La abogada indígena Thais Vidal, quien denunció en el 2012 al líder bribri Sergio Rojas (asesinado hace una semana) junto a un grupo de indígenas de la zona de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas, habló con DIARIO EXTRA sobre el conflicto de tierras en la Zona Sur, las acusaciones contra el indígena y la responsabilidad del estado en todo esto.
Para Vidal, el gobierno y agentes externos influyeron para que la situación en la Zona Sur se agravara.
¿Cómo arranca todo esto?
-Hace muchos años, el Estado de Costa Rica tomó la decisión de ubicar a los indígenas en diferentes zonas del resto de la población, ello para cumplir con los convenios internacionales que tutelan el tema. Instruyen que se designe una extensión exclusiva de territorio para uso de las poblaciones indígenas, lo anterior fue jurídicamente sustentado mediante el Decreto 13.571 de 1957.
¿Había blancos o no indígenas para entonces?
-Claro, como suele suceder, ya para ese tiempo dicha zona estaba habitada por personas no indígenas e indígenas de diferentes etnias que vivían en armonía y cooperación. Esta reasignación territorial fue, a mi juicio, irresponsable porque al designar que esos territorios pertenecerían a una sola etnia, se dejó por fuera a otros indígenas no bribris y a todos los no indígenas que ya tenían derechos adquiridos en ese territorio.
¿Pero hoy existen indígenas bribris que no son reconocidos como tales por la ADI en Salitre?
-Precisamente, hay indígenas de otras etnias que son discriminados, al igual que ocurre hoy con indigenas bribris que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de Salitre no los reconoce como tales. El tema es que el Estado, conociendo que había indígenas de diferentes etnias, tomó la decisión de reconocer el terreno exclusivo para la etnia bribri y no hizo nada para reubicar a los restantes originarios de otras etnias que ya habitaban el territorio de Salitre y mucho menos hizo las indemnizaciones para sacar a no indígenas (blancos o sikuas).
¿Qué hizo Rojas siendo presidente de la ADI?
-A pesar de lo anterior y durante muchos años, se vivió en paz, hasta que Sergio Rojas asumió el control de la Asociación de Desarrollo indígena de Salitre (ADI), manteniéndose en esa posición por alrededor de 14 años como su presidente. Ese cargo le otorgó un enorme poder y lamentablemente como el poder absoluto ciega a las personas, atropelló de forma consistente a todo aquel que no pensara como él o que osara cuestionar cualquier actuación en este territorio, contradiciendo lo que él deseaba hacer.
¿Qué otras acciones tomó Sergio Rojas?, ¿qué hay de los convenios con Fonafifo?
-La limpieza étnica inició lamentablemente desde la misma Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, donde procedió sistemáticamente a desafiliar a todos los que tenían un criterio diferente a él (Sergio Rojas) y de forma abusiva e ilegal, se adueñó de terrenos de los mismos indígenas, como si ya esto no es una gran violación.
Además, exigía favores a cambio de certificados o ayudas. Como hombre hábil que fue, vio cómo beneficiarse del jugoso negocio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); y ahí inicia lo más complejo de este tema, al someter propiedades ocupadas por indígenas y no indígenas como áreas de conservación, alimentando su avaricia y ego para adueñarse cada vez más de tierras de las que ya tenía en Fonafifo. La ceguera que produce el poder absoluto afectó a Sergio y a los grupos de poder cercanos a él.
¿En cuanto a la acusación de la Fiscalía contra Rojas por 18 delitos de administración fraudulenta de poco más de ¢560 millones qué puede decir?
-Todo lo anterior se agravó seriamente al poder establecerse sin lugar a dudas que Rojas retuvo para su beneficio cientos de millones de colones que Fonafifo le pagó a él en su calidad de presidente de la ADI y que este no distribuyó entre los beneficiarios de Fonafifo.
Aunado a lo anterior, cuando las personas a las que les solicitó autorización para someter las tierras como áreas de conservación le reclamaban dinero del fondo de Fonafifo, que no les llegaba, Sergio les indicaba que no les habían pagado, cuando en realidad hasta el año 2014 Fonafifo había entregado 650 millones de colones a la ADI de Salitre, dinero que al día de hoy no se conoce dónde esta, pero que él había recibido y ahora lo quieren convertir en un mártir al decir que luchó por las tierras, pero no que dejó a su mismo pueblo muerto de hambre.
Rojas decía que las recuperaciones de tierras se harían por las vías de hecho y no de derecho, porque el Estado ya no respetaba a los indígenas, ¿fue así?
-Era tanto su afán de recibir dineros mal habidos, que organizó invasiones a propiedades de indígenas y de no indígenas. Así, en el año 2015 el recuento de propiedades invadidas fue de 38 fincas de familias indígenas, en ese entonces la ADI únicamente contaba con 152 personas activas afiliadas y no se le permitía la afiliación a nadie que no apoyara lo que él llamaba “la recuperación de tierras”.
DIARIO EXTRA logró constatar que personas ajenas al conflicto de tierras están involucradas, ¿qué intensión hay detrás de ello?
-En esta lucha interna Sergio trajo personas que vivían fuera del territorio indígena y en otras reservas para que le ayudaran a invadir propiedades, de esta forma se adueñaron de muchos terrenos para después rotularlas como áreas de conservación y la advertencia que eso conlleva, ya que las propiedades en estos programas son intocables, no se pueden utilizar ni para cultivo.
¿A cuántos indígenas no les permitió Rojas el ingreso a la ADI de Salitre?
