Si un proyecto de ley avanza en el Congreso, los conductores que manejen bajo el efecto de drogas y sean sorprendidos por la Policía de Tránsito se expondrían a una multa de ¢318.000.
Así lo establece la iniciativa 21.020, la cual impulsa Daniel Ulate, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
El legislador propone modificar la Ley de Tránsito en sus artículos 83, 143, 199 y 208, que en lo que interesa incorpora como multa categoría A a quien conduzca con evidencia de consumo de drogas o sus metabolitos.
Además faculta a las autoridades de Tránsito para utilizar el dispositivo correspondiente para obtener la prueba indiciaria que evidencie que la persona conduce bajo los efectos de drogas o alcohol.
Actualmente la Ley de Tránsito no contempla sanciones para los conductores que manejen bajo estos efectos.
“Buscamos ser severos con aquellas personas irresponsables que andan conduciendo bajo los efectos de drogas y con esto no solo nos referimos al alcohol. Estamos hablando de marihuana, cocaína o cualquier otro tipo de sustancia o droga que genere efectos en el cuerpo humano”, explicó.
El proyecto indica que los oficiales deben contar con los dispositivos necesarios para localizar el uso de drogas en el conductor.
“Estos dispositivos para la detección de drogas en saliva detectan metabolitos; es decir, detectan la sustancia raíz, ya sea de la cocaína, marihuana, benzodiacepinas y alucinógenos, y no es posible que ese metabolito apareciera en el test por haber tomado un jarabe contra la tos, un antigripal u otro medicamento, todos los cuales, dependiendo de su composición química, tienen sus propios metabolitos”, aseguró Ulate.
En el proceso se deberá aplicar una segunda prueba que confirme la primera. Para ello se utilizará una muestra de cabello, que es una innovación que incorpora el proyecto de ley, ya que hoy día las pruebas en cabello determinan la cronicidad con que una persona consume determinada droga; es decir, si lleva años consumiendo cocaína, marihuana o alucinógenos, entre otros.
JUSTICIA RESTAURATIVA
El expediente modifica varios artículos del Código Penal para promover la justicia restaurativa, sobre todo a la población más vulnerable en este tema, como son los jóvenes o personas menores de 39 años.
“De acuerdo con una exposición realizada por la Defensa Pública, el 64% de las personas privadas de libertad pertenecen a la población joven y si combinamos este dato con las estadísticas del IAFA, que indican que las personas más vulnerables hacia el consumo de sustancias ilícitas también pertenecen a este grupo etario, se concluye que el asunto no solo debe abordar acciones penitenciarias, porque además nuestras cárceles presentan un hacinamiento de más del 200%, sino que este asunto también es de salud pública, por lo que el proyecto de ley brinda la posibilidad a aquellas personas cuya sentencia es menor a 3 años conmutarla por una medida educativa terapéutica sobre el consumo de alcohol y drogas de abuso a cargo del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que implicaría la asistencia regular, supervisada y controlada a terapias y tratamiento de la conducta adictiva”, finalizó el legislador.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 04 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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