La Dirección de Programas de Equidad (DPE) del Ministerio de Educación Pública reprueba en su gestión de control y planificación a los servicios de alimentación, nutrición -dados en los comedores escolares- y transporte de estudiantes. Dicha instancia beneficia a 956.994 estudiantes de escuelas y colegios; a noviembre de 2018, la inversión programada fue de ¢150.674 millones.
Según se desprende del Índice de Gestión realizado por la Contraloría General de la República a la DPE, se determinó que la labor de supervisión y control que hace al año resulta deficiente e insuficiente, pues de una nota máxima de 100 puntos, dicha entidad del MEP alcanzó una calificación de 43,82%.
Los programas de equidad ejecutados por dicha cartera tienen el propósito de facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes en condición de pobreza en el sistema educativo nacional, así como de reducir la brecha de oportunidades que enfrentan las personas menores de edad y adultos en el acceso a la educación.
“Los esfuerzos realizados por la DPE, según la medición del Índice de Gestión de la Dirección de Programas de Equidad, resultan insuficientes para alcanzar el modelo de estructura definida en la normativa actual. De una nota máxima de 100 puntos la gestión de la Dirección de Programas de Equidad obtuvo una calificación de 43,82”, reafirma la Contraloría en el informe Dfoe-Soc-If-00026-2018.
RIESGO PARA LA
HACIENDA PÚBLICA
Por otro lado, dentro de las deficiencias detectadas destaca que, aun cuando en el 2014 entró en vigencia el decreto “Organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública”, en el cual se designa a la DPE la responsabilidad del manejo integral de los programas de equidad y al Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto (DPEI) la realización de los estudios de impacto social de los programas y hacer las propuestas para mejorar el desarrollo de estos, dicha función no se ha realizado.
“Además, se potencia el riesgo de no conocer si la ejecución de los recursos de la Hacienda Pública que se ejecutan para financiar los programas de equidad, impactan en la reducción de la brecha de oportunidades en el sistema educativo costarricense, así como en procurar el acceso y la permanencia de los estudiantes de más bajos recursos al proceso de educación”, se desprende del informe.
De 4.658 escuelas y colegios públicos con que cuenta el país, la DPE visitó de, durante 4 años, 95 centros educativos por año.
La CGR constó que la DPE, para el 2018, contó con 42 funcionarios.
“(…) se tiene que, si se mantienen las actividades de supervisión y control con las condiciones actuales, la DPE tardaría 49 años, o en otras palabras, más de cuatro generaciones educativas para supervisar, al menos en una ocasión, los programas de equidad en los centros educativos”, subraya la entidad contralora.
SIN PLANIFICACIÓN
NI ESTUDIOS
El Índice elaborado por la Contraloría General se aplica por primera vez en instituciones públicas en que se evaluaron los programas de equidad, bajo el modelo de planificación denominado “Cadena de Resultados” (insumos, actividades, productos o servicios, aprovechamiento de los productos o servicios, efecto directo e impacto), aplicables para la evaluación de políticas, programas o proyectos ejecutados por la Administración Pública.
Otros hallazgos detectados, en lo que respecta a las actividades de planificación de los programas de equidad, incluyen que el MEP no programa resultados, ni objetivos ni metas e indicadores, que permitan evaluar y conocer el aprovechamiento de los productos por parte de los beneficiarios reales del programa, los efectos directos en el corto y mediano plazo ni la evaluación del impacto de los programas de equidad en la población beneficiaria.
La DPE tampoco realiza, de acuerdo con el informe fiscalizador del Estado, estudios sobre la distribución de recursos ni sobre los mecanismos y procedimientos de selección de los beneficiarios.
“La ejecución de los programas de equidad ha logrado aumentar la cobertura de beneficiarios a lo largo de los años; sin embargo, el Ministerio de Educación Pública, a la fecha, no ha podido determinar en qué medida y de qué manera se prestan los citados servicios”, detalla la Contraloría.
DEFICIENCIAS POR SERVICIO
Alimentación y nutrición
Calificación: 41,3%
Desconocimiento de información básica de la ejecución del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (Panea) en los centros educativos del nivel país.
No sabe cuántos centros educativos cumplen con los menús que deben implementarse en los comedores escolares.
No hay información sobre la cantidad de centros educativos con controles para reportar la asistencia diaria de los estudiantes que utilizan el servicio de alimentación.
Se desconoce cuántos centros educativos ofrecen el servicio de comedor escolar de manera continua durante 200 días, de acuerdo al calendario del MEP.
No hay claridad sobre el estado nutricional de la totalidad de la población beneficiaria.
Se necesita contratar profesionales en Nutrición, no se hacen las medidas y dimensiones de los estudiantes, se necesita contratar servidoras por tiempo de comida, se debe hacer un control de los horarios de los centros educativos y se requiere de presupuestos para financiar el programa.
Transporte estudiantil
Calificación: 61,4%
No tiene a disposición un modelo de tarifas regulado que le permita al MEP contratar servicios de transporte infantil bajo la modalidad de rutas adjudicadas.
Carece de un instrumento validado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que determine si las tarifas pagadas a los proveedores se ajustan a precios del mercado.
Modalidad de concesión de subsidios no ha sido evaluada para determinar si dicho mecanismo cumple o no con los objetivos, necesidades y criterios de calidad ni se puede determinar si la misma es la adecuada para establecer los principios de economía.
Falta de información de “aprovechamiento” de los servicios de alimentación, nutrición y transporte estudiantil.
Calificación: 42,3%
MEP no ha podido determinar en qué medida los estudiantes aprovechan los servicios de alimentación, nutrición y transporte estudiantil, debido a que no cuenta con los indicadores básicos que le permita conocer el aprovechamiento de los servicios por parte de la población beneficiaria.
No se tiene certeza de qué manera la población beneficiaria los recibe.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Miércoles 16 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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