Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), presentó un proyecto de ley que establece una sanción económica de más de ¢10 millones a los empleadores que contraten un trabajador migrante en condición irregular.
Si bien ya existe una sanción para estas acciones, el congresista busca que se duplique.
La iniciativa aplica una reforma a los artículos 18 inciso 20), 177 y 179 de la Ley de Migración y Extranjería.
La multa es de 2 hasta 12 salarios base y pasaría de 4 y hasta 24; es decir, actualmente el castigo máximo por este tipo de contrataciones es de ¢5.172.000, pero con la iniciativa llegaría a los ¢10.708.800, considerando el salario base para 2019 por el orden de ¢446.200.
El legislador recalcó que esta propuesta busca proteger a las personas extranjeras de la explotación laboral.
“Huyendo de la pobreza y de situaciones de conflictos, el país se ha convertido en un foco de recepción de migrantes, quienes, dado a su situación de vulnerabilidad y de irregularidad, son expuestos a condiciones de explotación laboral, obligados a realizar su trabajo en un escenario de discriminación.
Para robustecer el combate a este flagelo, propongo endurecer las sanciones a los empleadores y fortalecer el trabajo de la Policía Migración. Al mismo tiempo con estas acciones se estarán aminorando factores que puedan ser detonantes de inseguridad en el país, al no avalar la contratación de personas que incumplen con la idoneidad y requisitos”, sostuvo.
INYECCIÓN DE RECURSOS
El plan también contempla fortalecer el trabajo de la Policía de Migración, modificando el artículo 53 de la Ley 9.590 para destinar anualmente hasta un 15% de recursos del Fondo Nacional contra Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt) a este órgano.
Este dinero se obtiene con el cobro de $1 por impuesto de salida. De estar la norma vigente el año anterior se habrían transferido ¢216 millones.
En una consulta realizada por el legislador a la Dirección General de Migración y Extranjería, de cada dólar por impuesto de salida solo se ha ejecutado la mitad del fondo para combatir la trata de personas desde 2013.
Además, se busca establecer que este cuerpo policial cuente con el respaldo de inspectores del Ministerio de Trabajo, Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, lNS y policías municipales para investigar la situación migratoria.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Archivo
EMAIL: [email protected]
Viernes 22 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA