Marco Cordero y Álvaro Barrantes, voceros de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicas (Aresep), alertan sobre la afectación a Coopelesca, CoopeGuanacaste, Coopealfaro y Coopesantos, que eventualmente tendrían que subir sus tarifas al limitar su capacidad de inversión por el cobro de un nuevo impuesto, como pretenden los diputados.
De acuerdo con los representantes de la Aresep, dicha afectación impactaría a por lo menos 120 mil abonados de estas cooperativas de electrificación rural, que concentran el 13% de los abonados eléctricos del país.
Cordero explicó que de aprobarse el proyecto, estas organizaciones tendrán menos recursos para atender intereses de deuda de periodos anteriores, ni para hacer las microinversiones; es decir, atender el crecimiento alternativo de la actividad.
Tampoco tendrían acceso para hacer la buchaca necesaria para proyectos conocidos como macroinversiones, los cuales requieren capital de trabajo grande.
“Eso obligaría a este tipo de cooperativas a buscar fuentes de financiamiento externas, a tarifas que podrían traer costos adicionales a los usuarios porque tendrán que pagar tasas de interés que no sabemos si son bajas o altas y podrían provocar aumentos tarifarios en el corto o mediano plazo”, comentó el funcionario.
INJUSTO
Cordero y Barrantes también hicieron ver que el proyecto crearía una disparidad entre estas cooperativas de servicio eléctrico y las empresas públicas, ya que las primeras deberán pagar este impuesto, mientras que las segundas no.
“Un impacto de este tipo (el proyecto de ley) sobre el rédito para el desarrollo implicaría que las empresas eléctricas utilicen mecanismos de financiamiento externos, lo que llevaría a un gasto adicional y por ende un aumento tarifario para sus abonados, que es muy diferente a lo que sucede con el ICE, ESPH, Jasec y CNFL, que están exentas por ley, creando una discriminación para una serie de abonados del sistema eléctrico nacional”, añadió Cordero.
La Aresep recomendó a los legisladores la posibilidad de aplicar un régimen de regulación diferenciado a las cooperativas que brindan servicios públicos regulados, como son agua, energía y transporte.
Este proyecto básicamente propone un tributo a los excedentes en una escala del 10% y el 20%.
Así lo establece el artículo 6 del proyecto, el cual indica: “A los excedentes netos se les aplicarán las tarifas que a continuación se establecen, el producto así obtenido constituirá el impuesto sobre excedentes a cargo de las cooperativas”.
Excedentes netos anuales cuyos montos serán menores al equivalente de 581 salarios bases (¢250 millones) están exentos.
Un 10% sobre el exceso del equivalente a los 581 salarios base (¢250 millones) y hasta 1.740 salarios base (¢750 millones) de excedente neto anual.
Un 20% sobre el exceso del equivalente de 1.740 salarios base (¢750 millones) de excedente neto anual.
La iniciativa continúa su análisis en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Johanfred Bonilla
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Miércoles 23 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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