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Nacionales

Experto critica ministro por portación de armas

Aduce que alza en criminalidad es una excusa

  • Álvaro Ramos cree que Michael Soto, ministro de Seguridad, se equivoca en el enfoque

  • Michael Soto

Álvaro Ramos, abogado y analista en temas de seguridad, cree que el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, se equivoca al argumentar que los homicidios y la criminalidad podrían aumentar, luego de que diputados de oposición se negaron a bajar el número legal de portación de armas por persona en el país.

Los legisladores que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso echaron para atrás, dejaron intacta en la moción a una reforma a la Ley de Armas y Explosivos la posibilidad de portar hasta 3 armas por persona. 

Soto y el gobierno querían bajarla a solo una por ciudadano. “Con las mociones aprobadas, no podremos seguir con la reducción de homicidios”, dijo el jerarca en un comunicado de prensa. 

Posición que fue refutada por Ramos. “El nivel de homicidios, narcotráfico y de asaltos a las personas, criminalidad que se ha incrementado de forma violenta, son fenómenos que no tienen nada que ver con la posesión legal de armas”, señaló. 

“Creo que el enfoque (del ministro Soto) está completamente equivocado, usted puede quitar todas las armas del país, incluyendo las de los policías, y los criminales seguirán siendo liberados y cometiendo fechorías, entonces es una política equivocada y se nota que no están escuchando el clamor de las comunidades”, agregó el experto. 

Ramos cree que el problema es que los criminales violentos deben permanecer largo tiempo en prisión, pero al contrario la política de los últimos gobiernos ha promovido la liberación de reos que contribuyen a generar más inseguridad.

“Tiene que ver con un sistema que es una estafa al pueblo de Costa Rica, que criminales que delinquen porque saben que no les va a pasar nada. 

Porque se gastan millones de dólares en prevención y represión del delito, se captura una y otra vez a los mismos criminales que se van convirtiendo en asaltantes, estafadores profesionales y violadores, y una y otra vez los liberan, este es el fenómeno que está incrementando el delito”, adujo. 

El analista dice que aplicar una política represiva contra los criminales reincidentes bajaría los índices casi de inmediato.

“Lo más sencillo es perseguir a los ciudadanos correctos y humillarlos y quitarles sus derechos, cuando lo más urgente es perseguir a los criminales”, agregó Ramos.

 

JUSTIFICACIÓN

 

Para el liberacionista Gustavo Viales, quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es preocupante además que el jerarca quiera justificar un aumento en la criminalidad del país con este tema.

“Nos parece irresponsabilidad la afirmación que hizo el ministro Soto, porque si en el país aumentan los homicidios, el principal responsable es él como jerarca de Seguridad Pública”, apuntó.

El congresista acotó que el Ministerio de Seguridad no ha podido demostrar que limitar el número de portación legal de armas en la población baje los niveles de violencia.

El verdiblanco manifestó que para variar la portabilidad legal de tres armas por persona a solo una, como busca el ministro, primero deben conocer un pronunciamiento técnico que demuestre una reducción en la criminalidad al aplicar el cambio, evidencia que hasta el momento no se ha presentado.

Viales expresó que él no está promoviendo que los ticos se armen, pero ante la incapacidad del Estado para brindar seguridad a la población, es un fenómeno que puede comprenderse, al percibirlo como un mecanismo de defensa personal.

En ese escenario piensa que es importante que los mecanismos de portación legal se consoliden.

“Pero negarle a una persona su derecho a portar las armas que considera necesarias va a tener una sensación de inseguridad”, explicó. 

Organizaciones a favor del uso de armas insisten en que el problema reside en el contrabando ilegal y no en la portación legal que está muy bien documentada. 

Según el grupo ciudadano Prodefensa Civil, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó estadísticas donde se demuestra que en 3 años y medio se decomisaron 48 armas de fuego matriculadas usadas en delitos. 

De las armas registradas legalmente (246.669), esto representa apenas un 0,005% anual del total.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Jueves 17 Enero, 2019

HORA: 12:00 AM

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