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Nacionales

Denuncian de amarraperros a exdirector policial

Exguardas de seguridad privada apuntan que no les pagan liquidaciones

  • Exguardas del Grupo Garro G Y M Protección Seguridad se presentaron a DIARIO EXTRA para denunciar.

  • Algunas cartas de despido que les entregaron.

 

Manuel Garro, fundador y exdirector de la Policía Municipal de San José, le adeuda las liquidaciones e incluso la última quincena a un grupo de exguardas que trabajaban en la empresa de seguridad privada de la que es propietario.

Los ofendidos exigen se les cancelen sus derechos y extremos laborales.

Se trata de la empresa Grupo Garro G Y M Protección Seguridad S.A., que en los últimos meses ha despedido a una gran cantidad de colaboradores por diferentes causas.

Los exempleados están cansados de la situación y llegaron a DIARIO EXTRA para expresar su molestia e inconformidad, pues tienen deudas y responsabilidades que asumir.

Ellos son guardas de seguridad que daban sus servicios en diferentes compañías, condominios y urbanizaciones.

Se les cesó meses atrás pero no en la sede de Grupo Garro o en los puestos en que brindaban el servicio, sino que se les entregó la carta sin el membrete oficial de la compañía ya sea en un puente, gasolinera, en plazas frente a alguna sede de la Cruz Roja o mediante un mensaje de WhatsApp.

Incluso hay quienes aseguran que no fueron despedidos de manera verbal.

Indicaron que producto de las presiones generadas a algunos les entregaron la carta sin que el motivo fuese claro.

 

SIN RESPUESTAS

 

Eduardo Núñez, hondureño que laboró para Grupo Garro, dijo que la firma cambió de nombre y ahora es GSI.

El catracho considera que la presunta variante obedece a que la compañía tiene muchas denuncias en su contra, por lo que procedieron a reducir la cantidad de personal.

 “Aquí andamos haciendo la lucha porque no nos quieren pagar nuestros derechos. Hemos tratado de hacer las cosas vía legal, hemos tratado de dialogar con el jefe, cuyo dueño es Manuel Garro Chacón y el hijo que es el encargado del área administrativa: Jeffry Garro Monge. 

Desde que salimos, el hombre nos bloqueó. Tengo un mes y una semana de haber salido (…) No tenemos otra salida que andar haciendo esto porque hemos tratado de hablar con él, pero no se ha podido. Habemos compañeros que ni la quincena nos han pagado, a algunos ya los están sacando de la casa porque deben el alquiler”, explicó.

Agregó que hay exempleados a quienes no les han entregado la carta de despido y ante la situación que atraviesan han optado por hacer manifestaciones pacíficas en algunos puestos, en orden y en vía pública donde la empresa da servicios de seguridad.

Con la medida de presión reclaman el pago de los derechos y han comunicado a los interesados las razones de las protestas.

“La semana pasada estábamos en manifestación y el señor vino a mí directamente, me puso y dijo ‘tome esto como adelanto de liquidación, cállese y no le diga a nadie, esto en un mensaje’”, apuntó.

Núñez añadió que a otros dos afectados les dieron un adelanto de ¢100.000 por las prestaciones, pero con la condición de que no dijeran nada, aspecto que fue calificado por ellos como un chantaje.

 

¿SIN GARANTÍAS SOCIALES?

 

Wirlyn Vargas, otra de las ofendidas, indicó que recibió una llamada la semana anterior y le manifestaron que harían arreglos de pago el martes pasado.

“Nos comunicamos con él (Jeffry) y nos dijo que nos pagaría el 15 de junio solo al compañero Mario Flores y a mí, a los demás no. Cuando nos estábamos manifestando nos echaron la policía. Había tres patrullas en dos ocasiones, inclusive él llegó exigiéndole a la policía que nos arrestaran y nos sacaran del lugar, pero la policía le explicó que estábamos en vía pública”, detalló.

Vargas denunció que a muchos de los extrabajadores no les dieron vacaciones ni se les desembolsó los feriados. 

Además hubo atrasos en el pago de salarios y la empresa reportaba sueldos más bajos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Básicamente no teníamos ni las garantías sociales cuando trabajábamos y esos eran pleitos constantes con la empresa. No había comunicación, nunca se nos prestó la comunicación que requeríamos hasta que nos sacaron de allí”, declaró.

José Pablo Pérez Rodríguez externó que laboraba en el turno de 10 p.m. a 6 a.m. Mediante un mensaje de WhatsApp recibió la comunicación y no se le canceló el preaviso ni nada.

“A las puras 6 a.m., saliendo de mi turno, me dijeron que el puesto se perdió, me mandó un mensaje Jeffry y dijo ‘le estaremos pagando su dinero’ pero me bloqueó inmediatamente,

Aun así me hicieron dar la inducción por dos horas a la supuesta empresa nueva que asumía y allí estuve pensando que era la empresa nueva cuando me di cuenta de que eran ellos mismos con el uniforme cambiado”, narró.

 

QUIEBRA Y MALA FE

 

Manuel Garro manifestó que la empresa de seguridad privada con que cuenta está quebrada, al tiempo que calificó de mala fe la campaña emprendida en su contra, pues hay quienes lo han tildado de “ladrón” o “estafador”.

Desmintió las acusaciones efectuadas por el grupo de exempleados y argumentó que ha actuado a derecho, al punto de que tiene un acuerdo de pago con la CCSS.

“Igual que muchas empresas que están pasando lo mismo he llegado prácticamente a una quiebra operativa de la cual hay una nota realizada y presentada al Ministerio de Seguridad Pública.

En la nota digo que salgo de operaciones a partir del 30 de abril del 2019 por, entre otros motivos, falta de liquidez, no puedo hacerle frente a la compañía porque ha habido, en algunos campos, robos que se han permitido por parte de mis colaboradores, es decir esos señores guardas. Ha habido actitudes negativas”, aseguró Garro.

Sobre el particular aseveró que los clientes toman la decisión de no contratarlos más.

“Les he estado pagado con 100 mil coloncitos a la cuenta, esta semana les deposité como ¢200.000, por lo que no es cierto que no les estoy haciendo frente.

No puedo hacer la liquidación en un desembolso porque no tengo la plata, eran 150 empleados, entonces le estoy haciendo frente y en otros casos estoy haciendo conciliaciones”, reseñó.

Reafirmó que “ellos mismos se prestaron para quebrarme y los clientes también”.

Sobre las cartas de despido manifestó que cumplen los requerimientos establecidos, pues considera que, con su firma como apoderado general, es suficiente y los causales de las decisiones se encuentran en los respectivos expedientes.

Rechazó que tenga relación alguna con la nueva firma GSI que alegan los denunciantes, adujo que no va salirse de una empresa para meterse en los mismos líos desde otra.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar y Tony Guerrero, corresponsal

EMAIL: [email protected]

Jueves 13 Junio, 2019

HORA: 12:00 AM

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