Se acerca el segundo año desde que se firmó por parte del expresidente Luis Guillermo Solís la ley que castiga el maltrato animal, pero las carencias a nivel presupuestario, de personal especializado para las autopsias y la falta de funcionarios destacados en estas indagaciones complican a las autoridades judiciales, prácticamente no la pueden aplicar como se debe.
DIARIO EXTRA conversó con Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Emilia Navas, fiscala general, sobre cómo ha sido laborar a partir de la entrada en vigencia de esta normativa.
Ambos puntualizaron en que se ha tenido que ir reacomodando el personal para indagar las denuncias que ingresan, ya que es una obligación al convertirse en ley de la República.
A nivel de la policía judicial se indicó que este tipo de hechos son muy complejos puesto que dentro de los casos que han atendido existen agresión sexual, violencia desmedida y agresión orgánica.
A esto se le suma la nula infraestructura que se maneja en el Complejo de Ciencias Forenses. “Las instalaciones no son las mejores, están determinadas para la atención de seres humanos y además porque carecemos de apoyo logístico para efectos de poder cubrir las necesidades que esta ley plantea”, indicó el jefe del OIJ.
La máxima autoridad del Ministerio Público también alzó la voz en cuanto al problema en que se ha convertido la atención de estas denuncias.
“La Ley de Bienestar Animal fue aprobada sin contenido presupuestario, eso significa que todos los recursos que tanto el OIJ como la Fiscalía ocupaban para realizar las investigaciones no fueron presupuestadas y no se nos dan, en estos momentos los casos se están atendiendo, pero no hay recursos”, añadió la fiscala.
TERMINÓ APOYO
Con el desarrollo y acomodación que se había generado entre las autoridades judiciales, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) se encontraba colaborando con la única profesional experta en el país, pero esta renunció, por lo cual todo quedó en el limbo.
“Tuvimos un apoyo fundamental de parte de Senasa, con quien trabajamos muy de cerca este tema, pero también es una institución que tiene problemas de presupuesto, logísticos y de personal, por lo que tuvo que retirar el apoyo que nos estaba ofreciendo”, añadió Espinoza.
A partir de ahí han buscado contactos con instituciones para tratar de fortalecer el trabajo técnico de los judiciales.
Asimismo la fiscala mencionó: “De una u otra manera estamos buscando la forma de solventar los problemas de falta de recursos, entonces hasta ahora no ha dado al traste con ninguna investigación, pero definitivamente no hay situaciones que se puedan resolver sin contenido presupuestario”.
Ante lo externado por parte de los jefes judiciales, Juan Carlos Peralta, representante de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales, detalló que ellos siempre van a colaborar hasta donde puedan, pero por el mandato de ley corresponde a dichas instituciones encargarse de lo que corresponda.
“Nosotros estábamos conscientes de que a partir de que se convirtió en ley, el Estado no iba a decir: ‘Tomen, acá están estos miles de millones para su implementación’. Pero desde el primer instante hemos estado presionado para que destinen el presupuesto y pueda haber infraestructura y personal especializado”, indicó.
El primer juicio por un caso de esta índole se va a desarrollar el 22 de julio en los Tribunales de Atenas, donde se sigue la causa contra un hombre quien presuntamente mantuvo a un perro atado y el collar le quedó incrustado.
De momento no se registran condenas por este tipo de acciones, pero ya hay varios casos en que el ente acusador trabaja.
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CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar y David Barrantes
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Martes 11 Junio, 2019
HORA: 12:00 AM
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