El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, del partido Yunta Progresista Escazuceña, ofreció una conferencia de prensa este jueves para desmentir las denuncias de la diputada liberacionista Karine Niño y los regidores de esa municipalidad, Eduardo Chacón y Ricardo López.
En ella se sacudió el supuesto manejo irregular de un préstamo por ¢4.605 millones que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) le otorgó al municipio en 2017 para la compra del antiguo Country Day School, que incluye un terreno de 53.000 m2 y varias edificaciones de ese centro de estudios privado.
De acuerdo con la legisladora, los recursos se destinaron para la compra de los terrenos, con el fin de construir una clínica para el cantón, que no se ha edificado y que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tiene en su cartera de proyectos.
Además dice la liberacionista que la propiedad no se ha traspasado a la Municipalidad de Escazú por un error en el peritaje y una diferencia de precios.
Por último, que cuando el ayuntamiento recibe los recursos del IFAM, los colocó en un certificado a plazo ganando intereses con fondos del Estado, lo cual es ilegal.
MEDIO CUENTO
Pero Barahona insiste en que a Niño le contaron la mitad del cuento, que hace dos meses un juez de la República resolvió el litigio y le entregó las instalaciones al municipio.
Prueba de ello es que llevan a cabo un plan de mejoramiento de las instalaciones, se permite el uso de las áreas deportivas de forma gratuita para la comunidad, se imparten capacitaciones y se les da mantenimiento y seguridad pagada por el gobierno local.
“El crédito fue cumplido en cada uno de sus requisitos, estuvo bajo el ojo de la Contraloría General de la República, ya los fondos fueron trasladados a la cuenta indicada por el juez de la República y son de uso de los anteriores dueños de este inmueble”, expresó el alcalde.
Barahona asegura es falso que el contrato prohíbe incluir los recursos en un certificado a plazo y que todo el procedimiento está en regla con lo estipulado en los estándares de la Administración Pública.
“Eso es falso. La Contraloría nos exige no tener fondos ociosos en las cuentas municipales, que deben estar garantizadas, que deben tener rentabilidad por el interés público de los recursos. El alcalde no puede dormir con ¢4.600 millones debajo de la almohada”, insistió.
También lamentó que la diputada quiera satanizar que el crédito tardó apenas un mes para ser entregado, cuando según él esto es lo usual con cualquier municipalidad que tramita estos créditos con el IFAM.
Además afirmó que los dos regidores denunciantes, a pesar de conocer el proyecto, presentaron una moción para devolver los dineros y que no se comprara el terreno.
“Esto es un acto prácticamente delictivo contra el pueblo de Escazú. Ellos se opusieron a que la comunidad pudiera disfrutar de estas instalaciones con todos los beneficios por un tema meramente politiquero.
Estoy seguro de que a la diputada estos dos regidores la asesoraron mal, le dieron solo una parte de la historia y no la actualizaron a la fecha con todos los actos administrativos que fundamentan la compra de este inmueble”, enfatizó el alcalde.
Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAM, mediante un comunicado de prensa dijo que concuerda con el Barahona en que el proyecto recibió el aval de la Contraloría.
“El proyecto con la Municipalidad de Escazú es una operación que ya fue auditada por la Contraloría y está previsto que la junta directiva de IFAM analice todos aquellos planteamientos que tengan la alcaldía y regidores municipales sobre el seguimiento que estamos dando al financiamiento”, indicó.
NEGOCIACIÓN
¿Qué va a pasar con la construcción de la clínica? Según comentó la vicealcaldesa Lusiana Toledo, esta es una promesa que no quedará en el papel.
Reconocen que la CCSS aún no tiene el proyecto entre sus proyecciones, pero están en negociaciones directas para que se pueda incluir.
“Le decimos a la comunidad de Escazú que estén tranquilos, que el proyecto de la clínica se va a lograr y será un éxito. Vamos a ir más allá, estamos buscando una torre de especialidades médicas y hemos tenido varias reuniones con la dirección de la Caja”, manifestó.
La vicealcaldesa dijo que tienen todo el respaldo legal porque actúan apegados a la ley y no temen que la Fiscalía General de la República investigue porque no han cometido ningún delito.
Incluso las autoridades municipales propondrían a la CCSS ser parte en la inversión del proyecto de la clínica, usando recursos propios, ya que cuentan con gran liquidez presupuestaria. Para ello se reunirán con autoridades de la institución en unos 15 días.
BENEFICIO DE LA DUDA
El alcalde no quiso entrar en polémica con la diputada Niño y dijo que le daba el beneficio de la duda, pues no cree que pueda querer hacerle un daño a la administración; aunque sí señaló a los regidores, a quienes invita a interponer las denuncias ante la fiscalía.
Afirma que el préstamo con el IFAM está al día y además la municipalidad invierte por mes ¢3,5 millones entre el mantenimiento de las instalaciones y la seguridad.
A LA ESPERA
De una clínica para el cantón de Escazú se habla desde 1978.
En un recorrido que DIARIO EXTRA hizo por las calles del cantón fue evidente que los ciudadanos ven el proyecto como una gran necesidad, pero no tienen mayores noticias sobre su avance.
Incluso desconocen las negociaciones que el ayuntamiento dice llevar a cabo para concretarlo.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Viernes 01 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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