¿Quién fiscaliza a la Fiscalía?
La democracia, de la que tan orgullosos nos sentimos los costarricenses, depende de la solidez y la confianza que el Estado y sus instituciones brinden a los habitantes, dado que como pueblo es el soberano de las autoridades públicas, y tiene derecho a fiscalizar y a que se le rindan cuentas.
Esta solidez y confianza es de elemental trascendencia en lo que se refiere a los poderes de la República; muy especialmente en cuanto a las acciones del Poder Judicial (de fiscalías y juzgadores). Y expreso acciones en general, muchas de estas que nos alarman porque en unos casos sí y en otros no.
Cito como ejemplo referencia de prensa: del 13 de junio del 2019, que nos describe lo siguiente: “Fiscalía acusó a empresarios dos meses después de vencer plazo, dice juez”. O del DIARIO EXTRA, a saber: “Fiscal que sancionó el Tribunal de Inspección Judicial a un mes sin goce de salario por el espionaje contra el portero Keylor Navas”.
Esos y otros hechos alarman. Es alarmante que el Ministerio Público -llamado a garantizar la justicia y la legalidad- eventualmente pudiera haberse convertido en actor -quizás complaciente- dentro de un circo político; o peor aún, en pieza interesante dentro del insano ajedrez que define juegos de poder en Costa Rica.
En la Costa Rica mancillada, en la que casos de corrupción son cada vez de más alto nivel; y más frecuentes y cuantiosos los nefastos e ilegítimos intereses que se sustentan en el enriquecimiento ilícito, la estafa y hasta el narcotráfico; y que amenazan cada día más nuestra estabilidad y que ponen a prueba, cada vez con más constancia, la confianza en los procesos y los resultados judiciales.
La impunidad se ha vuelto pan de cada día; y cuando un ciudadano llega, por el voto del soberano, a escalar altas posiciones en instituciones democráticas, en procura de hacer cumplir la ley -de manera correcta- y actúa con valentía y es vigilante activo y procura justicia, curiosamente pasa a ser, casi que por arte de magia e injustamente, no en el funcionario ejemplar, sino en el blanco de los mismos que deberían resguardar sus derechos. O sea, pareciera que en nuestro Estado la filosofía imperante es aquella que dicta callar la boca a los verdaderos defensores de lo justo.
Duele profundamente escuchar y ver que a funcionarios transparentes, que trabajan por la patria en busca de justicia; que a diputados fiscalizadores, que se esmeran en recuperar esa confianza perdida en lo público, se les pase de ser los vigilantes honestos a ser los investigados de supuestas causas, muchas veces absurdas, y lo peor, que se haga como un mecanismo para pretender hacerlos desistir en su labor de encontrar la verdad real.
Enterarse que la Fiscalía General de la República solicita el levantamiento de la inmunidad legislativa a un diputado para darle curso a una denuncia concebida en mente que pareciera tan solo ambiciosa de dinero fácil podría resultar increíble.
Sin embargo cuando se reflexiona con detenimiento -unimos y relacionamos los hechos aledaños- encontramos que el diputado preside la comisión especial que investiga actuaciones de la Procuraduría, entre otras, el porqué de la desestimación del expresidente Luis Guillermo Solís respecto a hechos que directa o indirectamente pudieron tener relación con el denominado caso Cementazo.
Cuando se reflexiona objetivamente todo comienza a tener sentido: procurar callar a quien busca el uso justo y adecuado de los recursos públicos.
Cuando además nos percatamos de que el diputado es miembro de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, y que ahora investigará los contratos falsos que relacionan a Ottón Solís y a su agrupación política, el PAC, todo queda aún más claro: pretender tapar la boca a quien pedirá cuentas por la estafa hecha al TSE y con ella al pueblo costarricense.
¿Será entonces que la Fiscalía no tiene el interés pleno en investigar denuncias legítimas?
Y ahora -en este caso, contra el diputado- ¿será que estamos frente a una cortina de humo, o pero aún, podría ser una advertencia solapada que se emite, pretendiendo amedrentar a quienes se interesan en evitar el uso ilegítimo de los dineros que pagamos los contribuyentes?
¿Será mano oculta en contra de la búsqueda de la verdad real de los juegos sucios hechos por el PAC?
¿Será que ya ni los miembros de la Asamblea Legislativa se escapan del terrorismo político de mentes ocultas, enemigas de la honradez e irrespetuosas del orden constitucional?
Señora fiscal general, por favor, respete la confianza que nosotros los habitantes aún tenemos en usted y dirija su artillería contra quienes han venido chupando la sangre del pueblo, contra quienes han saqueado las arcas públicas.
Deje trabajar a las comisiones legislativas. Que en el Ministerio no permitan cortinas de humo, ni se desvíe la atención de los costarricenses.
Cumpla con su deber e impida que eventuales presiones imperen contra diputados que ejercen sus responsabilidades constitucionales de defender al pueblo y en contra de aquellas personas que juegan con la plata pública.
El caso del diputado Otto Roberto Vargas Víquez es una denuncia que llama a la reflexión lógica: un exfuncionario, que después de su cese (después de ser justamente despedido por faltar a su trabajo) reclama respecto a un acuerdo entre dos asesores. Un acuerdo de propia y libre voluntad (de él y la de otro asesor). Un acuerdo mutuo entre ambos compañeros de partido. Un acuerdo que, según declaraciones juradas, fue entre esos dos asesores, sin la participación, sin la intervención del diputado.
La Fiscalía debe ser acuciosa, con mano fuerte. Debe ser pronta, por ejemplo en casos como el Cementazo, Yanber, Aldesa. Y el pueblo cumplir el deber ético de fiscalizar a la Fiscalía.
*Cédula 700870490
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Lunes 08 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Kattia Calvo Cruz*
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