Diputados a favor de colocar un impuesto a los excedentes de las cooperativas y expertos en temas tributarios refutan el argumento que presentó la semana anterior Ennio Rodríguez, vocero de Coopesa, quien insiste en que el proyecto que se analiza en la Comisión de Asuntos Económicos crearía una doble imposición tributaria a las cooperativas.
“Los excedentes siempre pertenecen a los asociados, por lo que gravarlos, antes de distribuirlos o después de hacerlo, es un caso de doble imposición”, aseguró.
Felipe Guevara, abogado tributario de la firma Consortium Legal, explicó que el argumento no es válido, ya que el proyecto tiene otro fin y los excedentes no se pueden definir como de las asociaciones.
“No existe una doble imposición jurídica, dado que actualmente se grava solo el excedente que se le paga al asociado, y lo que busca el proyecto es gravar el excedente de la cooperativa, replicando el modelo que existe para el resto de sociedades.
Es importante aclarar que el proyecto sigue manteniendo un trato muy favorable al sector cooperativo, a diferencia del resto de sociedades”, señaló.
“Si ese argumento tuviera razón, todas las empresas del país pudieran alegar lo mismo y no pagar el impuesto sobre las utilidades del 30% y alegar que se grave únicamente con el impuesto a los dividendos del accionista, que es del 15%”, agregó.
Este nuevo proyecto básicamente propone un impuesto a los excedentes en una escala del 10% y el 20%.
Así lo establece el artículo 6 del proyecto, el cual indica: “A los excedentes netos se les aplicarán las tarifas que a continuación se establecen, el producto así obtenido constituirá el impuesto sobre excedentes a cargo de las cooperativas”.
Excedentes netos anuales cuyos montos serán menores al equivalente de 581 salarios bases (¢250 millones) están exentos.
Un 10% sobre el exceso del equivalente a los 581 salarios base (¢250 millones) y hasta 1.740 salarios base (¢750 millones) de excedente neto anual.
Un 20% sobre el exceso del equivalente de 1.740 salarios base (¢750 millones) de excedente neto anual.
A pesar de que existe un compromiso firmado por prácticamente todas las fracciones para aprobar este proyecto, que surgió como una iniciativa paralela al plan fiscal, lo cierto es que con cada audiencia en la Comisión de Económicos son evidentes las dudas que surgen en diputados de Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PUSC).
De hecho, para la socialcristiana María Inés Solís, quien da la lucha para que este proyecto se convierta en ley, está claro que este tendrá un dictamen negativo de mayoría y uno positivo de minoría.
“Se hace raro ver a los diputados que firmaron ese compromiso ahora trabajar en contra de él. De la Comisión estoy segura que saldrá un dictamen negativo, pero esperaría que en plenario el proyecto sí tenga los votos. Hay un compromiso del PLN, el PAC, Restauración y el bloque independiente”, afirmó la socialcristiana.
Solís también ve una desesperación del cooperativismo, que recurre a argumentos sin fundamento para rechazar el proyecto.
“Al inicio dijeron que el proyecto cargaba a las pequeñas cooperativas, ahora hay un texto de absoluta claridad de que es para cooperativas enormes, pero usan argumentos inválidos, incluso diciendo que sería inconstitucional, lo que si fuera así todos los dueños de sociedades anónimas ya hubieran pegado el grito al cielo. Es un argumento que da pena”, comentó.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la iniciativa gravaría a unas 15 cooperativas, generando ¢6.000 millones por año.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 14 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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