Según lo había dado a conocer el Periódico de más venta en Costa Rica, Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería, pretende instaurar un sistema biométrico cuyo valor supera los $15 millones, (unos 8 mil millones de colones), pese a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se lo ofreció de manera gratuita.
DIARIO EXTRA conversó con Dennis Cascante, director general de Estrategia Tecnológica del TSE, quien explicó que desde 1998, los ingenieros del Departamento de Informática del TSE, han venido desarrollando sistemas biométricos, primero con el cambio de la cédula forrada con fotografía pegada, y luego con la cédula plástica digitalizada.
“Básicamente lo que el TSE hace es abrir las puertas para que otras entidades del Estado puedan aprovechar los servicios de identificación de personas a través del cotejo de datos biométricos”, sostuvo Cascante.
De hecho, el TSE está casi que obligado a otorgar los servicios biométricos a todas las entidades del Estado ya que existe un convenio firmado por el presidente de la Republica, Carlos Alvarado y Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE del 17 de abril del 2018, para promover las soluciones de identidad nacional, tal cual versa en el mismo.
“En aras del máximo aprovechamiento de los recursos, contención del gasto público y con la finalidad de eliminar duplicidad de gastos entre entidades estatales, según principios de economía, eficiencia y eficacia, promover en la administración pública la utilización de tecnologías biométricas para la verificación de la identidad de personas con base en un único repositorio nacional y servicios de identificación biométrica a cargo del TSE”.
“Impulsar políticas públicas y normativas que desincentiven la adquisición de nuevas soluciones tecnológicas para la gestión de información biométrica de los ciudadanos en las instituciones del sector público, y que en su lugar busquen aprovechar las soluciones de identidad nacional del TSE”.
Es precisamente que ante tales razonamientos que se desprenden del convenio presidencial, solo queda analizar por qué entonces la directora de Migración le quiere pasar por encima al mandatario desobedeciendo lo pactado.
“La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), al igual que otras instituciones del Estado, le ofrecimos el acceso al servicio, nos reunimos por última vez en junio del año 2019, ahí ella expresó (Raquel Vargas), que resultaría interesante hacer unas pruebas para usarlo, pero hasta el momento no se ha concretado y no sabemos por qué”, señaló Cascante.
Lo cierto es que la señora Vargas pretende invertir ¢8 mil millones del erario público, pasándole por encima al presidente de la República, cuando al país no le costaría un solo céntimo.
Cabe señalar que el sistema ya es usado por instituciones como el Ministerio de Hacienda, CCSS, Poder Judicial a través del OIJ y la Fuerza Pública. Además, el TSE vende estos servicios a instituciones no gubernamentales, generando $2 millones anuales según lo faculta el Código Electoral en su articulo 24 y cuyos fondos van a la caja única del Estado.
Por todo lo anterior el diputado liberacionista Daniel Ulate criticó el actuar de la directora de Migración y pretende llevarla a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para que dé explicaciones del porqué quiere usar la plata de los costarricenses en lo que parece un capricho de esta, cuando no debería costarle un cinco al Estado.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Viernes 19 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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