Jeannette Ruiz, presidenta del Banco Nacional, conversó con DIARIO EXTRA sobre la polémica por el traslado de la reserva de cesantía de empleados del banco a la asociación (Asebanacio).
Ruiz reconoció que el traslado de los recursos concluyó en el año 2015, cuando ella ya estaba en la junta del Nacional, pero aseguró que el banco solo estaba cumpliendo con un acuerdo de la directiva tomado en el 2011 y no tenían por qué dudar de lo que en aquel momento se decidió.
Este medio consultó cómo es que el banco no sabía nada si hubo un acuerdo de la Procuraduría General de la República del año 1992 en el cual se alertó que ese traslado era improcedente.
Frente a ello, la exdiputada respondió: “Ese criterio es muy viejo, no se sabe qué se consultó”.
Además, se refirió a una noticia de 2017 donde este tema se denunció, pero aseguró que a lo interno del banco esa publicación no generó ningún efecto y la respuesta no la había dado ella, sino la dirección jurídica.
Manifestó que ella estaba dando la entrevista a DIARIO EXTRA, solo para dejar claro que el traslado de la cesantía a la asociación fue una discusión que se dio en el 2011, cuando aún no había llegado al banco.
YA ESTABA EJECUTADO
Recalcó que al ingresar a la directiva, la Asociación del Banco Nacional (Asebanacio), ya estaba conformada y lo único que se hizo fue continuar con la ejecución del traslado de los fondos, porque no había ninguna base legal para dudar de lo acordado por sus antecesores.
Señaló que KPMG es la que verifica que se esté cumpliendo con ese acuerdo y en caso de no hacerlo, podría convertirse en un contingente. Se trata de la misma firma de auditoría que reveló las presuntas irregularidades que sucedieron en la asociación con el otorgamiento de créditos externos a supuestos clientes que presuntamente habían sido rechazados por la entidad financiera.
“Cuando se toma un acuerdo de junta directiva quien hace el traslado de los recursos es la administración y hay una responsabilidad de hacerlo, hay que cumplir el acuerdo de la junta directiva”, indicó Ruiz.
Añadió que otro criterio de la Procuraduría estableció que el banco ya no tenía injerencia sobre la administración de los recursos trasladados.
Frente a este escenario, el banco sacó a concurso una contratación externa para que diga si ese acuerdo de 2011 se amparó en premisas legales o hay algo que cuestionar. No reveló a cuánto asciende esa contratación, pero también incluirá a Coopebanacio, dado que tampoco existe claridad en torno a ese caso.
A COMISIÓN
Según el diputado Villalta, al menos cuatro traslados de recursos del fondo de cesantía a la asociación, se han hecho en el tiempo de esta directiva por más de ¢33.600 millones.
Para Villalta, en este tema hay varias dudas. Una es si la junta directiva del Banco Nacional permitió el traslado de recursos a Asebanacio sin tener claridad sobre la legalidad y otra si aprobó presupuestos para esos traslados.
La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó abrir una investigación sobre este tema y la expectativa del diputado es iniciar pronto con las audiencias para esclarecer la situación y sentar responsabilidades.
El diputado dice contar con nueva información la cual revela que las presuntas irregularidades en Asebanacio no fueron por ¢35 mil millones, sino por ¢62 mil millones.
¿QUÉ DIJO LA PROCURADURÍA?
A continuación, un extracto del criterio de la Procuraduría General de la República.
Mediante Oficio S.G.A.-138-92 nos consulta el señor Hubert Brenes, (ex subgerente del Banco Nacional de Costa Rica) acerca de la factibilidad de crear una asociación solidarista conformada por los empleados del Banco Nacional de Costa Rica.
Asimismo, si es factible que las sumas de dinero que el banco destina en la actualidad al pago del auxilio de cesantía sean entregadas como cuota patronal para la conformación de esta asociación.
El licenciado Roberto Montero, procurador constitucional, mediante oficio C-107-92 de 9 de julio de 1992 manifestó que sí es posible que los empleados del Banco Nacional de Costa Rica -que así lo deseen- puedan constituir una asociación solidarista.
“Lo que no es posible, aplicando el principio de legalidad que rige las actuaciones de toda la administración pública, es que el banco traspase el fondo de prestaciones existentes, como cuota patronal, para la conformación de esta asociación, por no existir texto legal en nuestro ordenamiento que así lo autorice”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto. Johanfred Bonilla
EMAIL: [email protected]
Lunes 16 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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