DIARIO EXTRA publicó este miércoles el caso insólito de un técnico judicial destacado en el Tribunal de Juicio de Puntarenas que, pese a tener una condena por narcotráfico, sigue laborando en el mismo despacho.
Se trata de un sujeto apellidado Díaz Montero, condenado por infringir la Ley de Estupefacientes a tres años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo período. La causa se tramitó con el número de expediente 12-000007-1042-PE por el delito de venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.
La Corte Suprema de Justicia, por medio de la oficina de prensa, externó que la Inspección Judicial tramitó la causa disciplinaria número 12-00077-0031-IJ y resolvió revocatoria de nombramiento que se conoció en la sesión del Consejo Superior 114-13 del 12 de diciembre 2013 y se acordó mantener la revocatoria de nombramiento dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial.
Contra esta resolución, Díaz Montero accionó un mecanismo legal ante la jurisdicción contenciosa administrativa solicitando la reinstalación en el puesto, esta petición se declaró sin lugar por el Tribunal Contencioso Administrativo, sección cuarta, mediante resolución número 40-2016 del 19 de abril del 2016, la que fue apelada ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo.
Este ente resolvió que en el proceso disciplinario operó la caducidad de este porque el traslado de cargos se realizó fuera del plazo legal, por lo tanto, se ordenó la reinstalación en una plaza homóloga. Así se desprende de la resolución 000016-F-TC-2018 del 15 de febrero del 2018.
DIME QUE TE DIRÉ
Esta resolución es conocida por el Consejo Superior en las sesiones del 20 de noviembre y 27 de noviembre de 2018 en las que se da cumplimiento a lo dispuesto por el órgano jurisdiccional que ordenó la reinstalación.
Sin embargo, ante gestiones del Tribunal de Juicio de Puntarenas, de la servidora judicial que está en el puesto y del representante legal de Díaz Montero, el Consejo Superior resolvió solicitar a la Dirección Jurídica un criterio sobre este aspecto en particular de la reinstalación y al haber una sentencia penal en firme. La reinstalación se ordena por la sentencia de un órgano jurisdiccional que así lo dispone.
En relación con lo actuado en sede penal, se dictó sentencia por el Tribunal de Juicio de Puntarenas, número 018-P-2108 del 16 de febrero de 2018 en la que consta el procedimiento abreviado que aceptó esta persona.
Personal judicial que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias aseguró a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que es muy incómodo trabajar con un compañero que ha sido sentenciado por narcotráfico, pues la confianza no es la misma al verlo manipular expedientes y asistiendo a los jueces.
