Luis Fernando Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), trató de mentiroso a Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Chacón contrastó las palabras del jerarca del Seguro Social, quien al inicio de la comparecencia manifestó que la institución respetó desde su entrada en vigencia lo dispuesto en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Para ello el liberacionista usó los documentos de los dos acuerdos que Macaya y otros miembros del Poder Ejecutivo (entre ellos el ministro de Trabajo, la ministra de Planificación y el ministro de la Presidencia) firmaron primero en febrero y después en agosto para dejar sin efecto la aplicación de los límites del título III de esa normativa a los trabajadores de la institución.
Chacón confrontó a Macaya al asegurar que alguno de los firmantes mentía sobre los propósitos de esa declaración, y aunque parecía existir una confusión en el diputado sobre la regla fiscal (que la Sala Constitucional efectivamente dejó sin validez en la entidad) y la ley fiscal en lo correspondiente a remuneraciones, el diputado dijo que él se refería al segundo aspecto.
“Reitero que alguien en este tema no está diciendo la verdad porque en efecto Macaya firmó el acuerdo, ahora vino y se desdijo de lo que él estableció en el compromiso con las agrupaciones sindicales. Tan es así que ese es el aspecto que la Contraloría utiliza como fundamento para llamar la atención a Macaya y echar por tierra ambos compromisos”, manifestó el verdiblanco.
Ante esa interpelación Macaya se fue por la tangente enredando los conceptos de la regla fiscal y la ley fiscal, que en el primer caso hacían referencia a algo que beneficiaba a la institución y la gestión del presidente ejecutivo.
Chacón aseguró que las explicaciones de Macaya no lo convencieron, en especial porque el regaño de la Contraloría no viene solamente por el irrespeto a la Ley 9635, sino por lo dispuesto en la Ley de Administración Pública y la que busca prevenir contra el enriquecimiento ilícito, la cual sustenta la demanda contra el funcionario por prevaricato y fraude junto a dos gerentes y dos representantes sindicales.
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Jueves 19 Septiembre, 2019
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