de intercambio y de adquirencia de los bancos públicos generaría una baja promedio del 44% en las utilidades de esas entidades en 12 meses. En los privados sería en promedio del 28%.
El proyecto no habla de porcentajes y delega al Central esa tarea.
POR LA LIBRE
Los diputados buscan con este proyecto en principio ayudar a pequeños comercios y pymes para que no tengan que pagar altas comisiones por el uso de datáfonos y por consiguiente también a los consumidores.
Según el oficialista Welmer Ramos, principal impulsor de la iniciativa, esos porcentajes se encuentran por la libre, mientras que en países europeos son regulados y radicalmente más bajos.
“Estas comisiones se habían definido en 1992 por medio de un acuerdo entre banqueros y llegaban a ser de hasta el 7%, mientras en Europa tienen un límite del 0,30%. Con este proyecto de ley los comerciantes tendrán menos costos y, por ende, podrán reducir los precios de sus productos en favor de los consumidores, al igual que para competir en el mercado. Si tenemos pymes competitivas y a los clientes les alcanza la plata, reactivaremos nuestra economía”, indicó Ramos.
SANCIONES
El texto del plan establece que las comisiones serían determinadas y revisadas anualmente por el Central, quien además tendría la potestad de solicitar la información que sea necesaria a los bancos, compañías de tarjetas, negocios y tarjetahabientes, así como imponer sanciones a quienes no se ajusten a los porcentajes establecidos.
Se determinan tres tipos de sanciones: “leves”, cuando se retrase la información solicitada o se remitan datos inexactos, pero que no impidan la labor del Central para cumplir con la ley. Aquí la multa sería de uno a diez salarios base, es decir de ¢446.200 a ¢4.462.000.
“Grave”, cuando los datos suministrados (incompletos o inexactos) causen un perjuicio grave a la labor del Central para cumplir con la ley. La sanción sería de once a cincuenta salarios base, es decir de ¢4.908.200 a ¢22.310.000.
Y “muy graves”, cuando entreguen datos falsos y exista resistencia o sea habitual excusas falsas para entregar la información requerida. La multa sería de cincuenta y uno a cien salarios base, es decir de ¢22.756.200 a ¢44.620.000.
Pero las multas más fuertes serán para quienes incumplan las tasas máximas que establezca el Central:
a) Con el pago de una multa equivalente al cobro en exceso que haya realizado y nunca menor a doscientos salarios base (¢89.240.000).
b) Con la publicación en dos diarios nacionales, en una página completa y durante tres días consecutivos, de la sanción y los motivos que sustentan su aplicación. Esta publicación estará a cargo del Banco Central de Costa Rica y todos sus costos deberán ser cubiertos por el infractor.
Adicionalmente, el infractor deberá devolver a los afiliados todas las sumas cobradas que excedan las comisiones máximas autorizadas por el Central, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la imposición de la sanción a la cual se refiere el artículo.
El proyecto pasa ahora al plenario a la espera si recibe mociones de modificación vía 137 del reglamento.
DIPUTADOS REACCIONAN
• Roberto Thompson
PLN
“No existía legislación que diera un marco jurídico a la forma en que deben establecerse los máximos y mínimos, este proyecto salda esa deuda y compete al Banco Central a través de un estudio técnico realizar la fijación de los parámetros que van a regir en adelante, hablamos de transacciones cercanas a los ¢6,8 billones anuales lo que implica un promedio de ¢238 mil millones en comisiones durante el año que provienen del consumidor y del comerciante, que afectan principalmente a los pequeños”.
• Pablo Abarca
PUSC
“En general me parece que es importante que se revise cuáles son las funciones que se le darían al Banco Central y cuáles se le quitarían o dejarían al MEIC, me parece que eso no está aún contemplado, pero el dictamen es un tema fundamental para dar un respiro a los pequeños y medianos comercios del país, me parece responsable delegar esta función al Central”.
• Welmer Ramos
PAC
“Esto será un alivio en el precio de los bienes que pagan hoy los costarricenses y también para los costos de muchas pequeñas empresas que hoy pagan comisiones del 4,5% y hasta el 7%. Esperamos que muy pronto sea aprobado por la Asamblea Legislativa y que la plata le alcance a la gente, que es la lucha que tenemos en disminuir precios abusivos”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 23 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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