De reelección, carteles y división de poderes
Ana Victoria Badilla Villanueva
Se discute en la Asamblea Legislativa la reelección del Magistrado Paul Rueda. A pesar de los ingentes esfuerzos de algunos para encontrarle mácula, según lo ha informado la misma Corte, el Magistrado posee una hoja laboral inmaculada, no existen sanciones, procedimientos ni quejas en su contra y su Despacho se encuentra al día, lo que sin duda conduce a creer que -como es normal y constitucional- la reelección de Rueda debería de ser automática. Desafortunadamente se ha dado un contubernio entre diputados y, se dice, aunque parece increíble, entre un grupo de magistrados, ya identificados desde hace algunos años como el “Cartel del Lobby”, a quienes, por razones personales -no patrióticas precisamente-, les interesaría ver a don Paul fuera de la Corte.
Tristemente ese “Cartel”, cuyos tentáculos han hecho ya mucho daño a la Corte, no solamente sigue trabajando, sino que se ha fortalecido, pues ha logrado incluir nuevos miembros y, para paridad de género, ha incorporado dos damas, según se desprende de las informaciones constatadas por algún medio de comunicación sobre recientes reuniones entre Magistrados y Diputados (vieja costumbre ya que hace unos años hubo un rimbombante Pipiribao entre Magistrados y Diputados, según indicó DIARIO EXTRA el 13 de diciembre de 2016).
El cabildeo o lobby consiste en una suerte de presión que ejercen algunas personas con el fin de lograr beneficios para su propio interés, aún en detrimento del interés general o de intereses superiores -principio de independencia del Poder Judicial-, como en el caso de esta reelección. Normalmente, en países donde no está regulado, se califica el lobby como herramienta para actos de corrupción, esta peyorativa valoración es la que se da en Costa Rica en este caso en perjuicio de la Corte y por ende del país. Al grupo que hace este cabildeo o antesala el público lo identifica como “El Cartel del Lobby”, “La Cosa Nostra” o “La Mara Cortesana”, y por supuesto su intromisión es repudiada por todos.
La coordinación de espurios intereses entre diputados y magistrados conjuntados en contra de la reelección de don Paul constituyen violación a procedimientos establecidos y clara vulneración a nuestra Constitución, a las leyes y a los principios democráticos de división de poderes que hasta ahora nos han regido. En la coyuntura actual, el país requiere que los procesos se desarrollen con transparencia, honorabilidad, respeto y responsabilidad. Los costarricenses debemos exigir que no haya secretismo al votar la reelección, que el “Cartel del Lobby” saque sus manos de la Asamblea Legislativa y que no se utilice la reelección de magistrados como amenaza para intentar manipular a los máximos representantes de la justicia a actuar en beneficio de oscuros intereses particulares y/o políticos.
