El Ministerio de Hacienda dejó al Poder Judicial sin ¢2.543 millones y promete devolverlos solo si los magistrados aceptan aplicar ajustes en materia de remuneraciones.
De acuerdo con esa cartera, ese monto se incorporó al presupuesto para la creación del Juzgado Anticorrupción, en atención a una solicitud expresa de los magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos asignados.
“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones.
Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, declaró la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Agregó: “Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anticorrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”.
El recorte presupuestario se hace luego de que este lunes se diera a conocer que, por votación de mayoría, los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios del personal del Poder Judicial a la nueva normativa que en materia de incentivos y anualidades estableció la Ley 9635.
En otras palabras, a diferencia de los 127 mil funcionarios del Gobierno central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones, explicó el Ministerio de Hacienda.
Aguilar aseguró que, de ser necesario, mediante moción, el Poder Ejecutivo se compromete a reintegrarle los recursos al Poder Judicial en “cuanto se ajusten a la ley”.
La entrada en vigencia de la Ley 9635 implica que todas las instituciones deberán ajustarse en materia de gasto con respecto a la forma en que se pagan los pluses. Los cambios comenzaron a aplicarse con el presupuesto 2020.
Hasta ahora la única excepción que se ha hecho es en el caso de los Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, tras la pasada huelga.
CORTE RESPONDE
La oficina de prensa del Poder Judicial dio a conocer una carta del 16 de octubre del 2018, firmada por la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, donde indica que la reforma fiscal no tendría injerencia en la decisión de modificar los salarios judiciales.
“En cuanto a la posibilidad de que el proyecto afecte la independencia del Poder Judicial al regular la aplicación de determinados pluses, quisiera señalar de manera respetuosa que el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios bases. De modo que, si el Poder Judicial considerara que es necesario aumentar el salario de algún funcionario, tiene toda la potestad y autonomía para hacerlo. Particularmente, si el Poder Judicial considera que, ante la regulación de la dedicación exclusiva o las anualidades, es necesario incrementar el salario de algún funcionario, puede hacerlo al amparo de su independencia en materia salarial”, indicó la ministra en la misiva.
Sobre el recorte anunciado el Poder Judicial señalan además que ese monto corresponde a una solicitud expresa que el Poder Judicial realizó al Poder Ejecutivo para hacerle frente a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
“Corte Plena manifiesta su preocupación a la ciudadanía por esta decisión repentina de la Ministra de Hacienda. El abordaje del flagelo del crimen organizado debe sustentarse en acciones articuladas entre los tres Poderes de la República”, argumentaron los magistrados.
*Colaboró el periodista Bharley Quirós.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 21 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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