Intromisiones indebidas y peligrosas en la justicia
DiÁLOGOS SOBRE JUSTICIA / Rolando Vega Robert* / Socio Fundador de Decálogo Abogados
Nunca antes como en los tiempos actuales, la independencia judicial en nuestro país se había visto tan seriamente amenazada de muy distintas formas.
La legitimidad democrática en un Estado de Derecho se sustenta sin lugar a dudas en la robustez del Poder Judicial. En el momento en que se tuerza esa columna vertebral del sistema, empezaremos a renquear y a dar tumbos hasta caernos en el camino sin poder predecir las graves consecuencias de los golpes que recibiríamos.
Cuando aludimos al tema de la independencia del Poder Judicial, es imprescindible identificar básicamente tres vertientes o componentes esenciales en las cuales se manifiesta: la funcional, la política y la económica.
En relación con la independencia funcional, el Poder Judicial debe garantizar que en el ejercicio de la función jurisdiccional, cada juez de la República, realmente pueda representar su único sometimiento a la Constitución y a las leyes. Se trata de una garantía para aspirar a un correcto funcionamiento de la justicia en cuanto a su debido cumplimiento según lo establece nuestra propia Carta Fundamental. Debemos partir de una premisa esencial: donde haya un juez de la República, esté donde esté, ahí está representado el Poder Judicial. Por esa razón, es muy necesario recordar que no es la Corte Plena ni los magistrados que la integran quienes encarnan la institucionalidad de ese poder de la República.
Otro de los elementos esenciales de la independencia judicial es el relacionado con la independencia política. Nuestra Constitución Política garantiza el principio de la división de poderes. Ello significa que sin dejar de concebir al Estado como uno solo junto a sus instituciones es indispensable diferenciar las responsabilidades y competencias de cada uno de los poderes entre sí para que no exista una invasión de funciones entre ellos. No debemos permitir que lleguemos ni a una politización de la justicia, ni a una judicialización de la política. Cada poder de la República debe estar en lo suyo, en lo que le es propio.
Finalmente, el tercer componente es aquel que está referido a la independencia económica del Poder Judicial que ha sido seriamente cuestionada en los últimos tiempos. Vale decir que en nuestro país, desde hace más de seis décadas, se constitucionalizó una norma que le garantiza a todo el aparato judicial, al menos un 6% anual del presupuesto ordinario del Estado. Es importante resaltar que en Costa Rica, a diferencia de todos los demás países, con ese presupuesto global debe cubrirse el funcionamiento de los tribunales de justicia, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, del Organismo de Investigación Judicial y de los demás órganos administrativos pertenecientes al Poder Judicial.
El modelo de independencia económica existente en nuestro país ha sido estudiado y replicado por muchos otros países que han podido también dejar atrás el condicionamiento del funcionamiento de la justicia a lo que disponga el Poder Ejecutivo mediante la asignación presupuestaria. Debe quedar muy claro que dentro de este contexto de la independencia económica, no estamos apadrinando políticas judiciales que puedan significar un desajuste desproporcionado e irrazonable en materia salarial o de otros posibles beneficios económicos injustificados frente al resto del Estado y sus instituciones.
Los tres componentes o ejes de la independencia judicial se complementan entre sí y deben ser garantizados como un todo en nuestro sistema democrático. Las dos primeras formas de independencia, la funcional y la política, se han visto seriamente amenazadas por algunos medios de prensa y algunos diputados desde la Asamblea Legislativa en los últimos tiempos.
No se trata de desconocer jamás el derecho a la libertad de prensa ni a la libertad de la información. Tampoco se trata de coartar el control político y democrático que los representantes del pueblo están obligados a realizar desde la Asamblea Legislativa. Esos son principios esenciales en una democracia igualmente importantes a los mismos que representa la misma independencia judicial. La crítica constructiva y el escrutinio de los asuntos públicos debe ser un ejercicio continuo y transparente a nivel de la opinión pública.
Lo realmente preocupante para la independencia de la justicia como valor y principio esencial de nuestro sistema democrático son las recurrentes intromisiones indebidas y sumamente peligrosas de algunos sectores de la prensa y de políticos que pretenden influir de forma directa en las decisiones de los jueces de la República. Eso bajo ningún concepto debemos permitirlo porque sería lesionar muy gravemente a la justicia de nuestro país y a nuestro sistema democrático de derecho.
Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos "Diálogos sobre Justicia".
*Exmagistrado de la Corte Suprema
de Justicia
Socio fundador de Decálogo Abogados
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PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Lunes 29 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Rolando Vega Robert / [email protected] / Facebook: dialogos sobre justicia
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