-Durante la presidencia de Sergio se rechazó la afiliación a 113 indígenas como parte de sus múltiples atropellos a nuestras poblaciones autóctonas, algunos de ellos de su propia comunidad. Sergio fue déspota, cruel y vil con muchos habitantes de estas comunidades tan vulnerables. En este caos, apareció aliado a grupos que supuestamente eran colaboradores en las luchas, mismos que apoyaban sus abusos contra la comunidad.
¿Por qué no lo enfrentaban?
-Sí se hizo, en el año 2012 un pequeño grupo de pobladores, pese al temor que generaba estar en su contra, tomó la decisión de enfrentarlo presentando una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires por los dineros no entregados del fondo de Fonafifo, también recurrieron a Dinadeco, con Harris Regidor, precisamente hoy en el Inder, por impedirles la afiliación a la ADI, pero toda esta situación generó más ataques y presión de los grupos que respaldaban a Sergio, tanto localmente como en redes sociales.
¿Por qué no se sabe esto en el Valle Central?
-Recuerde que Salitre en Buenos Aires es uno de los cantones más pobres del país, no hay acceso a internet, las distancias son enormes y muchas de las familias viven en extrema pobreza, no cuentan con teléfonos inteligentes, a diferencia de los amigos de Sergio, que sí tienen recursos económicos y tecnológicos y están en el Valle Central manipulando la imagen de todo este conflicto desde allá.
¿Qué pasó con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas?
-Dentro de todo lo complejo de este asunto, el fiscal general de la época, Jorge Chavarría, emitió una directriz que permitía las invasiones sin sanción, lo cual acuerpó la continua violación de derechos humanos y atizó la hoguera de la violencia, en cada acción Sergio tomaba mayor poder y oprimía más al pueblo.
¿El gobierno es responsable de todo esto que ocurre en los territorios indígenas?
-Hoy el Gobierno de la República no puede hacerse de la vista gorda o alegar ignorancia de estas continuas violaciones, deben ser responsables de una vez por todas y aceptar que la muerte de Sergio es en primera instancia su responsabilidad. Todo este dolor se pudo haber evitado si hubieran sido diligentes, si hubieran tomado medidas oportunas, parar los atropellos, pero nunca tuvieron intenciones de hacerlo, permitieron que quedara demostrado que los únicos que tenían derechos, poder y respaldo del Estado eran Sergio y su grupo.
Ahora que Sergio fue acribillado a balazos en su casa, payasean ante los medios y se lamentan como normalmente lo hacen los políticos de turno. Es lamentable que se diera esta muerte en la comunidad a raíz de tanto conflicto, presumiendo que la muerte fue por esta causa.
¿Son tantas las omisiones del Estado costarricense para con el pueblo de Salitre?
-Si el Gobierno hubiera entregado estas tierras en el momento indicado, cuando así se legisló, este conflicto no se hubiera dado, ni tampoco estas consecuencias, pero por su incumplimiento a la ley, su inercia al día de hoy, los territorios indígenas no se les han entregado a los indígenas como corresponde.
El Estado aprovechándose de su propio dolo, al no pagar ni reubicar, dejó que las personas invadieran y pasaran estos terrenos a la ADI haciendo caso omiso a que este actuar es contrario a la Ley y a los Derechos Humanos, máxime que así lo dictó el mismo Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, confirmado por el Tribunal de Apelaciones de Cartago, únicamente para no pagar terrenos ni realizar los debidos procesos que deben ser respetados en Costa Rica en todo tipo de procesos, porque siempre nos han tratado como ciudadanos de segunda categoría.
Pero las tomas de las tierras siguen siendo por las vías de hecho, ya no se respeta el derecho y ya hay un indígena muerto…
-En este tema, se debe tener claridad que los territorios indígenas son para los indígenas, sin importar para qué los usen, es un derecho legal que se tiene. Pero también debemos tener la misma claridad que en un país de derecho nadie puede tomar la justicia por su propia mano, nadie tiene derecho a tomar la tierra de otro por la fuerza y tampoco se tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano.
El tema es que Sergio Rojas está muerto y la supuesta comisión de delitos quedó impune, ¿aún no hay detenidos?
-El Estado de Costa Rica deberá responder por la muerte de Sergio, las medidas cautelares establecieron que el Estado debía garantizar el derecho a la tierra y garantizar la integridad física de los habitantes del pueblo de Salitre, es obvio que la Comisión Interamericana nunca dijo que debían permitir la toma de tierra mediante las vías de hecho, sería un fallo incongruente con los Derechos Humanos, pero da la impresión que el Estado prefirió interpretarlo de esta forma, por ser un tema que todos los gobiernos han preferido ignorar.
Lo más lamentable es que esta muerte, por demás innecesaria, no va a resolver nada, únicamente dejó a Sergio como una víctima, un héroe y un mártir cuando en realidad en vida nunca lo fue.
Usted llevaba la denuncia contra Sergio y el resto de los directivos de la ADI de Salitre, ¿qué va a pasar?
-La lucha de seis años de procesos judiciales se presentó con el objetivo de demostrar quién en realidad era Sergio en la comunidad indígena, pero esa lucha con su muerte queda durmiendo el sueño de los justos ante un sistema judicial lento, racista y parcializado. La vida de cualquier ser humano es preciada. Sergio no era santo de mi devoción ni de muchas personas en el Sur, pero esto no puede quedarse así. El Gobierno debe ser responsable y resolver el conflicto de las tierras aquí en el sur. Lo que sí está claro es que la muerte de Sergio nos puso en la agenda mediática y política, lo que nunca logró en vida, a ver si ahora de una vez por todas resuelven este conflicto o los que sí vivimos aquí continuaremos sufriendo violencia y atropellos a nuestros derechos básicos.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Martes 26 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
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