Evaluación de profesionales y rendición de cuentas

Alternativas

Ante la buena noticia que a finales del año pasado nos comunicó el ministro Edgar Mora, indicando que en este 2019 se evaluará a los docentes para apoyarlos en su formación, manifesté en redes sociales mi gran satisfacción por la enorme conveniencia de esta medida para la calidad de nuestra educación pública. Luego, en mis columnas semanales me ocupé del tema (ver “El 2018 se despide ofreciéndonos esperanza en educación pública” en www.rodriguez.cr) señalando que se puede logar una educación de excelencia si esa medida se da en conjunto con un examen de los conocimientos de los docentes que se contratan, y con el establecimiento de un internado docente para acompañarlos y guiarlos en el arte de enseñar.

Recibí críticas indicando que primero se debería someter a evaluación al Presidente, diputados, magistrados y ministros.

Esas críticas merecen una respuesta seria.

Políticos y profesionales son funciones y nombramientos muy distintos que requieren medidas de seguimiento muy diferentes.

Los miembros de los supremos poderes en una democracia liberal son representantes seleccionados por el pueblo, directa o indirectamente, para que ejerzan una función de representación por un período limitado.

Su principal evaluación es la que realizan ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales, decidiendo respecto a ellos y a sus partidos políticos.

Están sujetos al diario escrutinio de los medios de comunicación y, ahora, de las redes sociales. Este escrutinio es cada día más profundo, inmediato y pormenorizado.

Pero claro que además deben darse procesos de evaluación mediante el adecuado rendimiento de cuentas.

En mi primera función pública, como director alterno primero y como director con rango de ministro después, de la entonces recientemente fundada Oficina de Planificación, me correspondió establecer los Planes Operativos de Inversión Pública y las revisiones trimestrales de su cumplimiento.

Luego, como presidente de la Asamblea me tocó proponer la creación y echar a funcionar después, la Comisión de Ingreso y Gasto Público. 42 años después de que la Constitución de 1949 había establecido la obligación del Poder Legislativo de aprobar o improbar la liquidación del presupuesto, no había ningún mecanismo para efectuar esa tarea.

En la administración de don José María Figueres se introdujo en el Ministerio de Planificación el SINE (Sistema Nacional de Evaluación) y en la que tuve el honor de presidir, se extendió su aplicación a todas las instituciones autónomas y ministerios, mediante un sistema de compromisos anuales de ejecución de tareas entre cada jerarca y el Presidente de la República, y se dieron a la publicidad sus resultados, y en el último año se hicieron públicos de previo los compromisos.

Después durante esa administración, en el año 2000 se aprobó la reforma al artículo 11 de la Constitución Política para incorporar la siguiente disposición: “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas….”

Y luego, en octubre de 2001, se aprobó la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que tiene como uno de sus objetivos el apoyo a la evaluación de la gestión pública. Esta ley establece: “Artículo 5 Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo” y en el “Artículo 52 …incluirán los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos…”.

Es penoso reconocer que entre nosotros el rendimiento de cuentas ha sido defectuoso y que falta mucho en la evaluación de los planes nacionales de desarrollo, y del cumplimiento de las tareas de los representantes populares. A ello me referí el 14 de febrero de 2014 en esta columna Disyuntivas en mi artículo “Eficiencia, resultados y rendición de cuentas” (www.rodriguez.cr).

Es muy diferente el tema de evaluar a los profesionales en servicio en la función pública, incluidos los docentes.

Se trata de personas nombradas en puestos fijos cuya evaluación ha sido solo la que realizan sus superiores para determinar los incentivos salariales que les corresponden. Bien sabemos que en este proceso, de mero trámite, prácticamente todos los funcionarios reciben la más alta calificación.

No existe mecanismo adecuado alguno para justipreciar sus actuaciones, ni en cuanto a cumplimiento de metas (eficacia) ni en cuanto al costo de sus acciones en relación a sus resultados (eficacia).

Por eso, y en aras de brindar verdaderas oportunidades a los jóvenes dotándolos de habilidades y de avanzar en justicia social y en eficiencia económica, repito mi gran aprecio por la decisión del MEP de evaluar en este año 2019 a los docentes para apoyarlos en su formación. Ojalá esto sea parte de una tarea más completa para asegurar maestros excelentes.

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Miércoles 16 Enero, 2019

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodríguez