Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron el pasado 16 de setiembre solicitar a la Asamblea Legislativa una prórroga, por un año más, para suspender la entrada en vigencia de la Ley 9609, conocida como Código Procesal Agrario, debido a que no existen los recursos para su implementación.
A finales de julio del 2018 los diputados aprobaron este proyecto de ley y el presidente Alvarado lo firmó el 27 de setiembre de ese año. En principio dicha reforma debería entrar en vigencia en este mes de octubre, pero la solicitud es para posponerla hasta octubre del 2020.
A pesar de que las promotoras de esta iniciativa, la exmagistrada Carmenmaría Escoto, entonces presidenta de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y Agroambiental, y la jueza Damaris Vargas Vásquez, coordinadora del Proyecto de Modernización de la Jurisdicción Agraria, insistieron en que la reforma no implicaría grandes gastos para el Poder Judicial, un informe del Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria (CNJA), con fecha del 19 julio de este año y suscrito por el 80% de los jueces agrarios, pidió a los magistrados la prórroga y la revisión total del código alegando incluso posibles vicios de constitucionalidad.
“Conformar una Comisión Revisora del Código Procesal Agrario, dentro del plazo de tres meses, para analizar y proponer la necesaria reforma de algunas normas que, en función de las circunstancias y limitantes actuales, por la carencia de recursos y la estructura actual de los órganos judiciales en todas las instancias, aumentaría la mora judicial y generaría un efecto negativo en la percepción ciudadana con respecto a las mejoras que se supone les debería traer la reforma”, indica una recomendación de dicho informe.
En el acta de la reunión de jefes de fracción del Congreso con fecha del 21 de junio del 2018, donde Escoto y Vargas comparecieron ante los legisladores para impulsar la aprobación de la reforma, ambas funcionarias insistieron que la reforma no requería recursos adicionales.
“Quiero hacerles saber que, para la jurisdicción agraria, para el Poder Judicial, este Código Procesal no genera ningún gasto y me atrevo a decirlo con los documentos que adjuntamos, porque a raíz de que la Ley de Jurisdicción Agraria establece desde el año 1982 que deben de contar asistencia técnica gratuita las personas agrarias, agricultores de escasos recursos, se cuenta con la totalidad de la defensa técnica gratuita especializada, a nivel nacional. Se cuenta con juzgados agrarios en todo el país; se cuenta con espacios, porque nosotras y los demás juzgadores defensores agrarios y defensoras también somos itinerantes y vamos al lugar de los hechos, donde sea, al campo, a la montaña, a las fincas y no necesitamos de oficinas, de ahí que no genere mayor gasto”, comentó la entonces magistrada.
“Con esto quiero hacerles un planteamiento general de que en realidad este proyecto no genera costos de implementación, nosotros ya hemos venido trabajando en la institución con eso, de manera tal que si entrara en vigencia de una vez lo podríamos aplicar sin ningún inconveniente”, dijo por su parte la jueza Vargas.
La Corte para el presupuesto del año 2020 intentó incluir poco más de ¢727 millones para la reforma, pero este y otros recursos para otras leyes más fueron rechazados por Hacienda para poder cumplir con la regla fiscal.
MÁS FALENCIAS
Pero según el informe de la CNJA, a la fecha solamente se ha impartido un curso informativo general. “En materia de capacitación no se han visto resultados tangibles que permitan asegurar que la totalidad de la jurisdicción agraria está capacitada para enfrentar la reforma procesal”, detalla el documento.
No se ha hecho un estudio sobre el impacto en el aumento de las audiencias orales, como indica la reforma, ni se ha tomado en cuenta las agendas de los juzgados.
“Por todos es conocido el sensible impacto que genera en las personas usuarias el que se le notifique señalamientos a muy largo plazo, pues ello lo perciben como una contradicción con la publicitación de una reforma que se supone acortaría los tiempos”, señala el informe.
Se indica que habría un aumento en las competencias de la Sala I, ya que se admite en la reforma recursos a todas las sentencias sin límite de cuantía, por lo que se requiere un estudio sobre el impacto en la duración del proceso y si es necesario más recursos.
Sobre el tema de los juicios y sentencias orales de la reforma, el informe de la CNJA indica que: “No se hizo un estudio en el que en un proceso ordinario se proceda a dictar la sentencia en el campo y valorar todas las vicisitudes que conlleva esa gestión del proceso y su impacto para las partes. Ese estudio debe incluir la complejidad jurídica de casos que se tramitan en agraria y los aspectos vinculados con el entorno. Lo anterior sin dejar de lado que prácticamente se compele a las partes a permanecer en el campo hasta que se dicte la sentencia”.
El señalado informe también critica que no se haya hecho un estudio para el descongestionamiento de los despachos.
“Es necesario contar con mayores recursos para atender los despachos que están más congestionados en cuanto a trámite y fallo, a fin de que puedan asumir la entrada en vigencia del Código en condiciones razonables”, se indica.
Los diputados no se han pronunciado sobre el tema.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Martes 15 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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