La Corporación Álvarez y Marín ignoró las múltiples señales de alerta con respecto a la “ilegalidad” del proyecto hotelero que pretende desarrollar en las cercanías de una reserva indígena en Panamá.
Esta es una de las consideraciones que emitió el Tribunal Arbitral de Inversiones del Banco Mundial, cuando decidió declararse carente de jurisdicción para resolver el caso.
La cita se extrae de una publicación de la revista Ciar Global, especializada en inversiones, la cual expuso ayer algunos de los alcances de la resolución internacional.
El arbitraje se llevaba a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el cual determinó que no procede pagar una indemnización de $100 millones a favor de Álvarez Desanti y sus socios.
El proceso lo empezaron la Corporación Álvarez y Marín y otros en abril de 2015 por la expropiación de un proyecto hotelero conocido como “El Cañaveral”, cuyo presidente es el exaspirante presidencial Antonio Álvarez Desanti.
El político invocaba la aplicación del Tratado Bilateral de Inversiones Holanda-Países Bajos y el Acuerdo de Libre Comercio América Central-Panamá. Alegó que Panamá expropió y no otorgó un trato justo ni equitativo a su inversión en un proyecto residencial y hotelero de ecoturismo multimillonario.
Sin embargo, el tribunal compuesto por Juan Fernández-Armesto (presidente), Horacio Grigera Naón (designado por el demandante) y Henri C. Álvarez, concluyó -con opinión disidente de Grigera Naón- que carecía de jurisdicción sobre la demanda, dado que los inversores habían violado la ley panameña.
El excandidato presidencial declaró anteriormente a DIARIO EXTRA: “Las tierras a nosotros nos las quitaron porque Panamá dice que están en otro lugar. Registralmente siguen siendo mías, pero no tenemos acceso a ellas, digo mías, pero es una empresa en la que participamos un grupo holandés, español y costarricense, yo no soy el único socio”.
¿POR UN PRECIO MENOR?
Álvarez Desanti difundió ayer un audio en el que dice que la resolución del Tribunal va más por el lado del precio de los terrenos y no tanto por la supuesta violación a la protección de tierras indígenas.
Del audio se extrae: “La mayoría del tribunal consideró que, al haberse establecido un precio menor, eso implica una violación desde la óptica del derecho internacional y, por lo tanto, nosotros perdemos la tutela de ir a un juicio internacional y debemos de reclamar nuestros derechos en Panamá. Nos sentimos muy contentos de que en Panamá hemos ganado tres de cuatro juicios”.
El exaspirante a la Presidencia explica que, según el voto de mayoría del Tribunal: “las personas que compraron las propiedades y luego nos las vendieron a nosotros habían puesto las escrituras por un valor diferente al precio realmente pagado”.
Desanti añade: “Ustedes saben que esta es una costumbre muy normal y que se ha aplicado durante muchos años en nuestros países que, cuando la gente compra una propiedad, va donde el notario y la declara por menos valor y eso hicieron las personas que habían comprado las propiedades y que después fueron vendidas a nosotros”.
Luego aclara que: “la venta que se nos hizo a nosotros fue el valor declarado, el valor real y pagamos todos los impuestos como corresponde”.
Sin embargo, en publicaciones anteriores Desanti había manifestado, con respecto, al caso que “Nada tiene que ver con impuestos y tampoco existe en este momento ninguna discusión sobre el pago de impuestos en Panamá. Esas transacciones se hicieron hace siete años y en esos siete años Panamá nunca ha ido a cobrarles a las personas que me vendieron porque declararan menos impuestos, tuvo siete años para cobrarles o demandarlos. Entonces me parece es un tema intimidatorio”.
El Diario del Pueblo intentó profundizar en la posición de Álvarez Desanti, pero no respondió a los mensajes enviados a su celular al cierre de la edición. Trascendió que se encuentra en París.
Este martes, y luego de que la resolución del Tribunal saliera por la prensa, el empresario emitió un comunicado en el que indica que la decisión los obliga a mantener el reclamo exclusivamente ante los Tribunales de la República de Panamá.
“Al día de hoy continuamos siendo los legítimos propietarios de las fincas y así consta ante el Registro Público. Por ello seguiremos adelante el reclamo de nuestros derechos en ese país”, agregó.
Señaló que hay cuatro procesos en el Primer Circuito Judicial de Panamá y tres se han resuelto a su favor. “Seguiremos adelante defendiendo nuestros derechos ante las arbitrariedades, ya que nuestras actuaciones siempre han sido correctas”, externó.
Este medio intentó conocer el criterio de la ministra de Economía y Finanzas de Panamá, Eyda Varela, pero indicaron en su despacho que hasta hoy podría emitir una respuesta.
“YO LO DENUNCIÉ EN
CAMPAÑA POLÍTICA”
El abogado penalista Juan Diego Castro fue uno de los primeros en pronunciarse con respecto a la resolución, una vez que trascendió a la luz pública.
“Este asunto es muy grave. Yo lo denuncié en la campaña política, señalé el peligro que era para Costa Rica que Antonio Álvarez Desanti demandara a un gobierno de un país no solo amigo, sino vecino, y por $100 millones”, aseveró.
Según Castro, el caso se las trae, porque hubo tierras que fueron compradas en sumas irrisorias, y después se convirtieron en un negocio de mucho valor.
“Me llama la atención que no se divulgue el fallo completo. Él era diputado cuando hizo esas demandas, y aspirante perdedor a la Presidencia de la República. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que oculta?”, replicó Castro.
Manifestó que “si Álvarez y Marín podían comprar tierras protegidas es como validar la venta de una reserva indígena o un parque nacional. Esos terrenos son protegidos, tanto los humedales como las zonas indígenas”.
¿QUÉ ES EL “PROYECTO CAÑAVERAL”?
El conflicto Álvarez y Marín Corporación contra Panamá se originó debido a la explotación turística conocida como “Proyecto Cañaveral” en la comarca Ngöbe-Buglé, creada en 1997 por Panamá para promover el bienestar de las comunidades indígenas del Distrito de Kusapín y crear una zona de desarrollo turístico sostenible, otorgando a empresas privadas la posibilidad de invertir en la región.
Los demandantes, a través de la sociedad Decsa, adquirieron una serie de fincas en 2010. En 2013, una cadena hotelera (Six Senses) entró a participar en el proyecto a través de una serie de acuerdos con Decsa. Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) emitió un informe en el que ubicaba dos fincas fuera de la Comarca, por lo que los demandantes denunciaron expropiación, falta de trato justo y equitativo, así como de protección y seguridad plenas.
“Cañaveral” está localizado en el litoral caribeño de Panamá, que se extiende en 700 hectáreas de propiedad y 12 kilómetro de playas. Fuente: Ciar Global
Juan Diego Castro
Exaspirante
presidencial y abogado
“Me llama la atención que no se divulgue el fallo completo. Él era diputado cuando hizo esas demandas, y aspirante perdedor a la Presidencia de la República. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que oculta?”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Miércoles 17 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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