La diputada liberacionista Franggi Nicolás rechaza que su propuesta alterna al expediente 21.049 que pretende regular las huelgas sea un compadre hablado con los sindicatos.
Insiste en que propone medidas equilibradas que no incluye el texto original que impulsa su compañero de bancada y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides.
Es más, califica de autoritarismo la idea de disolver un sindicato, como se propone en el proyecto inicial. El siguiente es un extracto de la conversación.
¿Su moción de texto sustitutivo al proyecto para restringir las huelgas que impulsa el presidente del Congreso tendría respaldo o es una posición para mostrarse en contra de esa iniciativa?
-No. El texto sustitutivo se planteó para ponerlo sobre la mesa, de base en el plenario, con la intención de discutirlo con los compañeros diputados como una alternativa más. El otro texto tiene más de dos meses de estar en un proceso de análisis y de nosotros acaba de salir, obviamente requerimos explicarlo a los compañeros e insistir no solo por oponernos, sino para mostrar que hay una preocupación sensible en que esto no se regule bien.
¿Reconoce que hay excesos en las huelgas que deben regularse?
-Sí. Hay excesos en ambos lados y estamos claros que las huelgas hay que regularlas. Nadie dice lo contrario, pero hay que hacerlo de forma que sea proporcional, racional y sobre todo constitucional. Ese proyecto que aprobaron en la comisión de huelgas lo podrán aprobar en el plenario, pero probablemente se caiga en la Sala Constitucional y así como pasó con el plan fiscal, que muchos dijimos generaría más perjuicios que beneficios, si ese proyecto de huelgas se aprueba así habrá más consecuencias que soluciones. Lo que queremos es una propuesta balanceada, equilibrada, no es sindicalista, ni proempresarial, pero sí prociudadanía y probalance de la democracia, de pesos y contrapesos.
¿Qué opina de que la mayoría de la bancada liberacionista rechaza su propuesta?
-Esperaré que el texto encuentre viabilidad. Soy liberacionista, seguiré siendo parte de la fracción. No renuncio a la bandera de mi partido, pero ciertamente llegué aquí a defender mis convicciones y mis principios porque no sé cuánto duraré en política, pero a mi casa volveré con la conciencia tranquila sabiendo que di una pelea porque hay que regular la huelga con balances y equilibrios, y ese proyecto tal como se planteó es desproporcionado y abusivo.
¿Su proyecto avalaría las huelgas en hospitales, siempre y cuando se garanticen servicios mínimos?
-La Nación de manera malintencionada saca un titular poniendo fuera de contexto las intenciones del proyecto. Mi propuesta tiene muchas otras benevolencias que tratan de compensar las desproporciones que sí tiene el proyecto de Carlos Ricardo Benavides, pero se enfocan en ese tema porque es el más sensible y lo explican mal. Ahora bien, el Código de Trabajo prohíbe las huelgas en los servicios esenciales desde 1943, hace más de 70 años, pero quiero que alguien me diga si eso ha funcionado. Igual los sindicatos se van a huelga, dejan botados los servicios y el afectado es el usuario.
¿Qué propone entonces?
-Lo que planteamos es claridad para los servicios esenciales que ya definió la Organización Internacional del Trabajo en los siguientes términos: si los sindicatos deciden irse a huelga tienen 15 días antes del movimiento para ponerse de acuerdo con el patrono en los servicios mínimos esenciales que se deben dar a los costarricenses para no perjudicarlos en temas sensibles. Si no hay acuerdo con el patrono y no existe un plan de servicios mínimos, la huelga inmediatamente se califica como ilegal, pero no de la coerción absoluta, sino a través de válvulas proporcionales de entendimiento, donde al final si el sindicato insiste en dejar el país al descubierto se les hace el rebajo salarial y se declara ilegal la huelga, pero la misma vía de siempre no funciona.
¿Cómo sería un servicio mínimo en un hospital? ¿Cómo funcionaría?
-Te pongo un ejemplo: en el tema de electricidad para salirnos un poco del tema de salud, porque hay otros servicios que son esenciales para el país. En el Instituto Costarricense de Electricidad no todo servicio es esencial, de 4.000 o 5.000 trabajadores se encargan de dar abasto en el soporte eléctrico, el resto, desde el jardinero hasta la secretaria de una ventanilla equis, no debe ser catalogado como esencial.
Le insisto en el tema de los servicios esenciales en salud porque acaba de terminar una huelga en hospitales. ¿En su propuesta quién define estos servicios mínimos?
-La Nación se enfoca en eso para meter el dedo en la llaga, para sensibilizar a los costarricenses, porque en el fondo está protegiendo la corporación empresarial que está detrás de ella, pero yo no llegué a ser diputada para complacer a La Nación ni a los empresarios que están detrás. Si se aprueba el proyecto original que pretende amordazar las expresiones, los sindicatos se van a tirar a las calles y crearán mucha más convulsión social. Lo que hay que hacer es buscar mecanismos de equilibrio porque la prohibición absoluta no está funcionando. Entonces si no hay acuerdo con el patrono y no le ofrecen ningún plan remedial que garantice los servicios, el juez declara la ilegalidad de la huelga y se le rebaja el salario al primer sindicalista que salga a las calles.
¿Qué más plantea su proyecto?
-Establece una oposición al rebajo retroactivo de salarios y a la disolución de sindicatos, que son excesos de autoritarismo. Claramente La Nación lo enfoca en este otro tema, que es más sensible, y lo saca de contexto, pero no habla de las benevolencias de nuestro proyecto, que atempera el de Carlos Ricardo Benavides. La disolución de una organización civil o social es muy delicada porque sería abrir un portillo para que más adelante se disuelvan cooperativas y asociaciones, perfectamente un gobierno autoritario aprovechará esas cláusulas para terminar acallando al pueblo. Las huelgas no son agradables para nadie, pero en muchos casos son la expresión de un pueblo mal administrado.
¿Hay un problema en la legislación que impide una declaración de ilegalidad pronta y oportuna?
-Sí, pero es un problema del Poder Judicial, que no tiene mecanismos expeditos para resolver rápido. Si existieran, mentira que te vas a encontrar un sindicalista de vago en la calle por una semana, que después se declare ilegal el movimiento y no se le rebaje el salario. Lo que se pretende aquí es un mecanismo ágil, que en cuestión de horas resuelva. Si es legal, que siga en protesta y el Estado resuelva la necesidad porque el clamor es justo; si es ilegal, que vuelvan a trabajar y aplicar la sanción si no lo hacen, pero no encuentro constitucionalidad en ese planteamiento de hacer rebajos retroactivos.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 24 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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