El Ministerio de Hacienda no está dando abasto para salir airoso de la gestión de casos en cobro judicial, que representarían millones de colones en ingresos al fisco.
DIARIO EXTRA tuvo acceso a una nota enviada por los jefes de departamento a Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, y Nogui Acosta, viceministro de Ingresos, donde se expone la situación.
Su criterio es que al menos se necesita 10 veces la cantidad de funcionarios que actualmente laboran para el departamento de Cobro Judicial.
Lo más preocupante de todo esto es que probablemente no se gestionará un total de 14.065 expedientes, por la suma de ¢27.774 millones, que representan el 19% de la cartera morosa. Además se habla de solicitudes masivas de prescripción.
La falta de personal toca tanto el área legal como a la administrativa y temen mayores recargos con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los planes de combate a la evasión.
A la fecha hay una cartera de 8.727 casos asignados a los 12 fiscales de cobro, quienes representan al Estado en la gestión judicial.
Suman un total de ¢113.748 millones en cobro, que incluye tanto casos millonarios como no millonarios.
La falta de personal es evidente, pues en promedio cada fiscal de cobro tiene a cargo más de 671 expedientes. Esto representa más ¢8.749 millones por cada uno de los funcionarios, indica la misiva.
Pese a ello, El Periódico de Más Venta en Costa Rica supo que las altas jerarquías de Hacienda exigen al personal que agilice esos casos a como dé lugar.
En cuanto a la Unidad Administrativa, tiene bajo su responsabilidad una cartera promedio de 1.746 expedientes, que corresponden a un monto de ¢22.749 millones para gestionar por cada gestor.
Esto porque son más los fiscales de cobro que los funcionarios de la Unidad Administrativa y por tanto cada gestor debe manejar más casos y más dinero.
Agrega que la carga de trabajo del departamento es excesiva y rebasa por mucho sus posibilidades de trámite, no solamente del cobro judicial, sino también de la gestión administrativa.
Un factor que complica aún más la situación actual es que siguen ingresando en forma masiva expedientes de las distintas administraciones tributarias y de diversas instituciones públicas.
Al parecer se hizo un plan para asignar la cartera de expedientes a los fiscales de cobro, el cual debió interrumpirse para gestionar los casos millonarios, a los que se decidió darles prioridad, al igual que a los que están a punto de prescribir en diciembre de este año.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso El Diario del Pueblo, había expedientes que se encontraban en el archivo, pero por el sistema de “pilas” que se llevaba anteriormente no se asignaron a un abogado en específico, sino que varios litigantes podían tramitar un mismo expediente, en una etapa determinada del caso.
Por ello muchos de estos expedientes sí han sido tramitados, incluso pueden tener embargo y demanda, pero hasta ahora se está en proceso de asignación a un fiscal en específico.
“El no contar con el recurso humano suficiente y las herramientas necesarias nos ha llevado a tener que pedir colaboración a otros departamentos para poder cumplir con algunas prioridades (notificación de avisos de cobro en los casos en que proceda, presentación en los bancos de los embargos judiciales y administrativos), dado a que tampoco se cuenta con un chofer y un notificador asignados a esta oficina”, se lee en el oficio.
Añade que se ha llegado a una situación de mucha frustración y estrés por las cargas de trabajo, que desbordan las posibilidades humanas y de recursos.
Al 25 de octubre de 2018 se recibió un total de 1.178 expedientes nuevos, que estaban a la espera de asignarse a los fiscales de cobro.
También esperan un ingreso de 1.500 expedientes adicionales, por lo que se llegaría a un estimado de casi 2.700 expedientes nuevos al 31 de diciembre del año en curso.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Martes 11 Diciembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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