La Defensoría de los Habitantes envió una nota a los jerarcas de instituciones públicas que dan servicios esenciales para que remitan un informe con el detalle de las previsiones que tomaron para garantizar la prestación de los servicios públicos a la población, ante el llamado a huelga nacional convocada por los sindicatos para el próximo lunes 10 de setiembre.
Juan Manuel Cordero, defensor a.i. de los Habitantes, sostuvo que la solicitud pretende garantizar los derechos humanos y esenciales de la población, para que los ciudadanos no se vean afectados por el movimiento de protesta.
Dicha nota la envió esta entidad el jueves a los jerarcas de las distintas instituciones que dan servicios esenciales, con un plazo de 24 horas para que presenten los planes aprobados mediante los que se busca garantizar la continuidad de los servicios en las áreas consideradas esenciales.
“Con las nuevas disposiciones contenidas en el Código Procesal Laboral, el Estado deberá tomar las previsiones correspondientes en aras de que los servicios no se vean interrumpidos en protección de poblaciones como la adulta mayor, los menores de edad y de las personas que se trasladan a sus centros de trabajo”, apuntó Cordero.
Recalcó que es una obligación del Estado garantizar los servicios y, aun cuando admitió que la huelga es un derecho fundamental, reconocido así por la ley, recordó que es prohibida en servicios esenciales.
Se solicitó remitir los planes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
A estas entidades se suman los Ministerios de Salud, el de Justicia y Paz y el de Obras Públicas y Transportes (MOPT); además del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu); la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), así como Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai).
“La Defensoría de los Habitantes, como institución nacional de derechos humanos, estará vigilante de las acciones emprendidas para resguardar la vida, seguridad y salud de la población. Hacemos un llamado a la población para que denuncie cualquier tipo de violación de sus derechos esenciales, como por ejemplo el de la vida, salud, integridad y dignidad”, reafirmó Cordero.
Al mismo tiempo, declaró: “el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales también está sujeto a los controles y parámetros establecidos por la misma jurisprudencia y cuerpos normativos, por lo que la Defensoría también se mantendrá vigilante que estas disposiciones se cumplan en aras del sostenimiento a la paz social”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Archivo
EMAIL: [email protected]
Viernes 07 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA