De prosperar una solicitud, la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) deberá de abstenerse de avanzar con la medida cautelar en contra de la empresa Ruta Ochenta y Tres AB S.A.
El representante de esa firma, que brinda servicios en la ruta San José-Concepción de Alajuelita, Ricardo Rodríguez, denuncia que aparentemente Aura María Álvarez Orozco, directora del CTP, mantiene una relación sentimental con Freddy Quesada Alfaro, jefe del Departamento de Inspección y Control del Consejo, lo cual perjudicaría a la autobusera.
Según el documento, que recibió el CTP la tarde de este viernes, Álvarez sostiene el supuesto vínculo pese a ser la jefa de Quesada y se denuncia que “ambos firmaron el informe DIC 2018-1014 con el que avalaron quitarle los permisos a la empresa mencionada y dársela a un operador provisional”.
“Adicionalmente, en apariencia, dentro de un supuesto expediente que se tramita o tramitó en el Juzgado Agrario de Santa Cruz del año 2015, una información posesoria, en el que la Sra. Álvarez Orozco es la actora, ella misma autorizó al Sr. Quesada Alfaro para que realizara gestiones en su favor. Y supuestamente el abogado que la representa o representaba o que autenticaba la firma de la Sra. Álvarez Orozco en ese proceso judicial es el Lic. Miguel Enrique Zamora Azofeifa”, añade.
Continúa la denuncia: “Según entiendo y aunque no me consta el Lic. Miguel Enrique Zamora Azofeifa es asesor de una empresa que supuestamente vendió unos autobuses a la empresa LaRED para que pudiera participar como oferente y ser nombrado operador provisional de la ruta que mi empresa tiene asignada”.
El denunciante, Ricardo Rodríguez, asegura en el documento entregado al CTP que le preocupa sobremanera no solo el vínculo sentimental, sino que, uniendo cabos, se esté beneficiando a este supuesto operador provisional como busca la medida cautelar.
“Preocupa al suscrito que en el trámite de nombramiento de un operador provisional (que sigo considerando irregular de por sí) se genere un informe de la Dirección Técnica que llegue a recomendar una empresa que, de alguna manera, aun por intermediación de otra empresa, tiene relación con el Lic. Zamora Azofeifa, cuando supuestamente este brinda servicios profesionales también a la Sra. Álvarez Orozco en el supuesto expediente judicial agrario”, recalcó.
INVESTIGACIÓN
Rodríguez pidió así que el CTP abra una investigación sobre el caso para corroborar si la medida cautelar en contra de la empresa que representa puede tener vicios de parcialidad.
“Todas esas relaciones podrían haber afectado también la imparcialidad y objetividad con la que Ruta Ochenta y Tres AB S.A. debería haber sido tratada, máxime cuando estimo que la empresa que represento está siendo discriminada, por ejemplo, respecto del excelente trato recibido por la Ruta Periférica al renunciar ella misma a la concesión”, cita.
También solicita que se indague específicamente si el jefe del Departamento de Inspección y Control del CTP realizó gestiones ante el Juzgado Agrario en favor de la directora del Consejo.
“En caso de que se niegue a realizar esa investigación en el CTP, el suscrito no descarta realizar las gestiones necesarias ante otras autoridades administrativas y judiciales para verificar la realidad o no”, advirtió.
CTP PENDIENTE
Sobre la denuncia, de acuerdo con el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega Villalobos, este es un documento que no ha llegado a la institución y recalca que la empresa Ruta Ochenta y Tres AB, S.A está sometida en este momento a un procedimiento en el CTP ya que, aparte de otros incumplimientos, le debe a la Caja Costarricense de Seguro Social alrededor de ¢487 millones.
Vega subrayó además que, si la denuncia se presenta de manera oficial, se procederá a analizarla como corresponde.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Sábado 17 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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